El proyecto de la multinacional australiana está en el aire

PSOE y Podemos debaten esta semana el futuro de la mina de uranio de Berkeley

La formación de Pablo Iglesias impulsa una enmienda al proyecto de Ley de Cambio Climático para prohibir la extracción del mineral en Retortillo (Salamanca).

Berkeley Energía se prepara para sacar uranio en Salamanca
Berkeley Energía se prepara para sacar uranio en Salamanca
Berkeley

Semana decisiva para el polémico proyecto minero del grupo australiano Berkeley en Salamanca. Los grupos parlamentarios de los socios de coalición PSOE y Unidas Podemos estudiarán la presentación de una enmienda pactada al proyecto de Ley de Cambio Climático para prohibir la extracción de mineral de uranio en España. Si sale adelante, la enmienda será presentada al Gobierno en una reunión prevista con los grupos en los próximos días. La negociación se produce cuando ha vencido la autorización de emplazamiento que el Gobierno del PP concedió a la multinacional en 2015 sin que el Ministerio de Transición Ecológica se haya pronunciado sobre la posible prórroga,  que cuenta con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El asunto es delicado. Unidas Podemos defiende que la futura Ley de Cambio Climático prohíba la minería del uranio, además del fracking y de la concesión de explotaciones de hidrocarburos como ya recoge el borrador de la norma. Para ello, quiere introducir una enmienda al proyecto de ley. El tiempo es ajustado. El periodo de enmiendas acaba el día 29 de este mes y el acuerdo con el PSOE tiene que estar cerrado antes de esa fecha para que la enmienda pueda prosperar.

Todas las partes implicadas se tientan la ropa. La formación de Pablo Iglesias no da detalles sobre los contactos con el PSOE y con el Gobierno. Las fuentes consultadas en la formación se limitan a recordar que su portavoz en materia de Medio Ambiente, Juantxo López de Uralde, siempre ha defendido que no tiene sentido autorizar la extracción de mineral de uranio en España mientras se lleva a cabo el cierre planificado y pactado de las instalaciones nucleares del país. 

Nueva planta

Tampoco el Ministerio de Transición Ecológica da detalles sobre los próximos movimientos. El departamento que dirige Teresa Ribera se limita a señalar que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está elaborando un informe sobre la construcción de la planta de procesamiento de mineral solicitada por Berkeley que será clave para que el Gobierno tome una decisión sobre el futuro de la mina. El ministerio quiere tener todo el expediente del CSN referido a la minera australiana antes de tomar una decisión sobre el proyecto.

En estos momentos, la situación administrativa de la mina es dudosa. Las actas que recogen las deliberaciones del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación de la autorización previa concedida en 2015 revelan que la autorización expiró el pasado día 17 al haber transcurrido cinco años desde que se aprobó la orden (Orden IET/1944/2015) que dio cobertura al proyecto. En estos momentos, la mina está, de hecho, en un limbo jurídico.

La incertidumbre llega también desde el ámbito judicial. El Tribunal Supremo tiene que decidir todavía si respalda o corrige la decisión de la Audiencia Nacional de octubre del pasado año que rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por ecologistas y verdes de Salamanca contra la autorización concedida en 2015 a Berkeley. Fue la propia Audiencia la que, a la vista de los recursos interpuestos por los ecologistas,  planteó el caso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El Supremo ha trasladado el caso en al menos tres ocasiones entre distintas secciones, la última en julio pasado. La decisión sigue pendiente.

Una mayoría en contra

El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde hace dos años en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado en los últimos años.

Berkeley ha conseguido armar un escudo de autorizaciones efectivo. Su plan no sólo consiste en extraer uranio en Retortillo (Salamanca). En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.

El Gobierno se tienta la ropa en la toma de decisiones porque la multinacional ya  demostró en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.

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