Enmiendas a la Ley del Clima

PSOE y Podemos pactan la prohibición en España de la minería del uranio

La iniciativa impulsada por la formación de Pablo Iglesias compromete el futuro del proyecto de la minera australiana Berkeley en Salamanca.

PSOE y Podemos debaten esta semana el futuro de la mina de uranio de Berkeley
PSOE y Podemos han debatido durante meses el futuro de la mina de uranio de Berkeley
Berkeley

El PSOE y Unidas Podemos han acordado prohibir la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos en España. La medida forma parte de una enmienda al proyecto de Ley del Clima que se tramita en el Congreso y es fruto de meses de debate entre ambas formaciones. La iniciativa, presentada en el último día de presentación de enmiendas pone en cuestión el polémico proyecto de la minera australiana Berkeley en Retortillo, Salamanca.

La enmienda, impulsada por Unidas Podemos recoge que "queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos tal y como se definen en  la Ley 25/1964 de 29 de abril, sobre energía nuclear cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo elterritorio nacional. Se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales  minerales".

La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización de Berkele. Así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Polémica de diez años

Si la enmienda se mantiene puede ser el fin de la mina de uranio proyectada por la multinacional Berkeley en Salamanca y que arrastra polémica desde hace diez años. La minera ha logrado que el Consejo de Seguridad Nuclear prorrogara el permiso de instalación provisional el Gobierno de Mariano Rajoy le dio en el año 2015. Pero tiene pendiente la autorización para levantar la planta de procesamiento de mineral proyectada. Con la  enmienda pactada, el procedimiento de nuevas autorizaciones quedaría paralizado.

Queda por ver la reacción de la multinacional australiana. . Su plan para extraer mineral tiene más de diez años y su efecto más concreto han sido  los rallies periódicos que protagoniza en la Bolsa cada vez que se mueve un papel en los despachos. Pese al recelo del Gobierno y a la oposición de la mayoría de los partidos políticos con representación el Congreso, Berkeley ha conseguido armar un cepo legal que ha impedido, al menos hasta hoy, que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, el mismo que ha conseguido un pacto para cerrar todas las nucleares en 2035, de todos los pasos necesarios para clausurar el proyecto.

Berkeley ha conseguido armar un escudo de autorizaciones efectivo. Su plan no sólo consiste en extraer uranio en Retortillo (Salamanca). En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.

Una maraña de permisos

La minera australiana se mueve bien entre la maraña de permisos. Su primera baza fue la autorización previa de emplazamiento que obtuvo en 2015 del ministerio de Industria y Energía que dirigía José Manuel Soria (PP). El permiso era por cinco años. Berkeley estuvo atenta. En 2019, un año antes, solicitó la prórroga de la autorización al Ministerio de Transición, que trasladó el caso para informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo que preside Josep María Serena ha informado favorablemente la prórroga. La razón, explican fuentes al tanto del proceso, es que el Consejo no podía oponerse porque en cinco años, ninguna de las condiciones impuestas en 2015 ha variado. Una negativa del CSN hubiera desembocado en un pleito seguro.

Berkeley ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.

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