A principios del pasado marzo, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el rescate de la aerolínea Plus Ultra, quien había pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un salvavidas de 53 millones de euros, divididos en un préstamo participativo de 34 millones y uno ordinario de 19 millones. Aquel día, por cierto, también salió adelante el rescate de Duro Felguera. Ahora, a falta de una semana para que se desembolse el segundo tramo del préstamo a la compañía de vuelos, la jueza, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender el rescate, pues esgrime que deben acreditar que realmente necesita ese dinero para pagar a acreedores.
El de la justicia es tan solo un capítulo más de un rescate que lleva en el punto mira desde su misma aprobación y que llegó a ser tildado por la oposición como "sospechosa". La polémica fue llevada al Parlamento por los grupos del Partido Popular y de Vox, quienes interpelaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la concesión de la ayuda a esta aerolínea, por tener -decían- supuestas relaciones con el régimen "chavista" de Venezuela.
No solo eso: recordaron también que Plus Ultra fue una aerolínea fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, quienes fueron los responsables de Air Madrid cuando la compañía de vuelos chárter quebró en 2016 dejando en tierra a 64.000 viajeros. Ambos fueron exculpados de la quiebra por la Audiencia Nacional, aunque más tarde, en 2019, González Enfedaque fue condenado por un delito fiscal en relación con un asunto inmobiliario en el País Vasco.
Otro de los argumentos que sostenían los grupos de la oposición era que el 47,2% del capital de aerolínea pertenece a Snip Aviation, en cuyo consejo están tres directivos venezolanos. En este sentido, la compañía se defendió siempre alegando que su capital social está compuesto por "accionistas de diferentes nacionalidades, aunque en todo momento se ha mantenido la mayoría en manos de ciudadanos europeos, y específicamente españoles"
PP y Vox personados en la causa
Estos fueron grosso modo los motivos que llevaron a Vox y al PP a personarse en la causa para que se investigasen presuntas irregularidades en el rescate. Así, la jueza que dirige las diligencias previas de la querella revisará con los responsables de Plus Ultra todos los términos del plan con el que la SEPI justificó los 53 millones de ayuda para corroborar que "las cosas no se hicieron sin mirar nada". Se pretende también deducir si hay "sustrato" como para acusar a algunos de los pesos pesados del Consejo del organismo que tomaron la decisión de prevaricación, malversación de fondos públicos y hasta un posible delito de fraude en las subvenciones, según explican fuentes jurídicas cercanas al caso.
La jueza señala en el auto que "el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo previsto para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento" judicial. La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a "una entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".
Así, la magistrada ha dado cinco días a la compañía aérea para que "acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores", al mismo tiempo que ha advertido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que no haga el pago, avisando de que, en caso contrario, podrían derivarse responsabilidades criminales.
Por su parte, desde la compañía admiten que están preparando todos los documentos necesarios para demostrar que la segunda parte de la ayuda, el crédito de 34 millones que el juzgado ha paralizado, se va a destinar realmente a lo que se dice.
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