La auditora que destapó las anomalías contables del Rayo declarará ante el juez

  • La Asociación de Accionistas del club ha solicitado la testifical de la técnico en la causa que acaba de ser declarada compleja por el instructor.
Raúl Martín Presa
Raúl Martín Presa
EFE

Una vuelta de tuerca más a la causa contra el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que le investiga por los delitos apropiación indebida y administración desleal, ha aceptado la declaración como testigo de la anterior auditora de la sociedad que ponía de relieve ciertas irregularidades en las cuentas del club deportivo. Un nuevo paso judicial a favor de la Asociación de Accionistas. 

Además, tras haber transcurrido cerca de los seis meses que la ley establece para la instrucción de una causa y teniendo en cuenta que todavía no ha terminado la investigación, el instructor la ha declarado compleja. En su auto el juez, que es el mismo que instruyó la causa contra el humorista Dani Mateo, explica que concurren "en las presentes actuaciones circunstancias sobrevenidas que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de seis meses". De esta forma, el juez tendrá hasta 18 meses para resolverla tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Fueron estos auditores que ahora declararán como testigos los que advirtieron "en su informe de cuentas del ejercicio 2016" la existencia de "pagos o transferencias no justificadas", tal y como señalan a La Información fuentes cercanas a la investigación. En este sentido, los auditores de las cuentas dieron su visto bueno a las mismas aunque con las dos salvedades: no estaban de acuerdo ni con las transferencias realizadas entre club y fundación ni con el importe de compra del Oklahoma.

Los expertos consideraron en su momento que en la documentación aportada no se daban las suficientes explicaciones en torno a este movimiento de capital del club a la Fundación y viceversa. Del mismo modo, tampoco consideraron que estaba suficientemente clara la justificación de las cantidades que se pagaron por la compra en 2015 del Oklahoma City por 1,17 millones de euros.

La causa, ahora declarada compleja, va por tanto encaminada a averiguar los detalles sobre estos movimientos de capital que se transfirieron desde el club de fútbol a la Fundación del Rayo -que también preside el propio Martin Presa- y que superan los nueve millones de euros.

En un principio, el instructor decidió cerrar el caso tras tomar declaración al presidente del club por considerar que los hechos que se siguen ahora investigando no eran constitutivos de apropiación indebida ni de administración desleal. Pero la Audiencia corrigió su decisión el pasado mes de diciembre y le obligó al juez a seguir indagando por si se hubiera producido una utilización indebida del dinero del club.

A la par que reabrió la investigación, acordó a petición de la acusación que se requiriese a las entidades financieras de Caixabank, Banco Caminos y Banco Santander certificaciones sobre el saldo de depósitos a fecha de 30 de junio de 2016 de la Fundación Rayo Vallecano. Estas peticiones ahora se completarán con la declaración como testigo de la auditora.

Desde la representación legal de los accionistas, ejercida por el despacho Ferrer-Bonsoms y Sanjurjo Abogados, sostienen que no ha quedado suficientemente acreditado que estos movimientos de capital se deban a la existencia de un contrato de depósito aportado y por eso dirigen esta acción penal contra Martín Presa por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

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