Y llegó el momento de la verdad, con un año de retraso y con unas previsiones más halagüeñas para los intereses de las operadoras de telecomunicaciones. La subasta del espectro radioeléctrico para las redes ultrarrápidas 5G arranca este martes con una escasa competencia, ante la ausencia de Másmóvil y de grandes alicientes para disparar los precios. Ese contexto amenaza con trastocar los Presupuestos Generales del Estado, en los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había planteado una previsión de ingresos de 2.100 millones de euros. El sector espera que las pujas sean relativamente rápidas y el resultado final esté lejos de esa cantidad.
La subasta tenía que haberse celebrado en el primer semestre de 2020. No fue posible, porque el estallido de la pandemia del coronavirus trastocó todos los planes. Ahora se retoma con un Gobierno haciendo guiños a unas operadoras especialmente castigadas por la crisis y, sobre todo, la guerra de precios en España. El precio de salida está por debajo de los 1.000 millones de euros. Los bloques de frecuencias son relativamente similares, tanto en condiciones como características técnicas, por lo que no hay un gran aliciente para pujar con todo y sacar toda la artillería, según explican diversas fuentes del sector.
Además de la similitud de esos grupos de frecuencias hay que tener en cuenta los límites que estableció el mismo Gobierno para evitar una excesiva concentración de espectro en pocas manos: se impuso un límite de 2x10 megahercios (Mhz) para cada uno de los operadores. Los dos paquetes de 2x10 'megahercios' y los dos de 2x5 'megahercios' se repartirán entre las tres compañías. La situación económica de Telefónica, Vodafone y Orange es relativamente delicada y no hay mucho margen para 'tensar'. No habrá más operadores en discordia como sí lo hubo en 20018, con Másmóvil apretando en los primeros encuentros, o en 2011, con ONO, Jazztel o Euskaltel.
Las previsiones del sector son, por tanto, halagüeñas para los intereses de las operadoras. Si no hay cambios drásticos en las estrategias de las operadoras, no habrá una gran competencia, lo que implicará que las pujas no se alarguen más allá de esta semana. Esto implicaría un precio final relativamente bajo respecto a lo que se esperaba en un primer momento, con el precio de salida inicial planteado por el Gobierno y con la potencial participación de Másmóvil. En concreto, lo esperable es que se quedara por debajo de lo 1.500 millones de euros.
Esto supondría un quebradero de cabeza para el Gobierno, pues en los Presupuestos Generales del Estado enviados a la Comisión Europea se incluía un ingreso previsto de 2.100 millones de euros para la subasta de 5G. En esa cantidad no se incluyen, en principio, otros cargos vinculados a estos activos que ahora se licitan como la 'tasa de reserva de espectro' que se paga anualmente durante la vida útil de esa concesión. Se trataría de una rebaja de cientos de millones respecto a esta partida, que representa uno de cada cuatro euros de los ingresos patrimoniales del Estado, que ascienden a más de 8.000 millones.
Esos 2.100 millones plasmados en el proyecto presupuestario llegaron antes de hacer público el precio de salida planteado para la subasta. Y la cifra hizo a las operadoras echarse las manos a la cabeza, pues entendían que el esfuerzo inversor para estos activos debía estar muy por debajo de esa cantidad -incluso llegaron a defender que se debía abordar, como en Brasil, una licitación sin pago inicial y la contraprestación por estos activos públicos se entregara en forma de rápidos despliegues de las redes, especialmente en ciudades más pequeñas-. Esa presión obligó al Gobierno a recortarlo un 15% hasta situarlo por debajo de los 1.000 millones.
Con estos mimbres, las operadoras colocan a Reino Unido como el espejo en el que mirarse. La subasta que tuvo lugar en marzo de este año en aquel país sólo duró tres días. En aquel proceso, a diferencia del español, se pusieron sobre la mesa frecuencias de 700 Mhz y de 3,6 Ghz (estas últimas ya fueron subastadas por España en 2018). La inversión para las primeras se repartió entre tres de los cuatro, pues Vodafone no acudió finalmente a comprar en esta banda. British Telecom, Hutchison y Telefónica desembolsaron 840 millones de libras (974 millones de euros) prácticamente a partes iguales, lo que supone un precio inferior al de salida español.
Las telecos llegan exhaustas
Las operadoras llegan a esta subasta en una situación económica y de mercado especialmente delicadas. Respecto a los números del negocio, los ingresos siguen cayendo por la guerra de precios y el fuerte crecimiento del segmento 'low cost'. En el primer trimestre han caído más de un 5% de media, según las cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El caso de Orange es el más significativo, con una particular 'travesía en el desierto' que ha desembocado en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para más de 400 personas.
En el lado de la inversión, las compañías se enfrentan a todo un reto: el importante esfuerzo económico para desplegar estas redes móviles de última generación con la presión de la deuda y de los mercados y una fortísima competencia. Juegan con una baza: los fondos europeos. El Gobierno pretende invertir más de 4.300 millones de euros hasta 2025 (883 millones ya están previstos para 2021) y buena parte se financiará a través de fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para ello, el Gobierno ya está negociando con la Comisión Europea, como ya hiciera en el pasado con los planes vinculados a la fibra, para que se relajen las restricciones de la normativa de ayuda de estado y así autorizar estos desembolsos con una mayor agilidad.
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