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Qué pasa en Abengoa: claves de la crisis que afronta en medio del tercer rescate

Tras varios meses de tira y afloja con los bancos y el Gobierno andaluz, la alternativa pasa ahora por la financiación y los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Instalación de Abengoa
Qué pasa en Abengoa: claves de la crisis que afronta en medio del tercer rescate
A.G.

Si la crisis de Abengoa se escribiera en un libro, a buen seguro que necesitaría una primera, segunda y hasta tercera parte, una por cada rescate que ha precisado. Ahora, la situación vuelve a ser límite, si es que algún día dejó de serlo. Por lo pronto, todo depende de lo qué ocurra el próximo lunes 1, de febrero, día en el que se sellará el acuerdo de refinanciación para su sociedad filial Abenewco 1 (acuerdo, por cierto, que presentó a la Comisión Nacional del Mercado de valores -CNMV- el pasado 6 de agosto y cuya consecución ha ido atrasando a lo largo de 2020).

El rescate de Abenewco y la negativa del Gobierno andaluz

Y es que Abengoa trasladó en agosto a la CNMV el acuerdo alcanzado para que Abengoa Abenewco 1 -a la que describió entonces como "la sociedad cabecera de todos los negocios"-, suscribiera un préstamo a 5 años por importe de hasta 230 millones de euros, para el que solicitó la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO), bajo el amparo del real decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico de la Covid-19. 

A ese préstamo, Abengoa sumaba una línea de avales revolving a 5 años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable a 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales. Pero eso no es todo, estos planes contaban con un punto extra: la contribución de la Junta de Andalucía que se cifraba en nada menos que 20 millones de euros adicionales. ¿Qué ocurrió? Que el Ejecutivo de Juanma Moreno tachó esa línea del acuerdo, tras alegar que no contaba con una fórmula jurídica válida para ello. El acuerdo que, entonces, se prometía cercano, saltó por los aires. 

A vueltas con el plan de reestructuración 

Tras la negativa del gobierno andaluz, Abengoa barajó varias opciones para conseguir cerrar el plan de reestructuración que iban desde que fuese el ICO el que aportase los fondos, que lo hiciese el Banco Santander o que incluso llegase a entrar la SEPI a través del fondo de rescate para empresas estratégicas. Hoy por hoy, la opción de la entidad de Ana Botín es la que cobra más relevancia, algo que, pese a todo, debe aprobar el Gobierno central. 

"Debe pronunciarse cuanto antes", instan fuentes de las negociaciones ante la situación financiera límite en la que se encuentra la sociedad, pues Abengoa ni siquiera ha presentado aún las cuentas de cierre de 2019 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Accionistas y acreedores: dos planes enfrentados

Pero este no es el único frente que tiene Abengoa abierto. A las tensiones que genera ese plan de reestructuración, se suman los dos planes -el de los accionistas y los acreedores- que se enfrentan en esta crisis y que, de momento, mantienen en punto muerto las negociaciones. 

La opción de los acreedores -donde se encuentra la banca y los fondos- pasa por ejecutar parte de la deuda actual -incluyendo importantes quitas- y quedarse con parte del capital, inyectando liquidez y permitiendo la viabilidad de la compañía. La discrepancia principal está en el porcentaje del accionariado que le quedará a los minoritarios y que va desde el 2,7% que recoge el Plan Urquijo -el que apoya la banca- hasta el 37% que piden ellos. "Los acreedores y el consejo de administración harán lo que sea para no dejarnos entrar en el accionariado de la compañía", señala en un documento interno al que ha tenido acceso La Información la agrupación AbengoaShares.

En este sentido, los accionistas minoritarios -que se han sindicado para convertirse en accionista significativo con más de un 16% del capital- manejan la idea de que, según el mismo documento, "los acreedores están haciendo una transferencia lenta de propiedad, con una descapitalización estudiada desde hace cinco años". Además, consideran que tanto la banca y los fondos como el consejo de administración "quieren evitar que los propietarios de la compañía podamos acceder a las cuentas de la empresa y conocer el estado de las mismas y del laudo" que la compañía tiene con el Estado por las primas de las renovables. 

El papel del Gobierno

Y a todo esto hay que incluir el papel del Gobierno central que ya ha movido ficha ante la situación de Abengoa y aspira a que el Estado tenga una participación de referencia en la estructura societaria del grupo andaluz, una vez se culmine este proceso de rescate. 

Además de las aportaciones en forma de avales que debe realizar el Estado, cabe recordar que la Secretaria de Estado de Comercio -dependiente del Ministerio de Industria- ostenta una participación del 2,39% en la quebrada matriz. En concreto, posee, a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), dependiente del CESCE, más de 544 millones de acciones de la compañía divididas en sus dos tipos, unos 48 millones de la clase A -que tienen 100 derechos de voto por cada una de ellas- y casi 500 millones de títulos de clase B, con un derecho de voto por unidad.

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