El sector de las energías renovables en general y el sector fotovoltaico en particular están al borde del pánico. El Gobierno de Pedro Sánchez elaboró un anteproyecto de ley para retribuir las actividades reguladas en el periodo 2020-2025 que era como la venda para una herida abierta. Tras los recortes de primas de 2013, el anteproyecto recogía una retribución del 7,39% para las instalaciones renovables anteriores a la aprobación de la norma y hasta el año 2031. Para los más de 60.000 inversores fotovoltaicos, el anteproyecto era un bálsamo. Consolidaba las iniciativas que prácticamente todos los partidos, aunque cada uno por su lado, habían planteado para remediar la situación.
La convocatoria de elecciones ha complicado las cosas. Los partidos,especialmente PP y Ciudadanos (Cs), comprenden los apuros de los fotovoltaicos. Apoyan sus demandas incluso. Pero se ajustan a lo que marca la táctica política. Las cinco grandes asociaciones del sector -Appa, AEE, Anpier, Protermosolar y Unef- han solicitado al Ministerio de Transición que apruebe por decreto las retribuciones previstas. Pero PP y Cs tienen un problema: apoyar el decreto y su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso supondría tumbar el argumento de que el PSOE no debe utilizar las instituciones como arma electoral.
El portavoz del PP, Guillermo Mariscal, admite que "el tema (del decreto de retribuciones a las renovables) está en debate en el seno del partido, y no hay una decisión tomada". La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también tiene sus reservas. Apoya las posiciones del sector, afirma, "pero no puede apoyar un decreto que no ha visto". Además, reprocha al Gobierno que no haya pulsado directamente la posición de Ciudadanos y haya utilizado a las asociaciones del sector. "Tanto no les debe importar (el sector)" afirma.
Una negociación intensa
El presidente de la asociación de productores fotovoltaicos Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha mantenido encuentros con el Gobierno y con los partidos para buscar el consenso. "Ha sido una gincana" explica "en la que todos los partidos se han mostrado sensibles ante la posibilidad de que el sector de las renovables vuelva a registrar una situación difícil y de incertidumbre". Pero todos han expresado también que existen dificultades para despejar la situación. Entre otras cosas exigen que el decreto -en caso de que lo apruebe el Consejo de Ministros- se centre únicamente en la retribución del sector, sin incluir otras cuestiones.
Con el PP, Anpier ha mantenido contactos con Mariscal y con el secretario general del partido Teodoro García Egea (PP); también ha hablado con Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, así como con representantes de todo el arco parlamentario, salvo Foro Asturias, precisan fuentes de la asociación. A día de hoy, no han logrado un acuerdo cerrado que asegure las retribuciones. "Hay mucha incertidumbre, la banca (que financia los proyectos) vuelve a estar nerviosa y otra vez vuelve el fantasma de las ventas prácticamente regaladas" resume el Martínez-Aroca.
Si el trabajo de Anpier para buscar consensos no da fruto, el horizonte se oscurece para el sector. Podrían darse dos posibilidades: o un recorte automático de las retribución del 20% (del 7,6% de retribución actual al 4,5%) en aplicación de las normas que aprobó el anterior Gobierno o una posible prórroga de la retribución en vigor (7,6%) durante un periodo de seis años. No está clara ninguna de las dos opciones y hay pedidos informes jurídicos sobre el particular.
Más recortes y más pleitos
En caso de que el Gobierno no presente la iniciativa que reclama el sector renovable, se mantendrá el marco que fijó el Real Decreto-Ley de 2013 que recortó las primas a las renovables y que dio lugar a una gran litigiosidad tanto a nivel nacional como internacional.
Es un panorama sombrío. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó en el Congreso que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes de primas superan los 10.000 millones de euros. España ha perdido cinco de los siete laudos arbitrales que se han dictado hasta la fecha y permanecen abiertos otros 35 procedimientos de arbitraje internacional.
La incertidumbre retributiva coincide con un momento de despegue de las renovables, en especial del sector fotovoltaico tras años de parón. En 2018 se instalaron 261,7 megavatios de nueva potencia fotovoltaica, lo que supuso un incremento del 94% con respecto a los 135 megavatios de 2017 y cinco veces la potencia fotovoltaica (FV) instalada en 2016 (55 megavatios).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios