Hasta mediados de febrero

Pulso abierto por presidir la AEPD: del círculo valenciano a los ex Cuatrecasas

Catorce abogados con experiencia en materia de protección de datos defenderán méritos en un concurso que, según sospechan algunos aspirantes, acabará siendo recurrido.

Fachada de la sede que ocupa la AEPD en la calle Jorge Juan (Madrid9
Fachada de la sede que ocupa la AEPD en la calle Jorge Juan (Madrid)

La pugna por renovar la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) queda inaugurada. Un proceso del que debería salir elegidas la nueva presidencia y adjuntía de la autoridad pública responsable de velar por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía, pero que viene marcado por la polémica desde su origen. Antes incluso de su tramitación, ya que el concurso para cubrir ambas responsabilidades se convocó tras conocerse el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para renovar algunos órganos judiciales, entre ellos la propia AEPD.

Mientras que los socialistas propusieron a Belén Cardona para el cargo de presidenta, desde el Partido Popular plantearon impulsar a Borja Adsuara como adjunto. Pero dos meses después de que estos nombres saltaran a la palestra, el proceso selectivo -que se prolongará hasta mediados de febrero porque en enero no se reúne la comisión de Justicia del Congreso- no puede darse ni mucho menos por decidido. Menos aún después de que el comité de selección haya aprobado la lista definitiva de los candidatos admitidos. De los quince profesionales que presentaron credenciales, tan sólo se ha excluido una candidatura. Se trata de Guillermo Escobar Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, que ha resultado apeado del concurso por no subsanar un defecto formal en su solicitud.

Así pues, el listado queda compuesto por catorce candidatos, según consta en la documentación consultada por este medio. La mayoría de ellos dieron el paso adelante tras conocerse el acuerdo político. Cabe destacar la presencia de varios abogados vinculados al entorno de la Generalitat Valenciana, como la propia Belén Cardona, actual secretaria de la Conselleria de Justicia, que llegó a comunicar su despedida dentro del Ejecutivo regional cuando se dio por hecha su designación al frente del organismo. 

La mayoría de candidatos dieron el paso tras conocerse el acuerdo político

Completan este "círculo valenciano" Ana María Marzo, socia de Equipo Marzo especializada en protección de datos, y Ricard Martínez, profesor y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Este último, además de presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), llegó a ser en su día el responsable del área de Estudios y Documentación de la AEPD. Fuentes cercanas al proceso de selección relacionan a algunos de estos candidatos, que tienen perfiles dispares, con Artemi Rallo, quien fuera director de la agencia entre 2007 y 2011 y actualmente senador del PSOE por la Comunidad Valenciana. Las voces consultadas señalan que el grado de implicación de Rallo en el concurso está siendo bastante activo.

Entre los candidatos que optan a la presidencia también figuran dos antiguos pesos pesados del despacho Cuatrecasas. Por un lado está Javier Aparicio, abogado del Estado en excedencia, profesor universitario y socio de la consultora finReg360, quien en su día fue socio de cuota de la firma, de la que salió en 2015. Por el otro se encuentra Javier Fernández-Samaniego, director general de Samaniego Law y exsocio director de Bird & Bird España, responsable a finales de los noventa del departamento de derecho de Tecnología y Protección de Datos de Cuatrecasas.

Si bien hace años que ambos rompieron lazo con el despacho -Samaniego salió hace veinte años para unirse a Linklaters, que abría en ese momento en España- el simple hecho de que hayan decidido dar un paso adelante y concurrir al procedimiento ha llamado la atención entre el resto de aspirantes, toda vez que Cani Fernández, socia en excedencia de Cuatrecasas con más de 25 años de experiencia en materia de competencia, ocupa en la actualidad la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). No obstante, otro de los juristas con reconocido prestigio en la materia que participan en la carrera por la presidencia y ya pasó anteriormente por la AEPD es Leonardo Cervera Navas, al frente del supervisor de protección de datos europeo en Bruselas.

La relación de nombres la completan José Ignacio González, delegado de protección de datos (DPO) del Parlamento de Andalucía (que se presenta a presidencia y adjuntía); Pilar Aránzazu Herráez, funcionaria y DPO del Ayuntamiento de Getafe; Cristina Blasi, profesora universitaria; Emilio del Val, exsubdirector general de inspección de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid; Silvia Esteve, abogada; Olga Martínez, abogada y CEO de Applicalia; Miguel Ortego, abogado y socio director de Ortego Legal; y Borja Adsuara, abogado, consultor y doctor en Filosofía del Derecho.

Posibilidades de acabar en los tribunales

De entre todos ellos saldrá el sustituto de Mar España, actual presidenta del organismo, que lleva más de un año con el cargo vencido. Al margen de los méritos profesionales que defiendan, algún potencial aspirante deja caer en conversaciones con este medio sus dudas acerca del resultado del concurso. Precisamente por las distintas controversias que lo rodean. Hasta el punto de augurar que, si no se resuelve desde la actuación de la comisión de Justicia, que deberá aprobar a los candidatos propuestos por una mayoría de tres quintos, tiene muchos visos de acabar siendo recurrido ante la justicia

A las críticas que surgen desde el entorno del proceso, la mayoría en relación a la supuesta discrecionalidad con la que se está llevando, cabe sumar el recurso de forma presentado por la Fundación Hay Derecho contra dicha convocatoria. Básicamente por posibles irregularidades entre la Orden Ministerial y lo que exige tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como los estatutos de la propia agencia. 

En este sentido, la fundación llama la atención sobre que las bases del concurso limiten a dos años la experiencia profesional necesaria en el ámbito de la protección de datos, muy por debajo de lo que es habitual en otros puestos de similar relevancia en el Gobierno. De hecho, es inferior en ocho años a la que se exige a los juristas expertos en el ámbito de la protección de datos para formar parte del Comité de selección, o incluso para ser delegado dentro de la agencia.

Mostrar comentarios