El pulso que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) mantiene con Renfe sobre la liberalización del mercado ferroviario podría entrar en una primera vía muerta después del auto con que la Audiencia Nacional ha tumbado la obligación impuesta a la compañía pública para que someta a licitación el mantenimiento de las locomotoras que alquila a otras empresas operadoras. La medida constituía uno de los requerimientos básicos exigidos por el regulador dentro del proceso orientado a facilitar la competencia en el transporte ferroviario de mercancías.
La CNMC y Renfe se han enzarzado en un singular toma y daca a raíz del empeño del regulador por desmontar de facto la antigua Red Nacional de Ferrocarriles. El último episodio de la batalla ha sido el informe emitido la pasada semana por la entidad que preside José María Marín Quemada en el que se cuestiona la capacidad para rentabilizar la extensa infraestructura española de Alta Velocidad (AVE) mientras no se incorporen nuevos operadores al mercado. Renfe es consciente de que la liberalización va a suponer un marco de competencia abierta pero trata de controlar el proceso para que no se cuelen en el mercado doméstico los más peligrosos rivales extranjeros respaldados por sus respectivos Estados nacionales.
Las posiciones encontradas han derivado en una batalla jurídica toda vez que la empresa dependiente del Ministerio de Fomento ha encargado a sus asesores legales una actuación decidida para impugnar y recurrir en sede judicial y de manera sistemática las regulaciones que emanan de la CNMC. El ejemplo más notorio de esta confrontación en los tribunales ha sido la denuncia en vía contencioso-administrativa que Renfe presentó a finales de diciembre pasado contra el respaldo efectivo de la CNMC al proyecto desarrollado por Air Nostrum y Acciona para operar un servicio ferroviario entre Madrid y la localidad francesa de Montpellier.
La operadora pública alega que los planes de Intermodalidad del Levante (ILSA), la empresa creada por la aerolínea valenciana y la constructora de la familia Entrecanales, tienen como objeto principal abrir una cabeza de puente en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona, compitiendo por tanto en un corredor que todavía no ha sido liberalizado. Desde este punto de vista la configuración de una ruta con destino en Francia sólo sería una forma de enmascarar el proyecto bajo un sello internacional aprovechando el guante tendido de la CNMC. No en balde, el organismo regulador considera que un servicio ferroviario tiene 'pasaporte internacional' con el mero hecho de que un 30% de su negocio y sus viajeros procedan del trayecto no español.
En estrecha vinculación con el programa de liberalización sectorial Renfe ha venido diseñando en los últimos años un nuevo modelo de gestión en un claro ejercicio de adaptación al cambio que trata de prevenir males mayores de cara al momento cumbre de diciembre de 2020. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del PSOE no han tenido más remedio que asumir las directrices de la Comisión Europea pero han ido retrasando hasta el último instante la apertura del mercado del AVE, que finalmente tendrá lugar a finales del próximo año. Esta es la fecha límite de que dispone ahora Renfe para marcar claramente el terreno a la nueva competencia y en este empeño es donde han surgido las principales controversias con la CNMC.
Política comercial y libertad de empresa
Hasta ahora los tribunales no habían dado ninguna señal significativa que pudiera decantar la balanza, pero el auto de la Audiencia Nacional admitiendo el recurso de Renfe para no tener que licitar obligatoriamente el mantenimiento de sus locomotoras puede resultar harto elocuente. La sala de lo contencioso-administrativo ha admitido a tal efecto las medidas cautelaras para dejar sin efecto una resolución de la CNMC que, de otra forma, habría provocado la modificación por parte de Renfe de "determinados elementos esenciales de su política comercial". La ponencia de la magistrada Mercedes Pedraz incide en que la imposición del regulador "provocaría una modificación de las condiciones de mercado que sería imposible de revertir".
La Audiencia Nacional carga de paso contra la CNMC señalando que "carece manifiestamente de habilitación competencial para imponer obligaciones ablativas de derechos constitucionalmente reconocidos, como la libertad de empresa, cuyo contenido sólo puede regularse por norma de rango legal...". Bajo estos términos está claro que Renfe ha pasado de la 'vía estrecha' a la banda ancha en su guerra de influencias con el organismo regulador, sin duda alguna el principal 'martillo pilón' con que se enfrenta la operadora en su pugna por hacer valer el peso del antiguo monopolio ferroviario en España.
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