España vive una auténtica fiebre renovable. Al menos sobre el papel. El gestor del sistema eléctrico Red Eléctrica de España (REE) ha tenido que reforzar equipos para gestionar una auténtica avalancha de peticiones para enganchar a la red nuevos proyectos. El embudo se ha estrechado. Con los nudos de acceso prácticamente saturados del Duero hacia el sur, REE rechaza numerosas solicitudes de enganche. Las solicitudes de acceso y conexión hasta septiembre de 2019 suman 181 GW y REE ha autorizado la mitad. Pero el endurecimiento de las condiciones tiene efectos. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acumula 132 expedientes de reclamación que han colapsado el área de energía del organismo. Las solicitudes de acceso y conexión hasta septiembre de 2019 suman 181 GW y REE ha autorizado la mitad.
El ritmo de entrada de nuevas quejas, según fuentes internas de la Comisión, es de una decena semanal cuando lo habitual era de entre 30 a 35 reclamaciones anuales. La acumulación de expedientes ha creado un auténtico atasco en la CNMC. Tramitar sólo los casos acumulados puede llevar más de un año. La Comisión no ha destinado más personal a la resolución de reclamaciones, que aumentan a buen ritmo y los encargados de examinar los casos -no llegan a media docena-están desbordados.
El problema crece porque REE, que sí ha reforzado sus equipos, está rechazando también solicitudes de enganche de pequeños proyectos, de entre uno y dos MW de potencia, que no alcanzan los 10 MW y que, según la normativa, estarían exentos de la obligación de presentar informe de aceptabilidad. La CNMC intenta taponar la avalancha con un dedo. En teoría, los expedientes de queja tienen que estar resueltos en tres meses, pero fuentes de la Comisión considera la tarea imposible.
Un momento incierto
El tapón en la CNMC coincide con un momento de incertidumbre normativa. Competencia ha elaborado un borrador de circular para regular los accesos a la red, pero está en el cajón. El borrador impone condiciones más duras a los promotores de renovables para conectarse a la red, aunque el Gobierno estimó que la CNMC se metía en su terreno.
El informe elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el borrador de circular señalaba entre otras cuestiones que "corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto (...) el marco general del procedimiento de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, el principio general de otorgamiento del acceso (cronológico u otros), la posibilidad de establecer otros mecanismos de asignación de capacidad (p.ej, subastas) y la posibilidad de realizar hibridaciones entre diversas tecnologías". Aspectos en los que se ha inmiscuido Competencia.
Y en eso está el Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica está ultimando un decreto-ley que regulará los aspectos más controvertidos de la propuesta de la CNMC y resolverá una cuestión peliaguda: la caducidad de los permisos ya concedidos, en algunos casos desde 2015 y a grandes empresas que no han desarrollado los proyectos previstos. la cuestión no es fácil. La normativa que regula la concesión de los accesos, gratuitos y por cinco años, es de hace dos décadas y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Los permisos cotizan a precio de oro y, simplemente, guardar la cola para acceder a las líneas eléctricas se ha convertido en un activo en sí mismo.
Mucho dinero en juego
El tema es muy sensible. Hay mucho dinero en juego. Sobre el papel, sólo hay un puñado de sociedades con proyectos renovables en marcha. Son las que ganaron las subastas de renovables de 2016 y 2017. Son las Cobra (ACS), Enel Green Power, Forestalia, X-Elio, Naturgy, Solaria, Siemens Gamesa... Pero en el sector, sobre todo en la actividad fotovoltaica, maniobran otros grupos. Como ha denunciado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, en algunas comunidades, la actividad especulativa copa los nudos de acceso a la red e impide el desarrollo de proyectos locales y de pequeño tamaño.
REE lo sabe y por eso ha endurecido los controles. La compañía alertó en el documento Red Eléctrica y la integración de renovables sobre la posibilidad de que muchos de esos proyectos no sean "maduros", es decir, que puedan no tener un proyecto industrial detrás. El problema está detectado. Lo grave son sus consecuencias, porque la especulación en torno a los grandes proyectos puede afectar a los precios y perjudicar a los consumidores.
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