3.305 millones no son suficientes. Esto es lo que consideran ACS, Sacyr e Iberpistas (Abertis) sobre la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) de las radiales quebradas. Por ello, han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para el cálculo de esta cantidad que se fijó, por última vez, el pasado mes de abril. Sera el Ejecutivo el que tenga que hacer frente a esta cantidad, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estos recursos contenciosos administrativos, que han sido admitidos a trámite por el alto tribunal, se suman a los interpuestos por otras entidades como Bankia, Globalvía y los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas. Estas compañías tampoco estaban de acuerdo con el cálculo establecido por el Estado y han recurrido la decisión.
Pero, ¿cómo se hace el cálculo? El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el acuerdo de interpretación del método para calcular la multimillonaria factura a la que deberá hacer frente el Estado por la quiebra de las concesionarias de las citadas autopistas, ahora en fase de liquidación y en manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).
En dicha metodología, el Gobierno cifraba en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas a través de los peajes. A esta cantidad se sumaría el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías, pendiente de determinar.
Del mismo modo, se le restará las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición, así como las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la Administración. Según una auditoría encargada a la empresa de ingeniería y consultoría Ineco, las autopistas rescatadas requieren inversiones de 370 millones.
Esta cantidad se ha modificado en varias ocasiones. De hecho, en octubre de 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.
Pero esta cifra volvió a verse modificada apenas unos meses después, cuando la estimación se rebajó a 1.800 millones de euros, pero siempre lejos de las cifras a las que aspiran las compañías. De hecho, según los fondos acreedores, esta cantidad debería rondar los 4.500 millones de euros.
Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.
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