Prisa e Indra han pactado para cerrar una disputa millonaria que les ha llevado en los últimos meses a los tribunales. Se trataba de un acuerdo firmado en 2009, para la externalización del servicio de gestión de tecnologías de la información y el desarrollo de proyectos de I+D+i. Un contrato que, en el momento de su firma, se valoró en 267 millones de euros y que acabó en los tribunales durante 2016. Un escenario especialmente incómodo para el presidente de la tecnológica, Fernando Abril-Martorell, en tanto fue primer ejecutivo del grupo de medios.
Según explica Prisa en su Informe Anual, remitido a la CNMV, a finales del pasado año, el 27 de noviembre, ambas partes decidieron resolver la "controversia existente", con un acuerdo transaccional, del que no da más detalles. Sí indica, en cambio, que "ambas partes han desistido en sus respectivas demandas".
Se cierra una puerta y abre otra, porque Prisa explica que ha pactado un nuevo contrato con Indra. Eso sí, mucho menos relevante en cuanto al importe se refiere. La editora de 'El País' indica que ha sustituido el acuerdo firmado en diciembre de 2009, que formalmente acabó el 31 de diciembre del pasado año, por un nuevo contrato de prestación de servicios. Esta vez, el contrato tendrá una duración de cinco años y está valorado en 46,9 millones de euros.
Los motivos del desencuentro
La disparidad de criterios quedó plasmada en el informe de 2016. En él, el grupo de medios de comunicación señaló que Indra intentó resolver unilateralmente el contrato. Prisa alegó que no existió "incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en él" por la compañía actualmente presidida por Manuel Polanco. "Ni tampoco incumplimiento alguno que frustre la finalidad del mismo", adujo. Y acudió a los tribunales.
En esta línea, en julio de 2016, el grupo de medios planteó una demanda de medidas cautelares para "prohibir" a Indra "interrumpir o cesar el cumplimiento de sus obligaciones en el contrato", hasta el 31 de diciembre de 2017. El juzgado aceptó las medidas cautelares y el proceso entró en una nueva fase. Esta vez por la vía ordinaria y con un cruce de demandas entre las compañías.
Por su parte, Indra instó que se declarase "bien hecha la resolución extrajudicial del contrato" declarada por la tecnológica el 25 de mayo de 2016. Pedía que se condenara a la firma de los Polanco y se determinara "que han existido otros incumplimientos contractuales de Prisa", a la que reclamaba 49,9 millones de euros. Ahora, tras el acuerdo del pasado noviembre, la disputa queda zanjada.
Disparidad con Hacienda
La controversia con Indra no es el único fleco suelto de Prisa. La dueña de la Cadena Ser apunta que, en el ejercicio 2017, la Agencia Tributaria ha "iniciado actuaciones inspectoras en el grupo". Revisa el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2012 a 2015. También el IVA, Retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del trabajo y profesional, así como de retenciones a cuenta de la imposición de no residentes del periodo comprendido entre 2013 y 2015.
Un proceso que, junto a otros actualmente en marcha, ha llevado a Prisa a contar con una "provisión para impuestos" de 16,2 millones de euros "para hacer frente al impacto de los potenciales pronunciamientos desfavorables estimados en los diferentes procedimientos tributarios", indica en la memoria remitida a la CNMV.
No es algo nuevo, Prisa da detalle de las actuaciones inspectoras realizadas desde el año 2006. Algunas de ellas han acabado decidiéndose en la Audiencia Nacional y la compañía ha tenido que ir realizando provisiones para hacer frente a las mismas. Por ejemplo, en 2016 finalizaron actuaciones inspectoras que concluyeron, por un lado, con la firma de un acta en conformidad, relativa al IVA, por importe de 512.000 euros. Por otra, en disconformidad, por importe de 7,78 millones, que recurrió al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). También firmó en disconformidad un acta por el Impuesto de Sociedades entre 2009 y 2011, de 4,77 millones, que también ha reclamado ante el TEAC.
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