El final del veto a las portabilidades fijas impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en el estado de alarma se acerca. Y el sector de las telecos se vuelve a dividir. A un lado se encuentran grandes operadores como Orange, que apuesta más por alargar esta suspensión hasta incluso junio mientras dure el estado de alarma. Al otro están compañías más pequeñas y operadores alternativos, que reclaman que se pueda iniciar la actividad a partir del próximo 11 de mayo. El Gobierno estudia ya cuándo se reabrirá y a qué fase de la desescalada vincularlo después de mes y medio con restricciones justificadas por la seguridad de los clientes y los instaladores. Pero no hay nada decidido aún.
El decreto de mediados de marzo de medidas urgentes extraordinarias para abordar la crisis del coronavirus incluía una medida histórica: la suspensión de la portabilidad móvil y fija en España. En la práctica, y en un mercado que apenas crece, implicaba paralizar por completo el sector, pues buena parte de las ganancias de clientes se completan robándolos a otro competidor. Tras las reivindicaciones de los operadores más pequeños, entre los que se encontraba Másmóvil, Digi o los OMV, dos semanas después se abría la mano parcialmente: se permitían las portabilidades móviles, pero no las fijas, que son las que implican el traslado de un técnico al hogar de los clientes.
El Gobierno ya ha planteado su propuesta de plan de desescalada tras más de un mes de y medio de confinamiento extremo. En esta se incluye una serie de fases que implicarán una reapertura de negocios progresiva y una vuelta a la llamada 'nueva normalidad' en un plazo inicial de unas ocho semanas. Pero todo ello desde un estado de alarma que, como mínimo, se mantendrá hasta el próximo 25 de mayo tras la nueva prórroga que llevará al Congreso Pedro Sánchez, tal y como anunció recientemente. Ese estado de alarma es la guía que ha fijado Orange para mantener en suspenso la portabilidad fija.
El consejero delegado de la operadora francesa, Laurent Paillassot, insistió en que "lo más lógico" es mantener el 'statu quo' hasta que se decrete el final del estado de alarma. Por tanto, plantea que al menos sigan suspendidas hasta el próximo 23 de mayo pese a que algunas comunidades o provincias entren en fase 1 a partir del día 11 y los bares y restaurantes puedan abrir sus terrazas al 30% de su ocupación. O los hoteles puedan hacer lo propio excluyendo las zonas comunes. "No sabemos cuándo va a ser ese fin, pero no parece muy lejano y sería en mayo o junio; lo más razonable es seguir garantizando las redes", defendió Ignacio de Orúe, director RRHH y Relaciones Institucionales.
Orange fue uno de los que, junto a Vodafone o Telefónica, defendieron la idoneidad de la suspensión de la portabilidad cuando arrancó el estado de alarma. "No vemos que sea útil cambiar nada; vamos a volver a la normalidad, pero gastar tiempo y energía en esto no tiene mucho valor", argumenta Paillassot. Este freno a los cambios de operador le benefició tras unos primeros meses de caída significativa, tal y como reflejaban los datos que ahora ha hecho públicos en sus resultados trimestrales. En concreto, en fibra perdieron 59.000 y en móvil 127.000 en esos tres primeros meses. ¿En abril? Según las cifras aportadas por fuentes del sector a las que ha tenido acceso este medio, ha perdido algo más de 12.000 en móvil.
Frente a la posición del gran operador, encarnada por Orange, se encuentra la de los operadores alternativos. Fuentes de estos últimos defienden la idoneidad de la vuelta a la normalidad cuando se inicie esa fase 1 a partir del 11 de mayo, si no hay cambios de fechas. Entienden que se está hurtando al cliente la posibilidad de elegir y se estaría ralentizando la vuelta a la normalidad de manera artificial por parte del Gobierno. Lógicamente, estas son compañías cuyo éxito radica precisamente en la portabilidad y el crecimiento de clientes en base a esos 'robos'.
El consejero delegado de Euskaltel, José Miguel García, dijo ante los analistas la pasada semana que esperaban que las portabilidades volverían a la normalidad de forma inmediata, no más allá del 10 de mayo, tras la conclusión del estado de alarma. En caso de que se alargue más, acabaría afectando al esperado lanzamiento de Virgin, su segunda marca con la que quiere batallar en toda España con el resto de grandes operadores. Su homólogo en Másmóvil, Meinrad Spenger, lamentó en marzo que se estaba eliminando ese derecho de los consumidores a elegir el operador.
Al margen de los operadores, los sindicatos han mostrado sus dudas sobre el levantamiento de las restricciones y los efectos en la comercialización de productos en las últimas semanas. En la primera semana de abril, UGT trató de presionar al Gobierno exigiendo que diera marcha atrás y suspendiera todas las portabilidades. "La apertura de las campañas conllevará la reapertura masiva de los centros de llamadas, lo que inevitablemente supondrá un riesgo físico y sanitario para los trabajadores, incompatibles con las restricciones de movilidad", apuntaban desde UGT.
La realidad ha sido bien distinta durante el mes de abril. Según confirmaban fuentes conocedoras a La Información, los cambios de operador que se estaban firmando en abril eran un 75% inferiores a la media de los meses anteriores, que había superado los 600.000. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) corroboró esa caída. Según las estadísticas de este abril, Vodafone y Másmóvil han sido los ganadores, frente a las caídas de Telefónica y, sobre todo, Orange.
Mientras cada actor se posiciona, el Gobierno aún no ha fijado una fecha para ese levantamiento. Según explican a este medio fuentes oficiales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se está estudiando la mejor manera de acompasar esa decisión con las fases del plan de desescalada, tratando de mantener el equilibrio entre no hurtar la posibilidad de cambiar de operador y la seguridad de trabajadores y clientes. Reconocen que se trata de una "situación muy compleja". Deberá dar un calendario en los próximos días.
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