Red Eléctrica de España (REE), empresa estratégica propiedad de la SEPI en un 20%, necesita crecer. La compañía que preside el exministro socialista Jordi Sevilla cotiza en el Ibex, tiene dos terceras partes de su capital en manos de inversores institucionales extranjeros y está obligada a ofrecer rentabilidad. Por el lado de las actividades reguladas lo tiene difícil tras los recortes a la retribución propuestos por la CNMC. Por ello, el nuevo plan estratégico que el consejo de administración de la empresa va a analizar la próxima semana, está orientado a la búsqueda de oportunidades en el exterior, especialmente en Brasil, México y la más difícil opción de EE UU. REE prevé invertir 7.000 millones a partir de 2020.
Las líneas maestras del plan estratégico 2020-2025 de REE están definidas, según señalan fuentes de la compañía. La clave es la internacionalización porque las actividades reguladas -transporte y distribución de electricidad- no da más de sí. REE cobra anualmente por transportar la electricidad a través de su red de 44.000 kilómetros 1.710 millones de euros, según los informes de Competencia. Tal cifra representa -siempre según esta-, el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.
Pero la CNMC impulsa un recorte de la retribución desde el 6,5% al 5,58% (-14,5%), lo que supondrá un mordisco de ingresos de 125 millones anuales sin que mermen, por el contrario, las obligaciones de inversión para hacer frente al boom de la generación renovable.
Un pie en Latinoamérica
Se impone, por lo tanto, el plan de invertir en el exterior. REE mira, sobre todo a Latinoamérica -está presente en Perú y Chile- para cambiar el peso de la actividad interior (93% del negocio) respecto a la exterior (7%). Brasil y México son las áreas a explorar. También EE UU -un mercado más difícil- por el refuerzo de imagen ante los inversores institucionales, según detallan fuentes internas de la empresa.
El plan inversor tiene un punto difuso: Hispasat, una empresa estratégica para el Estado por su papel en las telecomunicaciones y la defensa. Sevilla lo dejó claro a finales del pasado año: la decisión de comprar Hispasat, propiedad de ACS y de la italiana Atlantia que piden por ella 1.300 millones, corresponde al Gobierno. La compañía de satélites controla, entre otros proyectos, los satélites de uso militar de Hisdesat (43% de Hispasat y 30% del Ministerio de Defensa), lo que condiciona el proceso de venta.
Sevilla tiene como objetivo,además de invertir en el exterior, digitalizar la compañía para colocarla en el centro del proceso de transición energética que se viene encima. Por eso, la compra de la compañía de satélites Hispasat -negociada desde 2017 por su antecesor en la presidencia, José Folgado- no es una prioridad. La decisión está, en todo caso, en manos del Ejecutivo.
Control de solvencia
El plan estratégico de REE coincide con la comunicación elaborada por la CNMC para extremar el control de solvencia de las empresas energéticas con actividades reguladas. Aunque el Ministerio de Transición Ecológica es el que tiene las competencias últimas, los parámetros de solvencia que impulsa la CNMC en deuda, apalancamiento, determinarán si se autorizan o no las operaciones (toma de participaciones) que pudieran emprender y que están obligadas a comunicar.
Tras la comunicación de Competencia está la idea de que compañías reguladas -caso Red Eléctrica de España o de Enagás- no se empeñen en políticas de inversiones que pudieran poner en riesgo las infraestructuras estratégicas tanto del sector eléctrico como el gasista. Los recelos del supervisor se recogieron en un informe sobre la situación económico-financiera de la actividad de distribución de electricidad en el periodo 2013-2016. En el informe, la Comisión manifiestó su "preocupación" por el elevado grado de apalancamiento -relación entre deuda neta y recursos propios- de REE, superior al 80% entre 2013 y 2016.
La CNMC no está sola al plantear nuevas exigencias a las empresas. El Ministerio para la Transición Ecológica, en el decreto-ley 1/2019 de reparto de competencias con la CNMC considera también "necesario y urgente" introducir el principio de prudencia financiera para retribuir a las empresas reguladas y garantizar un endeudamiento adecuado y una estructura de deuda sostenible.
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