Con discreción y después de muchos meses de polémica, los técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de Red Eléctrica de España (REE) se reunieron el pasado día 14 de enero para unificar criterios en la autorización de permisos de enganche de nuevos proyectos renovables a la red. Es todo un problema porque la especulación con los permisos de enganche ha forzado a REE a cribar las peticiones y a rechazar muchas solicitudes. La disparidad de criterios aplicados ha provocado a su vez una avalancha de quejas en Competencia, cuyos servicios se han visto desbordados. La reunión ha servido para aclarar las directrices que se aplicarán para autorizar o rechazar el acceso a la red eléctrica.
El principio de acuerdo entre REE y la CNMC, según fuentes al tanto de la reunión, llega justo a tiempo. La Comisión acumula 132 expedientes de reclamación contra REE que han colapsado el área de energía del organismo. Las solicitudes de acceso y conexión superan los 200 GW y REE ha autorizado la mitad. O lo que es lo mismo: Red Eléctrica ha rechazado peticiones que prácticamente igualan la de todas las renovables actualmente en funcionamiento en todo el país.
Es una avalancha difícil de contener. Tanto que ha obligado a REE a reforzar los equipos encargados de las solicitudes. Con el alud han llegado también los problemas. Las quejas de los rechazados ante la CNMC y contra Red Eléctrica han obligado al supervisor a examinar si el gestor del sistema eléctrico ha cumplido en tiempo y forma con los requisitos para denegar los permisos. Y ese es un terreno resbaladizo.
Resoluciones pendientes
De hecho, Competencia tiene muy adelantadas, aunque pendientes de resolución, dos reclamaciones contra REE por trato desigual a la hora de conceder los permisos. En ambos casos, según las fuentes las fuentes consultadas, habría indicios de que el gestor del sistema pudo incumplir la normativa al denegar las autorizaciones. En caso de que los indicios fueran suficientes, la CNMC podría abrir un procedimiento sancionador a la compañía. En ese contexto, la reunión de enero ha actuado como un bálsamo.
El tapón en la CNMC coincide con un momento de incertidumbre normativa. Competencia ha elaborado una circular para regular los accesos a la red, pero todavía está en tramitación. La norma impone condiciones más duras a los promotores de renovables para conectarse a la red, aunque también hay controversia porque el Gobierno -el Ministerio de Transición Ecológica en concreto- estimó que la CNMC se metía en su terreno.
El informe elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el primer borrador de circular señalaba entre otras cuestiones que "corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto (...) el marco general del procedimiento de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, el principio general de otorgamiento del acceso (cronológico u otros), la posibilidad de establecer otros mecanismos de asignación de capacidad (p.ej, subastas) y la posibilidad de realizar hibridaciones entre diversas tecnologías". Aspectos en los que se habría inmiscuido Competencia.
Permisos caducados
Y en eso está el Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica ultima un decreto-ley que regulará los aspectos más controvertidos de la propuesta de la CNMC y resolverá una cuestión peliaguda: la caducidad de los permisos ya concedidos, en algunos casos desde 2015 y a grandes empresas que no han desarrollado los proyectos previstos. La cuestión no es fácil. La normativa que regula la concesión de los accesos, gratuitos y por cinco años, es de hace dos décadas y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Los permisos cotizan a precio de oro y, simplemente, guardar la cola para acceder a las líneas eléctricas se ha convertido en un activo en sí mismo.
El de las renovables es un sector "caliente", agitado por los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. España tendrá que hacer en la próxima década un esfuerzo sin precedentes para reducir en 37 puntos las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que en 2030, las emisiones del país sean un 21% inferiores a las registradas en 1990. Traducido, eso significa que el sistema tendrá que absorber 50.000 nuevos MW renovables en apenas diez años. En euros, según las cuentas adelantadas por el exsecretario de Estado de Energía, José Domínguez, la puesta en marcha del nuevo parque renovable requerirá inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones en poco más de una década. Hay negocio.
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