El Gobierno busca la vía para tener el poder de disolver la CNMC y la CNMV

El Gobierno ha dejado una puerta abierta para eliminar los grandes organismos de supervisión económica. La propuesta del PSOE y Más País para estrechar el cerco a entidades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los servicios de defensa de Competencia o la propia Airef ha provocado un enorme revuelo en todo el arco parlamentario con un largo listado de enmiendas por parte de una mayoría de formaciones políticas, incluyendo algunos de los socios de la investidura de Pedro Sánchez. 

El texto de la discordia es el relativo a la extensa capacidad de poderes que el Gobierno podría tener a fin de controlar y vigilar este tipo de organismos. En concreto y tal como reza la propuesta, se contempla la posibilidad de que "la decisión de su continuidad" no sea ajena al poder Ejecutivo, que "debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo". 

La consideración apunta a los actualmente siete organismos independientes al Gobierno, como son principalmente el regulador bursátil CNMV  y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Completan este listado el Consejo de Seguridad Nuclear (CNE), la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef),  el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

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El texto, que hasta el momento tiene un sentido programático y carece de valor jurídico, recibió a finales de la pasada semana las enmiendas de los principales partidos del arco parlamentario, a excepción de Unidas Podemos, que no presentó ninguna. Entre ellas están las que presenta Esquerra Republicana de Catalunya, que no comulga con el 100% del espíritu de las propuestas de Más País y PSOE. Pese a reconocer que el papel de los organismos independientes ha estado en los últimos años en entredicho, en una de sus cinco enmiendas reconoce que "existen argumentos poderosos en favor de la existencia de administraciones independientes". 

Tampoco existe una clara posición entre qué entidades independientes deberían estar bajo estas labores de vigilancia y control del Ejecutivo. Más País y PSOE se distancian sobre la posibilidad de que el Banco de España se englobe en este listado. El partido socialista menciona expresamente a las siete entidades que actualmente figuran como "autoridad administrativa independiente" -el banco central es calificada como "otra entidad del Derecho Público"-, pero la formación de Íñigo Errejón sí abre la puerta a que pueda hacerlo, según se desprende de las distintas enmiendas presentadas. 

Críticas y debate

No han faltado las críticas de la oposición. Fuentes del Partido Popular ven muy peligroso el espíritu del texto, que lo interpretan como un mensaje letal para los mercados y su confianza. Además, recuerdan que llega en un momento crucial por la recepción de los fondos europeos Next Generation, ligados a la supervisión de la Comisión Europea. En esencia, consideran que Más País y el Partido Socialista buscan sin ranzón la deslegitimación de unos organismos autónomos que han demostrado desde hace años ser necesarios en su ejercicio de independencia. "Si el Gobierno tiene capacidad de extinguir organismos, cuya legitimidad deriva de las Cortes Generales, nos quedaríamos sin división de poderes", añaden las fuentes consultadas.

Queda por ver el recorrido y la evolución del texto. Sobre la propuesta base empezarán a trabajar los grupos a partir de este miércoles. Su contenido se debate tras recibir a 21 comparecientes en la conocida como Comisión Anticorrupción del Congreso de los Diputados, dividida ahora en dos subcomisiones: una dirigida a reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y otra vinculada a la protección de los denunciantes de casos de corrupción.