El debate sobre cómo "limpiar" de cargas el recibo eléctrico y distribuir los costes del despliegue renovable entre todos los consumidores no es nuevo. Sí lo es la decisión de aligerar el recibo en 7.000 millones en cinco años -lo que cuesta financiar las renovables- para repartir la carga también con los consumidores de carburantes y de gas. El anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha sido bien acogido por las compañías eléctricas y en el sector renovable, pero amenaza con abrir una nueva guerra con las petroleras que ya cuestionaron los planes del Gobierno para penalizar el diésel. El sector gasista también ha recibido la iniciativa con recelo.
Los planes del Gobierno afectan a todas las empresas, hasta un millar, que comercializan productos energéticos. Son ellas las que tendrán que hacer aportaciones, según sus ventas, al nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) destinado a cubrir la parte del recibo que financia las renovables. Las empresas podrán trasladar las aportaciones a sus clientes, lo que encarecerá el precio del gas y de los carburantes.
El impacto es distinto según los sectores. Y también lo son las reacciones. Las petroleras, a las que les corresponderá el 43% del esfuerzo, han acogido la propuesta con recelo. Estiman un impacto de 2.085 millones en el sector en cinco años, con una subida de 7 céntimos por litro de gasolina y gasóleo. A falta de analizar el anteproyecto en profundidad, las compañías recuerdan lo sucedido en el año 2014 con el Fondo de Eficiencia para el sector energético que creó José Manuel Soria (PP). Petroleras, eléctricas y gasistas pleitearon contra la obligación de pagar más de 200 millones de euros anuales al fondo. El pulso duró cinco años. Hasta que el Tribunal Supremo consideró en 2019 que las aportaciones impuestas eran conformes a derecho.
Un fondo controvertido
Las compañías más afectadas por la nueva distribución de cargas para apoyar el despliegue renovable son Repsol, Cepsa y la gasista Naturgy. Por ventas, son las que tendrán que asumir la parte más importante del nuevo fondo, en línea con lo que ya ocurre con el controvertido Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
El nuevo roce con el Gobierno de Pedro Sánchez reabre heridas. En 2018, en el acto público de celebración de los 25 años de la asociación petrolera AOP, su presidente Luis Aires cargó en presencia de la entonces ministra contra los planes de su departamento para prohibir los vehículos contaminantes en 2040. Según detalló Aires, la medida anunciada afectaba a la libertad de consumo de los ciudadanos, vulneraba el principio de neutralidad tecnológica, afectaba a las ventas e incrementará la antigüedad del parque móvil y, por lo tanto, las emisiones. La polémica reciente sobre el impuesto al diésel -paralizado por el PNV en la negociación presupuestaria- ha aumentado los recelos.
En las empresas gasistas, el anuncio tampoco ha sentado bien. Fuentes empresariales señalan que el anteproyecto ha causado "sorpresa y recelo". Esperaban el traslado de costes desde el recibo eléctrico a los presupuestos generales, una vieja reclamación de las compañías eléctricas, pero no un reparto de cargas entre comercializadoras que penaliza al sector del gas, que en su opinión, ha hecho un gran esfuerzo inversor para actuar como respaldo -back up- de las energías renovables.
Las eléctricas, por el contrario, han recibido bien el plan de Ribera. La asociación eléctrica Aelec (la antigua Unesa), a la que pertenecen todas las grandes compañías, asegura que la propuesta, además de reducir un 13% la factura de los consumidores "da coherencia al proceso de descarbonización y supone un impulso al proceso de transición energética". Recuerda también que el sector eléctrico ha cuestionado siempre " la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero". El consejero delegado de Endesa, José Bogas resumió la opinión del sector al calificar el nuevo fondo de "instrumento fundamental para la descarbonización".
Aportación gradual
Según lo adelantado por el Ministerio de Transición, la obligación de contribuir al nuevo fondo será gradual durante los próximos cinco años, de forma que el primer ejercicio se financie un 20% de los 7.000 millones destinados a desplegar renovables, un 40% el segundo año y así hasta llegar al 100% en 2026. El reparto según las ventas hará que el mayor esfuerzo recaiga sobre las petroleras (43%), seguidas por las eléctricas (31%) y las gasistas (25%). Fuentes del ministerio sostienen que la creación del nuevo fondo supone una "prestación no tributaria" con una justificación "jurídicamente sólida".
En anteproyecto, una vez que el Consejo de Ministros lo vea en una segunda lectora, se tramitará por vía de urgencia. Podría entrar en vigor en la primera mitad del año próximo. El plan contempla exenciones en la contribución de las comercializadoras de energía. Exime a los hidrocarburos consumidos en la generación eléctrica, el queroseno que emplea la aviación comercial y el gasóleo agrícola. Prevé también compensaciones para los consumidores electrointensivos; la industria basada en el consumo del gas y el gasoil y la gasolina para usos profesionales. El ministerio considera difícil saber hasta qué punto las empresas van a repercutir la contribución al fondo a los precios. Dependerá, aseguran, de los márgenes y de los territorios en los que operen.
La gran justificación del plan es que el mecanismo de financiación del sistema eléctrico creado a partir de la Ley 15/2012, con los recargos al carbón, las nucleares, el impuesto a la generación (7%) y el canon del agua ya no funciona. La recaudación-en torno a 3.000 millones por año-no es suficiente. En 2019 ha habido más de 500 millones de déficit tarifario que ha tenido que ser cubierto con excedentes de años anteriores. El sistema cojea y la ley obliga al equilibrio de ingresos y gastos.
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