La batalla por los recortes de retribución a las empresas distribuidoras de gas no ha acabado. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular que reduce los ingresos de las compañías en un 9,6% -239 millones en media anual- para enviarla al Consejo de Estado. La circular más polémica de las redactadas por Competencia cierra con traspiés: la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández y el consejero Benigno Valdés, han formulado votos particulares discrepantes. Discuten los cálculos sobre los que se ha decidido el recorte.
Tanto María Fernández como el consejero Valdés han mantenido en el pasado claras diferencias con el presidente de la CNMC José María Marín Quemada en asuntos como la economía colaborativa (informe Uber) o RTVE. En esta ocasión, las discrepancias afectan a la polémica circular de recortes al sector gasista. Fernández y Valdés cuestionan la base misma de unos recortes que han provocado una enorme polvareda en el sector. Con los votos discrepantes de los dos consejeros de la CNMC, las empresas afectadas -Naturgy, Madrileña Red de Gas, Redexis o Extremadura Gas- refuerzan los argumentos ante posibles recursos en los tribunales.
Los votos particulares de Fernández y de Valdés, según las fuentes consultadas, apuntan a cuestiones técnicas y no de fondo. Pero ponen en entredicho la justificación de los recortes finalmente aprobados, más suaves de los inicialmente propuestos por el presidente de la CNMC José María Marín Quemada, que defendió casi hasta el final un tijeretazo al sector del 19%. Las quejas de las empresas, la presión del Ministerio de Transición Ecológica y el peso del frente de oposición interno en la CNMC, suavizó la propuesta inicial, aunque la polémica permanece.
La versión de las empresas
Los consejeros que cuestionan la base técnica de los recortes no están solos. La asociación de empresas gasistas Sedigás rechaza de plano los cálculos realizados por Competencia y, sobre todo, los datos en los que se apoyan. En sus alegaciones, cuestionan a los técnicos de la Comisión porque a la hora de calcular ratios de rentabilidad de las compañías-la madre del cordero que justifica los recortes-consideran al sector gasista como un todo, sin tener en cuenta que engloba no sólo la actividad de distribución -la más afectada por el hachazo-, sino también otros combustibles gaseosos, desde el butano a los gases que emplean los aparatos de aire acondicionado. Todo ello habría llevado a la CNMC a utilizar datos "contaminados" con los de otros sectores.
Los números, alegan las empresas, son además antiguos. Ponen ejemplos. Como los utilizados a la hora de calcular el ROE (Return of Equity) -rentabilidad financiera- por sectores. Según consta en las alegaciones, la CNMC ha utilizado datos de la Associació Catalana de Comptabilitat y Direcció (ACCID) que no son comparables, según la propia asociación citada. Y todo, señalan fuentes de las empresas, aderezado con datos de Eurostat de 2016.
Hay mucho dinero en juego. En términos de retribución media para el periodo 2021-2026, con la última propuesta de Competencia, la actividad de distribución pasaría de ingresar en torno a 1.420 millones de euros con la metodología vigente a los 1.283 millones con la nueva propuesta. Los cálculos se miran con lupa, No sólo en el sector afectado, sino en el sector financiero, desde donde también ha habido fuertes críticas a los números que ha manejado Competencia en su propuestas.
Una ortodoxia dudosa
En el informe del Banco Santander sobre el impacto de los recortes en Naturgy -la mayor compañía distribuidora de gas- los analistas explican que la CNMC ha redactado una propuesta final de recortes de "dudosa ortodoxia regulatoria". El análisis cuestiona la metodología aplicada para justificar la propuesta de recortes -"el recorte de 239 millones [media anual] no está suficientemente justificado"- y destaca también el marco en el que los inversores deberán tomar sus decisiones: "Alto riesgo regulatorio y falta de justificación metodológica para el recorte de ingresos". El debate continúa.
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