Son las dos compañías que llevan años repartiéndose el pastel del escrutinio de todas las elecciones en España. Indra y Scytl han sido las dos únicas adjudicatarias desde que en 2015 la tecnológica con sede en Barcelona le arrebatara el primer contrato a la empresa participada por el Estado en tres décadas. Ahora, ambas se ven seriamente salpicadas: una, por el 'Caso Púnica' y otra, por los errores en el recuento electoral del 26M. El juez ha imputado a Indra como persona jurídica y un exdirectivo de ésta, Jesús Gil, que recaló el pasado año en la startup y fue fulminado antes del verano, también ha sido señalado como investigado. Y todo ello, a solo tres meses de una posible repetición electoral que ya ha levantado las dudas sobre quién hará los recuentos esta vez.
Fue en 2015. A mediados del mes de septiembre. Scytl, junto con la tecnológica Tecnocom, hacía saltar la sorpresa y se hacía con el contrato por 9,8 millones de euros del recuento de las elecciones de diciembre de ese año, entre acusaciones de Indra de tirar precios. Era el arranque de un 'tira y afloja' entre ambas compañías que llega hasta este 2019, cuando se repartieron buena parte de las licitaciones de las elecciones autonómicas, europeas y locales.
La tecnológica catalana se quedó con el contrato del recuento electoral de los comicios municipales y europeos del 26 de mayo, en las que fue golpeada por los problemas técnicos sufridos. Indra se encargó de las elecciones generales del 28 de abril, tirando los precios. Ante una potencial repetición electoral, ambas están en una situación complicada.
Indra, bajo la Púnica
Indra ha sido imputada como persona jurídica, es decir, como empresa. Esto ha hecho saltar las alarmas entre los equipos de la compañía, cuyos trabajadores se preguntan si esto tendrá alguna influencia sobre el desarrollo de su negocio. Para tratar de acallar los rumores, Indra enviaba este mismo martes una carta firmada por el presidente de la compañía, Fernando Abril Martorell, a sus empleados en el que negaba los efectos futuros de la imputación sobre el desarrollo del negocio.
"Esta situación no tiene ningún efecto sobre la capacidad jurídica para contratar de Indra", confirmaba la misiva. En juego hay muchos millones de euros en licitaciones públicas del Ministerio del Interior y de las administraciones regionales en los próximos años. Sólo este año 2019, la compañía 'semipública' y su máxima rival se repartieron más de 30 millones de euros entre los diferentes comicios celebrados en España.
¿Qué dice la ley sobre esto? Respalda la posición de la compañía, pues según reza el artículo 71 de Ley de Contratos del Sector Público, no podrán ser adjudicatarias de servicios licitados compañías que hayan sido condenadas por financiación ilegal de los partidos, siempre mediante una sentencia firme. Y eso todavía no ha ocurrido.
Scytl y los problemas
Mientras tanto, Scytl sufre la losa que supuso el 26 de mayo. El día de las elecciones locales, autonómicas y europeas pasó mucha factura a la catalana. ¿La razón? Los numerosos fallos técnicos sufridos tanto en los simulacros previos como durante la celebración de los comicios. Fallos que generaron fuertes críticas de municipios y partidos por diferencias importantes entre los datos que se ofrecían en la página web y los del recuento oficial. Estos problemas llevaron, incluso, a Moncloa a señalar a la empresa por elegir un criterio concreto para presentar las cifras. Sumó a cada partido o agrupación los votos que fueron "necesarios" para lograr concejalías, pero los restantes no los contabilizó.
Esta crisis de imagen golpeó de lleno a la empresa, que también tuvo entre sus filas a uno de los imputados por el 'caso Púnica'. Se trata de Jesús Gil, responsable del negocio electoral de Indra hasta el año 2017 que fue cesado. El directivo, que es investigado después de que supuestamente interviniera en la decisión de llevar a cabo pagos a altos puestos del PP de Madrid, entró en la tecnológica competidora como asesor a mediados del año pasado con el objetivo de ayudar a lograr el contrato público de las elecciones de Argentina.
En esa licitación en Latinoamérica, Scytl debía pelear con Indra y con la firma local Smartmatic. En juego había casi 20 millones de euros. Finalmente, la argentina se quedó con el botín, mientras que la catalana quedó segunda. Según explican fuentes conocedoras, la startup lo despidió tras ese proceso fallido.
Scytl hoy vive un momento delicado en su intento por reflotar el negocio tras años de dificultades. La compañía, que tiene a Telefónica en su accionariado después de un acuerdo corporativo que tuvo lugar a principios de este año, busca una salida ante la caída de los ingresos en el lado del voto electrónico centrándose sobre todo en las elecciones en el sector privado. Recientemente recibió otra inyección de unos 5 millones de euros de sus accionistas actuales, entre los que se encuentran grandes fondos de inversión como Balderton Capital o el cofundador de Microsoft, Paul Allen.
Este es el panorama que tiene por delante el Gobierno de España. Ante una potencial repetición electoral, tiene golpeadas a las dos compañías españolas más capacitadas. Ambas son las únicas que fueron llamadas por el Ministerio del Interior a principios de este año para el 'acuerdo marco' para todos los comicios.
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