Jueves, 20.06.2019 - 11:41 h
Segundo recurso en menos de un año

PwC pide amparo a Calviño por la sanción del ICAC contra su auditoría del Popular

La firma insiste en que la presencia del presidente en la Comisión Rectora del Frob vicia de origen la independencia del expediente sancionador.

Banco Popular
PwC pide amparo a Calviño por la sanción del ICAC contra su auditoría del Popular. / EFE

PwC Auditores ha decidido solicitar el amparo de la cúpula del Ministerio de Economía después de que el pasado 22 de febrero el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) le notificara la incoación de dos expedientes sancionadores tanto a la firma como a su auditor Pedro Barrio Luis por hasta cuatro irregularidades detectadas en los trabajos de auditoría llevados a cabo sobre las cuentas correspondientes a 2016 tanto del Banco Popular como de su filial Wizink Bank, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras del proceso y también de la firma.

La firma de auditoría se enfrenta a consecuencia de estos expedientes a un total de cuatro posibles sanciones, tres de ellas de carácter grave por el presunto incumplimiento de las normas de auditoría en la evaluación de los estados individuales, por una parte, y de los consolidados del Banco Popular en el año 2016, y también por la ausencia de medidas suficientes de salvaguardia en los trabajos realizados ese mismo año sobre la contabilidad de Wizink Bank. Y otra de carácter muy grave por el presunto incumplimiento del deber de independencia exigible a PwC por la concurrencia de un volumen significativo de trabajos de no auditoría desarrollados para el banco en ese mismo ejercicio.

Ante semejante escenario, el Consejo de Administración de PwC ha optado por apurar todas las opciones en su mano para esquivar cualquier potencial sanción y ha decidido solicitar al Ministerio de Economía la recusación del presidente del ICAC, Enrique Rubio, bajo el argumento de que su condición de miembro del Consejo Rector del Frob -el órgano que ejecutó la controvertida resolución del Banco Popular, decidida en Europa por la Junta Única de Resolución (JUR) y que significó el prólogo necesario para la adquisición por un euro de la entidad por el Banco Santander- no sólo aflora un conflicto de interés, sino que compromete la independencia de cualquier decisión suya relacionada con el Popular.

El movimiento de PwC viene a cuento porque es el presidente del ICAC el que firma en primera persona todos los expedientes sancionadores incoados por el instituto público que vela por el correcto desempeño de la función de auditoría en el mercado español. El procedimiento reglado exige que la solicitud de recusación se presente ante la Subsecretaría de Economía y Empresa, que es el órgano del que depende el ICAC, y que sea su titular, en este caso Amparo López Senovilla, quién decida si procede o no tal recusación en función de los argumentos aportados por el denunciante y tras la correspondiente evaluación de Abogacía del Estado.

Segundo intento de paralizar la sanción en menos de un año

Los precedentes apuntan a que las posibilidades de éxito de la maniobra de PwC son escasas. La firma ya probó esta misma iniciativa el pasado mes de junio de 2018 cuando el ICAC le notificó las conclusiones del Informe de Control Técnico -fase inicial de la elaboración de un expediente sancionador- elaborado por dos de las funcionarias del instituto, Eva Castellanos y Elisa Vicente, y firmado también por el presidente Enrique Rubio.

Según la documentación del proceso a la que ha tenido acceso La Información, el abogado y secretario del Consejo de Administración de PwC Auditores, Paulino Borrallo Pérez-Coca, presentó entonces alegaciones al informe técnico y también solicitó la recusación tanto del presidente como de las funcionarias del ICAC firmantes del informe.  Manifestaba entonces la auditora su "absoluta discrepancia con el informe y su contenido" y lo calificaba como "carente de todo rigor y emitido con absoluta vulneración de los derechos más elementales y con una finalidad que inhabilita a sus responsables".

La Subsecretaría del Ministerio de Economía y Empresa resolvió la cuestión apenas un mes después, una vez analizados los argumentos de la firma auditora, leídos los escritos de negación de recusación redactados tanto por el presidente del ICAC como por las dos funcionarias 'afectadas' por el recurso de PriceWaterhouseCoopers y asumido el veredicto de la Abogacía del Estado sobre la identidad del órgano competente para resolver la solicitud, y decidió desestimar la recusación promovida desde la firma auditora.

Ahora, la Subsecretaría del Ministerio que dirige Nadia Calviño tendrá que volver a analizar las razones de la auditora y determinar si la condición de miembro de la Comisión Rectora del Frob que el presidente del ICAC tiene por naturaleza condicionan o no su buen juicio a la hora de determinar si las fragilidades en los trabajos de auditoría de las cuentas de Banco Popular y Wizink Bank correspondientes a 2016, detectadas por sus técnicos, deben dar lugar a un expediente de sanción, como así ha considerado el ICAC, o deben ser revisadas por otro órgano 'más independiente', que en este caso sería la propia Subsecretaría.

De telón de fondo de todo el embrollo, la sanción de cerca de medio millón de euros impuesta a PwC por el ICAC con cargo a las debilidades de los trabajos de auditoría encontradas en el análisis de las cuentas del Banco Popular correspondientes a 2012, que acaba de ser ratificada por la Audiencia Nacional y que la 'big four' ha llevado al Tribunal Supremo. También, la ofensiva de las principales firmas de auditoría que operan en España para 'empujar' la integración del ICAC en la CNMV en aras de garantizar una supuesta independencia del poder político que en su opinión no está garantizada bajo el paraguas del Ministerio de Economía.

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