La red estatal de organismos de investigación se encuentra en estado de alarma. Varios organismos oficiales se han visto obligados a suspender temporalmente su relación 'contractual' directa con los ministerios de los que dependen al no cumplir los requisitos que exige Bruselas, y concreta la Ley de Contratos del Sector Público, para actuar como 'medio propio' de la Administración, un régimen especial que permite a los ministerios contratar de forma directa y por la vía rápida con estos organismos toda una serie de proyectos y servicios sin necesidad de acudir al mercado.
La Unión Europea ha obligado a la administración española a fijar un "control más riguroso" para las entidades que integran el sector público institucional y eso ha provocado que algunas de ellas hayan perdido la consideración de medio propio. En concreto, la nueva Ley de Contratos Públicos impone a instancia de Europa que para ser 'medio propio' la parte esencial de su actividad debe estar vinculada al organismo del que depende y se entiende que es así cuando el 80% de su facturación está vinculada a ese organismo. Se da la circunstancia de que muchos organismos públicos de investigación (OPI) no han cumplido ese requisito lo que ha hecho que pierdan esa condición. Consecuencia principal: no podrán recibir encargos 'a dedo' hasta que no se subsane esta situación.
La paralización ha afectado a organismos tan importantes como el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa, o el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), encuadrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En los estatutos de todas ellos se contempla esa condición de medio propio que ahora han dejado de tener y que conlleva que el ente en cuestión pueda recibir encargos directos sin pasar por el concurso público y el consiguiente recurso al mercado. Hasta este momento, se podría decir que estos organismos de investigación trabajaban en situación de semiexclusividad con el ministerio del que dependen.
No son los únicos. Fuentes sindicales aseguran que la situación está generalizada entre los llamados 'opis', muchos de los cuales realizaban encargos para otros departamentos de la Administración del Estado, otras administraciones territoriales e incluso para empresas del sector privado sin mayores restricciones. El incumplimiento de este requisito y la cada vez mayor vigilancia de Bruselas sobre el asunto, a raíz de las denuncias por competencia desleal planteadas por las empresas privadas que entienden que se abusa de este recurso -que la ley consigna como extraordinario-, impidiendo el normal funcionamiento de la contratación pública, han forzado a la Administración del Estado a retirarles esa condición, generando un problema fenomenal.
El problema, según explican fuentes conocedoras de la situación, es que la Intervención General del Administración del Estado (IGAE) ha considerado que los organismos afectados no cumplen el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En su punto 2 se recoge la obligación de que "más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo". Es decir, el Ministerio correspondiente debe ser el contratante mayoritario. Este porcentaje no se ha cumplido en algunos casos y por eso hay entes han perdido la consideración de medio propio.
¿Qué implica esa pérdida? El INTA lo explica en un documento interno al que ha tenido acceso La Información y que está firmado por su director general, José María Salom, el pasado 15 de octubre: "No se podrán realizar encargos a este instituto" hasta que se subsane el problema, expone el máximo responsable del instituto. "Para poder contratar la prestación de sus servicios será necesario recurrir a otras figuras jurídicas contempladas en nuestro ordenamiento", añade.
Según la norma vigente en la actualidad esas otras vías son el acuerdo y el convenio, pero tienen una restricción fundamental: no se pueden suscribir sobre obras, proyectos y servicios susceptibles de cubrirse mediante contratación pública. Si se tiene la consideración de 'medio propio' esa restricción se puede salvar mediante la encomienda directa, pero fuera de ese régimen la normativa exige sacar la obra, proyecto o servicio en cuestión al mercado.
El extraño caso del INTA
Un portavoz oficial del INTA, el organismo que se encarga entre otras cuestiones de comprobar y certificar los materiales, componentes, equipos o sistemas de Defensa o prestar asesoramiento técnico al Ministerio en materia tecnológica, asegura que después de este documento el mismo director general del instituto emitió otro oficio anulando el anterior. Según este portavoz solo pasaron tres días. Afirma que el ente no ha perdido su condición de medio propio a pesar de que el primer oficio del máximo responsable sí lo afirmaba. Es más, el asunto del mismo era el siguiente: "Pérdida de condición de medio propio del INTA".
Fuentes conocedoras de la situación explican que recuperar la condición de medio propio requiere el visto bueno de la IGAE. En el documento antes citado se refleja la siguiente mención que ofrece una idea de lo que deben hacer estos entes públicos para volver a trabajar de forma directa con los ministerios: "El INTA se encuentra inmerso en un proceso de evaluación por parte de la IGAE para tratar de recuperar esa condición, que podría llevar unos meses".
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman, en efecto, que la Ley de Contratos Públicos dispone que el incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en la norma para ser 'medio propio' "comportará la pérdida de la condición de 'medio propio' personificado y, en consecuencia la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada". También que la recuperación de esa condición exige un procedimiento administrativo complejo, que pasa por la presentación de una memoria y su validación por parte del IGAE.
Según el Ministerio de Hacienda, a día de hoy la IGAE "no ha elaborado ningún informe" sobre la cuestión, es decir, que ningún organismo que haya perdido la condición de 'medio propio' la ha podido recuperar, ya que Hacienda no ha informado favorablemente.
El relato del Ministerio coincide con el de las fuentes sindicales consultadas que aseguran que si bien hay diversos organismos públicos de investigación que ya han planteado a Hacienda una posible solución, no hay ninguno que haya obtenido hasta ahora ese plácet.
La situación para los 'opis' afectados es compleja ya que su actividad es muy dependiente de los encargos que reciban del ministerio del que dependen y estar sin actividad durante los meses que puede llevar la recuperación de esa condición puede resultar muy dañino para su balance. El flanco por el que están 'atacando' los 'opis' afectados se basa también en la Ley de Contratos del Sector Público que establece que en casos específicos se podrá establecer un 'requisito alternativo' para certificar esa condición de 'medio propio', más allá del dato cuantitativo sobre la facturación, según confirman fuentes al tanto de estas maniobras por parte de los organismos.
El argumento que están utilizando es que ese requisito del 80% fue establecido por Bruselas para limitar la competencia al sector privado en aquellos sectores -Tragsa, Ineco...- donde puede haber fricciones con el trabajo de las empresas, pero que no tiene sentido en el caso de los organismos públicos de investigación por lo que procede establecer un requisito de una naturaleza diferente.
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