El atasco en el desarrollo de proyectos renovables empieza a ser tema habitual en los foros del sector. En los corrillos que se forman en estos encuentros, además de cargar contra la Administración, los operadores 100% verdes han empezado a señalar a los gigantes del mercado energético, que, a través de sus filiales de distribución de redes, tienen la llave de los puntos de conexión que los 'nativos' renovables necesitan para volcar su energía al sistema.
En España existen cerca de 300 distribuidoras de electricidad. Alrededor del 95% del acceso a la red se encuentra bajo el paraguas de las tres grandes eléctricas verticalmente integradas. Naturgy (mediante UFD, filial de gestión de redes de conexión eléctrica de la gasista) domina en Castilla-La Mancha. Endesa (E-distribución) se ha hecho con el control de Andalucía. Iberdrola (i-DE) ha consolidado sus dominios en Castilla y León y Extramadura.
A bastante distancia respecto a las tres anteriores, se sitúan EDP (E-REDES), que se ha hecho fuerte en Asturias, y Viesgo, también enfocado en la zona norte, sobre todo en Galicia. La extensión de redes bajo gestión de las tres primeras y su alto valor estratégico, dadas las excelentes condiciones meteorológicas que concurren en los territorios donde Naturgy, Iberdrola y Endesa han puesto la pica, explica que sean estas las que acumulan un mayor número de solicitudes de acceso.
El criterio que aplica cada una de estas compañías para conceder o denegar a las renovables los permiso de acceso a sus redes de distribución no siempre es el mismo. "Las grandes distribuidoras deben ponerse las pilas, solucionar cuanto antes el caos que existe en la tramitación de solicitudes o, de lo contrario, España no cumplirá a tiempo con los objetivos nacionales de producción renovable", señalan a La Información desde uno de las compañías fotovoltaicas más importantes del país.
En muchos de los casos en los que la distribuidora acaba rechazando la concesión del permiso, los operadores renovables llaman a la puerta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que valore su caso y emita un informe. Actualmente, el organismo regulador acumula alrededor de doscientos conflictos de acceso.
Y es que existe cierto desorden en la metodología que se aplica para resolver las solicitudes de acceso a las redes. Dado que las renovables deben tramitar en paralelo el acceso a la red de transporte, que gestiona Red Eléctrica (REE), y no existe coordinación en ambos trámites. REE tiene la obligación de dejar en suspenso aquellas solicitudes que afecten a puntos eléctricos (nudos) susceptibles de adjudicarse en concursos de capacidad, decisión que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.
Por esta razón, con relativa frecuencia, las eléctricas deniegan de forma precipitada el acceso a la red de distribución a los operadores verdes. Esto es, antes de que REE resuelva y sin que, por lo tanto, se pueda llegar a afirmar que no hay capacidad. Este enredo ha puesto en el foco la urgencia de reformar la normativa de acceso a las redes, máxime en el actual escenario europeo de lucha por la independencia energética.
La CNMC acumula unas doscientos reclamaciones interpuestas por renovables que no han obtenido el permiso para volcar su energía a la red
Hace unos días, la CNMC sentó un precedente en esta materia. A raíz de dos conflictos presentados contra Endesa, el supervisor falló a favor de los operadores verdes cuyas solicitudes habían sido rechazados por la eléctrica que dirige José Bogas. La citada resolución ha sido entendida por el sector como un punto de inflexión en el procedimiento de acceso y conexión, así como una garantía de que se va a respetar el orden de prelación o prioridad temporal en la entrada de renovables en la red de distribución.
En España, la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica se fija por resolución de la CNMC para periodos de seis años, con capacidad de realizar pequeñas revisiones cada trienio. El marco retributivo actualmente vigente arrancó en 2020, por lo que el próximo no se aplicará hasta 2026. Este calendario ha evitado a las grandes eléctricas afrontar un episodio como el que ha tenido lugar en Reino Unido, que para luchar contra la escalada de la luz, ha sacado la 'tijera' contra los ingresos que reciben las compañías del sector en el país por sus redes de distribución, aprovechando que este año vencían sus actuales parámetros retributivos.
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