PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir una nueva enmienda al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para revisar en dos años los objetivos de reducción de emisiones previstos en la norma, un 23% de recorte en 2030 respecto a 1990. La propuesta de los socios de Gobierno se debatirá en la Comisión de Transición Energética del Congreso tras el paréntesis de Semana Santa. La revisión de objetivos, según destaca el presidente de la Comisión de Transición Juan López de Uralde (UP) "está en línea" con los compromisos del Acuerdo de París.
El pacto de PSOE y UP intenta salir al paso de las críticas lanzadas por las organizaci0nes ecologistas contra el proyecto de ley por su escasa ambición. Organizaciones como Greenpeace, Equo o la Fundación Renovables han reclamado más decisión al Gobierno. En su opinión, el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 planteado en la nueva ley no está alineado con las recomendaciones científicas para no superar 1,5 grados las temperaturas globales y evitar así los peores impactos del cambio climático.
Según Naciones Unidas, las emisiones deberían reducirse un 7,6% entre 2020 y 2030, pero la ley española –añaden– plantean poco mas de un 3% anual en el mismo periodo. En consecuencia, piden elevar la reducción al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040. Entre otros puntos, reclaman que el texto incluya la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial.
Un fondo polémico
El pacto de PSOE y Unidas Podemos para revisar en 2023 los objetivos de recortes de emisiones se produce en plena polémica por la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que distribuirá los costes de financiación de las renovables entre todas las compañías energéticas -no sólo las eléctricas- y encarecerá los carburantres y el gas. Las negociaciones para aprobar el anteproyecto del Fondo discurren en paralelo a las de la Ley del Clima. Para partidos como el PNV -que tumbó la propuesta de elevar el impuesto al diésel en los Presupuestos Generales- el debate sobre las dos normas es especialmente importante.
El proyecto de Ley del Clima prohíbe, entre otras actividades, la exploración de hidrocarburos en todo el país. El PNV y el Gobierno Vasco -a través del EVE y de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa)- han defendido los trabajos de exploración de una bolsa de gas en Subijana (Álava) que quedarán paralizados una vez se apruebe la ley. Al tiempo, el PNV negocia con el Gobierno el apoyo al fondo eléctrico que puede encarecer los combustibles y abaratar hasta un 13% el recibo de la luz en cinco años.
Los caminos de la negociación se cruzan en medio de una fuerte polémica. El presidente de la petrolera Repsol, Antonio Bufau, cargó en la junta de accionistas celebrada la pasada semana contra los planes de la vicepresidenta Teresa Ribera. Según Brufau, la vicepresidenta Teresa Ribera“prioriza, sin razón ambiental alguna, la electricidad sobre otras alternativas renovables” al confundir descarbonización con electrificación “un error" dijo "muchas veces interesado, que da las señales erróneas y nos puede condenar al fracaso”. Repsol tiene una importante presencia en el País Vasco a través de Petronor. Su timón está en manos del consejero delegado Josu Jon Imaz, que presidió el PNV entre 2004 y 2007.
Repsol, Cepsa y Naturgy
Los planes del Gobierno para descarbonizar, financiar las renovables y recortar las emisiones afectan a todas las empresas. Pero especialmente , al millar que comercializa productos energéticos. Las más afectadas por la nueva distribución de cargas para apoyar el despliegue renovable son Repsol, Cepsa y la gasista Naturgy. Por ventas, son las que tendrán que asumir la parte más importante del nuevo fondo, en línea con lo que ya ocurre con el controvertido Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Las empresas gasistas como Naturgy han presentado alegaciones y han trasladado sus argumentos al Consejo de Estado. Esperaban el traslado de costes desde el recibo eléctrico a los presupuestos generales, una vieja reclamación de las compañías eléctricas, pero no un reparto de cargas entre comercializadoras que penaliza al sector del gas, que en su opinión, ha hecho un gran esfuerzo inversor para actuar como respaldo de las energías renovables. El proyecto de Ley del Clima que se va a votar en el Congreso tras las vacaciones de Semana Santa cuenta en principio con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Teruel Existe y Bildu. PSOE y Unidas Podemos no descartan que se puedan incorporar al acuerdo otros partidos.
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