La dimisión de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica de España (REE) obligará a la compañía, con un 20% de capital público, a retrasar la junta de accionistas prevista para comienzos de abril. La salida súbita de Sevilla ha obligado a la empresa a poner en marcha los mecanismos previstos para elegir un nuevo presidente y calmar, en la medida de lo posible, a los grandes inversores institucionales (66% del capital), que han mantenido las acciones de REE en sus carteras como un valor seguro y muy rentable, con crecimientos anuales del dividendo de entorno al 7%. La junta deberá analizar, precisamente, qué sucede con los planes adelantados por el ya expresidente Sevilla para mantener el dividendo pese a los recortes aprobados por Competencia para retribuir sus redes.
El retraso en la reunión de los accionistas tiene como fin dar tiempo a que se asienten las aguas agitadas por la salida de Sevilla. El ya expresidente de REE ha lanzado cargas de profundidad contra el Ministerio de Transición Ecológica y la vicepresidenta Teresa Ribera por "injerencias" en la empresa y contra la CNMC por aprobar decisiones regulatorias -recortes a los ingresos regulados de REE- que suponen un bocado importante al núcleo del negocio, en especial a partir del año 2024. El nuevo presidente tendrá que valorar los planes que puso en marcha su antecesor con la aprobación del consejo y si mantiene sus grandes líneas o las adapta más a las directrices de la transición que marca el Gobierno.
En las quinielas para ocupar el cargo circulan nombres del interior de la compañía como Maite Costa -expresidenta de la antigua CNE y consejera dominical en la empresa- y del exterior, como la catedrática de Economía y experta en energía, Natalia Fabra, hija de Jorge Fabra, que presidió REE entre los años 1988 y 1997. Tampoco faltan en la lista exministros socialistas como Miguel Sebastián o Luis Atienza, que también dirigió la empresa entre los años 2004 y 2012.
Elección y selección
En el proceso de elección y de selección, el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es clave. El elegido tiene que pasar el filtro de la comisión de nombramientos y retribuciones de REE, constituido por un consejero representante de la sociedad pública -Antonio Gómez Expósito- y dos consejeros externos: José Luis Feito y Socorro Fernández. Los tres deben dar el primer visto bueno al nombramiento, antes de ser aprobado en el consejo.
Sea quien sea el elegido, se encontrará con una compañía en transformación, enfrentada al gran reto de integrar en la red sin sobresaltos hasta 50.000 MW renovables hasta 2030 y en plena búsqueda de nuevas áreas de negocio. Todo en medio de una importante caída de ingresos en los próximos años pese a que la CNMC accedió a aplazar un año el grueso del recorte. El tijeretazo reduciría los ingresos regulados de la compañía a partir de 2024 de 1.579 millones a 1.337.
Sevilla, con el respaldo del consejo, diseñó un plan para mantener el atractivo de la compañía ante los inversores mientras encontraba nuevos nichos de negocio en las telecomunicaciones, con la empresa de satélites Hispasat y con Reintel, la red de fibra óptica tejida durante años. El plan cuenta con tres pilares: recortes en los gastos de consultoría, ajustes en los procesos internos -32 millones de ahorro previstos- y la sustitución de parte de los trabajadores más próximos a la jubilación mediante bajas voluntarias. Ahora, está por ver si esa estrategia, centrada en la defensa del dividendo, se mantiene.
REE está obligada a mantener el atractivo para los inversores. La compañía cotiza en el Ibex y tiene dos terceras partes de su capital en manos de inversores institucionales extranjeros. Como por el lado de las actividades reguladas lo tiene difícil, el plan estratégico de la empresa está orientado a la búsqueda de oportunidades en el exterior, especialmente en Brasil, México y la más difícil opción de EE UU.
Es una estrategia que ha provocado recelos tanto en la CNMC como en el Gobierno. Más cuando coincidieron en el tiempo los anuncios de salidas en la plantilla y recortes con la compra de la compañía brasileña Argo Energía , dedicada a la gestión de redes de transporte de alta tensión, y con una plantilla de más de 100 empleados. Una inversión de 382 millones, prácticamente el recorte de la CNMC, en un momento delicado.
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