Es el Ever Given del Canal de Suez en la red eléctrica. Tres meses después de que el Gobierno diera luz verde al decreto de acceso y conexión para poner orden en la especulación con los derechos de enganche y dos meses después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobara la circular con la metodología aplicable, sigue el gran atasco. Fuentes empresariales aseguran que el tapón afecta ya a proyectos industriales de autoconsumo -por encima de 15 kW- y al desarrollo de plantas fotovoltaicas. Todo porque falta una pieza clave en la normativa: las especificaciones técnicas de los enganches, que deben ser aprobadas por la CNMC y que sirven al gestor del sistema, Red Eléctrica de España(REE), para calcular la potencia disponible es cada subestación.
El trombo en la malla eléctrica tiene números. En 2020 se instalaron en España cerca de 600 MW de nueva potencia fotovoltaica, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Del total, un 56% en el sector industrial y un 23% en el sector comercial. Con el ritmo de desarrollo previsto, el bloqueo estaría afectando como mínimo a tres cuartas partes de los nuevos MW en desarrollo, con un valor, según las fuentes consultadas, por encima de los 200 millones de euros. La falta de especificaciones técnicas ha afectado incluso a la convocatoria de la subasta renovable convocada en las Islas Baleares.
La CNMC relativiza el problema. Las fuentes consultadas en el organismo sostienen que no existe bloqueo. Lo que hay, aseguran, es una cierta confusión con el plazo para aprobar la resolución de especificaciones para la conexión a la red. Empresas y promotores explican que el decreto de acceso y conexión aprobado a finales de año contemplaba tres meses para que empresas y proyectos se ajustaran a la norma. La lectura de la CNMC es distinta: los tres meses no son un plazo máximo, sino mínimo. Para aclararlo se remiten a la circular 1/2021. La norma recoge que "la resolución de esta Comisión, por la cual se aprueben las especificaciones de detalle (...) establecerá un plazo, no inferior a los tres meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 1183/2020". No hay, por lo tanto, ni retraso ni bloqueo. Todo está en plazo.
Un sector afiebrado
La carrera para poner orden en un sector energético afiebrado continúa. Empresas y fondos se emplean con intensidad para instalar 60 GW "verdes" en los próximos 10 años en medio de un continuo anuncio de salidas a Bolsa y operaciones corporativas. Desde junio pasado, tanto el Gobierno -vía decretos- como la CNMC se han empeñado en frenar una espiral especulativa que llevó los números a niveles disparatados. Los datos del gestor del sistema eléctrico -Red Eléctrica de España- llegaron a reflejar un total de 121,7 GW de potencia eólica y fotovoltaica con derechos de acceso y conexión concedidos, más otros 47,6 GW en tramitación. Esa potencia duplicaba las previsiones de nueva energía verde del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta el año 2030.
El Gobierno ofreció -decreto mediante- una retirada a tiempo -recuperando avales- a las adjudicaciones menos sólidas. De la noche a la mañana desaparecieron 40 GW en solicitudes de acceso. Pero la tensión continúa. Competencia lo sabe bien. En 2020 recibió un aluvión de quejas por las dificultades para administrar los derechos de enganche. En estos momentos, según fuentes del regulador, hay 158 expedientes en tramitación. La media de tramitación se sitúa en un año cuando el plazo previsto es de tres meses. Otro señor atasco.
Los codazos de las empresas con la Administración y de las empresas entre sí acabaron en algo más que palabras. La CNMC mantiene abierto un expediente sancionador contra Enel Green Power, S.L. (Enel) y su matriz Endesa Generación, S.A. por presuntas prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. En concreto, Competencia investiga un posible abuso por parte de Enel de su posición dominante en el mercado de acceso y conexión para beneficiar a empresas de su grupo, algo que niega la compañía.
Nudos copados
Poco a poco, pese a las tensiones, la situación mejora, aunque en algunas comunidades, la actividad especulativa ha copado los nudos de acceso a la red e impide el desarrollo de proyectos locales y de pequeño tamaño. Con las normas ya aprobadas , el panorama se ha aclarado, aunque no por completo. El cuello de botella existe. Incluso si la CNMC acelera para desatascar el canal de permisos, REE necesitará tiempo. La compañía advierte a los solicitantes que puede necesitar hasta dos meses para verificar información y determinar la concesión del permiso.
La compañía participada por la SEPi (20%) prevé invertir 2.800 millones en los próximos cinco años en su faceta de transportista único y operador del sistema eléctrico (TSO) para digerir la explosión renovable que supone la incorporación prevista de 6.000 MW anuales durante la próxima década. Así lo recoge en el nuevo plan estratégico presentado por la compañía. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética hasta 2030, contempla una inversión en redes y electrificación de 58.579 millones de euros hasta 2030.
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