La transferencia de las competencias de Renfe hacia Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) acostumbra a ser un asunto recurrente, con una importancia que sube y baja a medida que lo hace el clima político. El denominador común en cualquier caso siempre es la polémica. Y para este 2021 apunta a estar en máximos, después de ver cómo la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el personal y los activos del operador nacional cambien de manos en Cataluña. Sus declaraciones han movilizado a todo el personal de la compañía, que han pedido explicaciones a los implicados, sin recibir aún respuesta. A falta de días para una cumbre entre el Gobierno central y el de Cataluña que definirá parte de este plan, la presión ha ido en aumento esta semana, cuando se ha empezado a explorar la vía política por parte de los empleados e incluso se preparan las primeras movilizaciones.
Así lo aseguran fuentes del sector ferroviario de Comisiones Obreras (CCOO) en conversación con La Información. El sindicato ha contactado durante estos días con miembros del grupo parlamentario socialista y del de Unidas Podemos. Al igual que el resto de organizaciones internas en Renfe, no ha recibido todavía respuesta de la compañía pública estatal ni tampoco de parte del Ministerio de Transportes (MITMA) pese a la insistencia, por lo que la nueva opción pasa por obtener respuesta de parte de los partidos que componen el Ejecutivo central.
Todo avanzará a mayor velocidad a partir de este miércoles 8 de septiembre. Tanto Comisiones Obreras como el resto de sindicatos están citados a una reunión extraordinaria del Comité General de Empresa a nivel grupo, en Renfe, para abordar la posible transferencia de competencias así como las medidas de contestación. "Nadie debe dudar de que seremos contundentes", explica a este medio Miguel Ángel Escolano, máximo responsable de UGT-Ferroviarios, quien asegura que envió hace más de un mes una carta al propio Ministerio de Transportes y todavía no ha obtenido respuesta.
Mismo tono emplean desde el sindicato de maquinistas SEMAF, quienes históricamente han tenido mando en plaza en la compañía para poder negociar con la dirección y obtener resultados satisfactorios. Diego Martín, su secretario general, avanza que el conflicto puede desembocar en una dura huelga si no se les escucha. Considera que la transferencia de personal y activos de Renfe contraviene el acuerdo firmado en 2007, por el que la plantilla de la operadora no se puede segregar.
Más dura es la postura de Sindicato Ferroviario - SF, que se ha avanzado al resto de organizaciones y anunciaba ya movilizaciones para esta misma semana. Han comunicado a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya la celebración de sendas concentraciones este miércoles. El objetivo, según explican, no es otro que "lanzar un mensaje de unidad" y "pelear para evitar esta agresión que se pretende".
Queda por ver el desarrollo de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Con el objetivo de conceder posibles nuevas competencias a la región en el marco de la negociación previa a los próximos Presupuestos Generales del Estado, ambos mandatarios se han citado para el lunes 13 de septiembre. La fecha se fijó en verano, cuando Aragonès comunicó que iban a ser muy ambiciosos en esta nueva mesa de diálogo. "Vamos a ir con toda la determinación a defender un referéndum sobre la independencia de Cataluña, y la amnistía. Por esto, no será fácil. Tenemos una oportunidad. El Estado tendrá que hacer una propuesta de Estado", dijo.
La postura de Transportes
La mecha prendió hace apenas un mes. Tras su nombramiento como sustituta de José Luis Ábalos, la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sorprendía en una entrevista con sus declaraciones sobre un posible traspaso de competencias a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). "Estoy convencida de que esta transferencia estará culminada este año", afirmó de manera rotunda el pasado 1 de agosto.
Desde entonces, no ha habido mayor concreción ni avance sobre cómo se articulará esa propuesta. A día de hoy, tanto Renfe como el gestor de la infraestructura Adif -ambos dependen directamente del MITMA- son los encargados de todo lo relativo a vías y trenes. La Generalitat, no obstante, tiene un margen reducido de competencias que le limitan a la gestión de horarios y a la fijación de tarifas. Este reparto de tareas ha sido históricamente el motivo de reproches políticos entre diferentes Ejecutivos, sobre todo cada vez que se han producido reclamaciones de los viajeros. “Si desde el Gobierno español no son capaces de gestionar el servicio, nosotros no eludiremos la responsabilidad”, afirmó ya en 2017 la entonces consellera de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté. Cuatro años después, parece que están más cerca que nunca de conseguirlo.
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