Red Eléctrica de España (REE) -20% de capital público- afronta una auténtica avalancha de solicitudes para generar electricidad con energías renovables y volcarla a la red. Los últimos datos oficiales de la compañía son espectaculares: a 31 de enero de 2019, el gestor de la red había concedido permiso de acceso o aceptabilidad para 44.870 MW y tenía en tramitación otros 53.660 MW. Es una explosión no exenta de riesgos. El principal es la especulación con los puntos de acceso. Los enganches a la red suponen un trabajo de autorización administrativa que se convierte en un activo con el que es posible hacer negocio, según sostienen asociaciones como la Fundación Renovables.
La fiebre renovable, advierten fuentes de la compañía que preside Jordi Sevilla, modifica los datos sobre la tramitación de solicitudes "día a día". En enero rondaban los 100 GW entre autorizadas y solicitadas. La inercia viene de atrás. En 2018, los permisos de acceso a la red para nueva generación renovable se habían incrementado un 68% (ver gráfico). "Las solicitudes y, en consecuencia, concesiones de permisos de acceso a la red están creciendo de manera acelerada", concluye la compañía.
El proceso se acelera porque España tiene que realizar un esfuerzo sin precedentes para reducir en 37 puntos las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que en 2030, las emisiones del país sean un 20% inferiores a las registradas en 1990, lo que supone que el sistema tendrá que absorber 50.000 nuevos MW renovables en apenas diez años. En euros, según las cuentas adelantadas por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la puesta en marcha de este nuevo parque renovable requerirá inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones en poco más de una década.
En la buena senda
Red Eléctrica cree que la senda es buena. Según sus cuentas, con el ritmo de peticiones y autorizaciones actual se cumplirán de largo las previsiones que hizo la comisión de expertos sobre la transición energética para cumplir con los objetivos de renovables en el año 2030: entre 31 y 47 GW de generación eólica y entre 40 y 77 GW de generación fotovoltaica. La compañía gestiona las conexiones de los nuevos proyectos a la red. En unos casos se trata de accesos directos a la red de transporte de alta tensión (más de de 10 MW de potencia) y, en otros, de enganches a la red de distribución.
Buena parte de la avalancha de solicitudes se debe a los cambios en la normativa. El Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes en el sector eléctrico aprobó aumentar de 143 a 650 el número de subestaciones eléctricas planificadas para atender solicitudes de conexión. Fue una medida adoptada para descongestionar parte de la saturación de la red. Pero hacen falta más pasos. Hay una nueva norma en curso - borrador de Real Decreto de Acceso y Conexión-, pero no ha sido aprobada.
La Ley del Sector Eléctrico de 2013 establece que los permisos de acceso y conexión caducan a los cinco años. Sin embargo, otro Real Decreto-en el sector energético proliferan- aprobado el 11 de enero para adecuar las competencias de la CNMC permite que, hasta que no esté en vigor el de acceso y conexión, se podrán prorrogar los permisos existentes. La situación es, cuando menos, confusa. En palabras de la propia REE: resulta necesaria y urgente la regulación por parte de la CNMC y del Ministerio de Transición Ecológica.
Mientras tanto, REE hace números. El plan estratégico para el periodo 2018-2022 prevé invertir unos 6.000 millones de euros. Supone un volumen de inversiones de unos 1.200 millones de euros al año que aumenta el ritmo del anterior plan, elaborado para el periodo 2014-2019, en el que se planteaban unas inversiones de 762 millones anuales. Casi una cuarta parte de las inversiones previstas en el nuevo plan estarán orientadas a la integración de las renovables, que concentrarán unos 1.538 millones de euros, el 25,5% del total. ¿Serán suficientes?
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