En España se han aprobado desde 1950 un total de 424.000 normas, 11.737 de ellas solo en 2018, último año del que hay datos. Estas son las cifras que aporta un informe del Banco de España sobre el caos regulatorio que existe en nuestro país y su relación directa con el número de empresas que se crean. Y las conclusiones son claras: a mayor cantidad de normas, menos número de empresas grandes. Este hecho hace que el tejido empresarial español, ya de por sí colmado de pymes, siga debilitándose.
La complejidad del marco regulatorio, aproximado por el volumen de aprobación de nuevas normas cada año, se relaciona negativamente con el nivel de empresas. Así, y según el citado informe, un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con una reducción de las empresas de sociedad limitada -SL- del 0,12%. En cambio, y al contrario con lo que ocurre con este tipo de compañías, con el mismo nivel de aumento en las normas el reflejo para las personas físicas con actividad empresarial es positivo, en un 0,06%.
Pese a todo ello, si se cruzan los datos, el impacto total es negativo. Atendiendo al tamaño de las empresas se puede obtener un dato claro: la alta regulación como la que existe en España lo que hace es dificultar la presencia de competidores grandes que podrían trabajar en varios mercados regionales al mismo tiempo y aumentar la de pequeñas empresas que operan habitualmente en un mercado local o provincial. Un reflejo del tejido empresarial español.
El citado informe pone un ejemplo concreto que clarifica la situación: la normativa sobre gestión de residuos. Una empresa de gran tamaño interesada en entrar en este mercado se vería obligada a conocer la especificidad de la normativa de cada ayuntamiento, es decir, decenas de páginas de regulación en cada caso, y necesitar, probablemente, la asesoría de gestores legales. Sin embargo, un pequeño empresario especializado solamente en la normativa de residuos de un ayuntamiento encontraría un nicho de mercado en el que podría subsistir.
Esta diferencia también se puede apreciar en el capital de las compañías que se crean. Así, se observaría menos capital en las empresas entrantes, con una reducción superior al 1,4%, coincidente con un incremento del 1% de regulación. Esta observación podría proporcionar un argumento explicativo más para la importante presencia de pequeñas empresas en la economía española y tener implicaciones relevantes en términos de eficiencia, según señala.
Antes había más normas estatales, ahora de CCAA
El análisis que lleva a cabo este informe del Banco de España permite observar que la actividad normativa de las distintas administraciones públicas ha cambiado de forma relevante en las últimas décadas. Así, y según sus propios datos, en 1979 la mayor parte de la normativa provenía de la Administración Central, y hoy la parte mayoritaria proviene de las Comunidades Autónomas, ya que gran parte de las competencias están trasferidas.
Por otro lado, la regulación local -también cuantiosa- que se puede obtener de la base de datos de Aranzadi, habría ido en aumento hasta alcanzar un peso "no despreciable", señala el informe. La cifra de 11.737 nuevas normas en 2018 dista mucho con la conseguida en otros momentos. Así, es cuatro veces superior a la cifra de 1979 -cuando se contabilizaron 3.012 normas- y a la de 1995, a mediados del período democrático, cuando esta cifra era de 7.918 normas.
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