Queda menos de un mes para que la primera de las autopistas de peaje gestionadas, hasta ahora, por concesionarias privadas comience a pasar a manos del Estado. Pese a la urgencia del calendario, sigue sin estar definido cómo será el modelo de financiación de estas vías cuando pasen a estar administradas directamente por el Ministerio de Fomento. Y las empresas aún tienen dudas sobre si se ha despejado, o no, la ecuación de que sean sometidas a un nuevo concurso para financiarlas y evitar cargar el coste en las Arcas Públicas.
La primera será la la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), pero la que más expectativas genera es la AP-7, actualmente en manos de Abertis, la compañía ya controlada por la española ACS y la italiana Atlantia. Si nada cambia, perderán en enero de 2020 uno de sus activos más relevantes en mercado ibérico. La vía de una nueva licitación sigue sobrevolando, aunque el Ministerio de Fomento se comprometió a eliminar los peajes en el momento que acabe su concesión.
En ese escenario hipotético de vuelta a la gestión privada, la opción de Abertis volvería así a estar en el radar. Sin embargo, la alternativa de devolver el contrato a la concesionaria no es sencilla por los problemas que está viviendo Atlantia en su mercado doméstico, tras el derrumbe en agosto del puente de Génova, gestionado por la compañía controlada por la familia Benetton.
El cambio de papeles en el Congreso
El ministerio encabezado por José Luis Ábalos se comprometió el pasado verano a eliminar los peajes cuando concluyan las concesiones. A la AP-1, gestionada por Itínere, le toca este 30 de noviembre; a la AP-7 entre Alicante y Tarragona, el 31 de diciembre de 2019; y, ese mismo día a la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que también está en manos de Abertis. Sin embargo, la gratuidad no puede darse por hecha al 100%.
El Ejecutivo se retrató el pasado martes en el Congreso de los Diputados. El pleno aprobó una moción presentada por Compromís que perseguía garantizar la gratuidad de la AP-7 a partir de enero del 2020. La propuesta de la formación valenciana contó con el respaldo del Grupo Popular, de Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra. En cambio, se topó con las abstenciones de PNV y del PSOE.
De fondo, el problema de la financiación porque la Generalitat Valenciana, encabezada por el socialista Ximo Puig, también se posiciona a favor de la gratuidad de la vía. En esta situación, Fomento es consciente de que tiene que abrirse un debate de fondo, sobre cómo financiar estas infraestructuras, y que una de las opciones es tender la mano a las compañías. Es decir, plantear un modelo a medio y largo plazo, con respaldo social, político y de los sectores implicados. Algo que, en el actual escenario de minorías parlamentarias, no parece fácil.
Las grietas de Abertis
La toma de control de Abertis por ACS y Atlantia está en su fase final pero aún quedan cabos sueltos. El último paso finalizado ha sido la creación de Abertis Holdco, la sociedad con la que las controlarán su capital, en concreto, el 98,7% del accionariado de la concesionaria de autopistas, porque aún queda ese mínimo capital por vender en manos de los minoritarios que no acudieron a la opa.
Sobre el papel, Atlantia tiene el control Abertis Holdco, porque es dueña del 50% más una acción. El resto se lo reparten entre ACS y su filial alemana Hochtief, la sociedad que ha servido como vehículo para canalizar la compra y donde, además, Atlantia se ha convertido en accionista de referencia, con un 24% del accionariado.
Ese reparto de cartas ya está realizado, pero la toma de control formal a través de un nuevo equipo directivo aún está pendiente, entre otros aspectos, por la situación que vive Atlantia en Italia. La tragedia de Génova ha puesto en duda la continuidad de sus concesiones y ha dejado en entredicho el papel de Giovanni Castelluci como consejero delegado de Atlantia y hombre fuerte de la nueva Abertis.
A ACS se corresponde la elección del presidente no ejecutivo de Abertis, que ocupa Marcelino Fernández Verdes, mano derecha de Florentino Pérez y su sucesor al frente de la constructora. Mientras, Atlantia se reservó la capacidad de nombrar al consejero delegado de la nueva compañía, a su director financiero y al secretario general de su consejo de administración. Pasos que aún están pendientes.
Y, al margen de cómo se construya la nueva dirección de Abertis, queda otro asunto pendiente que la multinacional tendrá que resolver con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La concesionaria cifra en 2.603 millones de euros el importe que el Estado le adeuda por las inversiones y los descuentos en los peajes que ha realizado en la AP-7 durante los últimos años. En concreto, más de 835 millones por obras de mejora de la vía y otros 1.767 como compensación por los descuentos en los volúmenes de tráfico. Y tendrán que sentarse a negociar, porque el pago de esos importes por el Ministerio de Fomento tiene que realizarse a partir de 2021, cuando ya esté concluida la concesión actual.
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