El proxy europeo ECGS-asesor de voto- cuyo representante en España es Corporance, ha puesto la lupa, el dedo y una propuesta de voto negativa a tres de los puntos del orden del día de la junta de accionistas de Naturgy que se celebra esta semana. El asesor se opone a la política de remuneración de los consejeros, rechaza "la elevada" remuneración del presidente y consejero delegado Francisco Reynés -4,5 millones en 2020-y cuestiona también la propuesta de 1,44 euros por acción como dividendo ante las pérdidas de 347 millones registradas en el ejercicio. ECGS no valora la oferta parcial de compra lanzada por el fondo australiano IFM sobre el 22,8% de Naturgy. La operación no está incluida en el orden del día de la junta.
El informe de ECGS ante una reunión de accionistas que está marcada por la OPA, no cuestiona la gestión de Reynés. Tampoco pone inconvenientes a las cuentas formuladas de un año convulso en el que la compañía ha tenido que ajustar una vez más el valor de sus activos en 1.363 millones de euros. Pero percibe excesiva prisa y atención al corto plazo en las decisiones aprobadas por la docena de consejeros (42% independientes) de la compañía. Así lo manifiesta en cada uno de las recomendaciones negativas.
En lo que se refiere al pago de dividendo, el informe recomienda posponer las decisiones para evitar problemas de liquidez y riesgos financieros. Más teniendo en cuenta "la disminución de los ingresos (26%) y del flujo de caja libre (10,7%), así como una pérdida neta consolidada de 347 millones de euros". Por ello, sugiere revisar el dividendo de 2020. Hasta la OPA de IFM, los planes de Reynés, bien conocidos por los analistas y los accionistas principales- los fondos CVC y GIP que suman el 40% de las acciones y Caixa (24,8%)- pasaban por pagar un dividendo de 1,51 euros en 2021 y de 1,59 euros en 2022.
Visión a corto plazo
La falta de atención al largo plazo también forma parte de las críticas a la retribución de Reynés y del consejo. En el caso del presidente, Corporance remarca que su retribución fija "es sustancialmente superior a la media de las empresas del sector europeas y de las grandes cotizadas españolas". Lamenta, además "que la remuneración variable dependa más de resultados a corto que a largo plazo".
Reynés cobró el pasado año 4,5 millones, un 8% menos que en 2019, según el informe anual de retribuciones remitido a la CNMV. Por encima de ejecutivos como José Bogas (Endesa, 2,8 millones), pero por debajo de las cantidades percibidas por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (12 millones) o el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales (35 millones por salarios e incentivos de seis años).
Del total cobrado por Reynés, 1,1 millones correspondieron al sueldo como presidente del consejo, mientras que 960.000 euros los recibió por sus funciones ejecutivas. El total incluyó también otros 2,33 millones por sistemas de ahorro -retribución variable anual devengada- y otros 61.000 euros por otros conceptos. Sobre la retribución variable de presidente y consejeros, ECGS explica que "depende más de los resultados a corto -54%- que a largo plazo". Con un añadido. "Carece de claridad en los objetivos ASG [criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo]" añade.
Naturgy celebra junta con la opa de IFM en trámite y un plan estratégico ya perfilado que no se presentará hasta que se concrete lo que sucede con la oferta. IFM solicitó hace un mes formalmente a la CNMV la autorización de la opa parcial sobre el 22,7% del capital de la empresa. El Gobierno tiene hasta seis meses de plazo para decidir sobre una operación en el sector energético, estratégico, presentada por un inversor extracomunitario, aunque a través de un vehículo inversor constituido en la UE.
Con la sartén por el mango
El Gobierno tiene la sartén por el mango. La posibilidad de vender empresas españolas está limitada desde marzo de 2020 por el Real Decreto 436/2020, de 14 de marzo, y por el RDL 34/2020 de 17 de noviembre, que extiende la limitación también a los inversores europeos. Los decretos han reinstaurado el control del Ejecutivo sobre todas aquellas operaciones corporativas que pretendan hacerse con más de un 10% del capital de las empresas españolas consideradas estratégicas. Naturgy lo es. Su relación con la empresa estatal argelina Sonatrach (accionista de la compañía con el 3,85%), sus contratos de suministro de gas y su posición en el gasoducto Medgaz (49%) le dan esa consideración.
A falta de que el proceso de opa decante los cambios en el accionariado y en la dirección, Naturgy está obligada a mover ficha. El declive económico de las nucleares, la depreciación de las infraestructuras gasistas, la desaparición del carbón y la pérdida de valor de los activos petroleros empujan a todas las empresas, Naturgy incluida, a sustituir los viejos activos por otros nuevos a través de inversiones y operaciones corporativas.
El plan de Reynés todavía consiste en poner dinero en países estables, con monedas fuertes y economías estables. Menos América Latina y más EE UU para aportar tranquilidad a los inversores. La oferta de IFM ha roto, al menos en el presente, esa tranquilidad. Y los cuatro consejeros de CVC y GIP, los grandes accionistas que apoyan la oferta australiana, van a tener más tiempo para decidir si los planes esbozados por el actual equipo directivo son la hoja de ruta más conveniente para lograr su principal objetivo: beneficios.
