El 7 de mayo de 2009, el Gobierno presidido por Hugo Chávez hizo oficial una ley orgánica que tenía por objeto "la reserva al Estado, por su carácter estratégico, de bienes y servicios conexos a la realización de las actividades primarias de hidrocarburos, que serán ejecutadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA)". Comenzaba así una escalada sin precedentes por parte del chavismo para controlar desde el Estado el principal recurso del país. Así, hoy la empresa PDVSA presume de "planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de exploración, explotación, transporte, manufactura, refinación, almacenamiento y comercialización en materia de crudo". Un escenario que -junto con otras acciones perpetradas por el gobierno venezolano- ha provocado la fuga de decenas de energéticas internacionales del territorio.
Entre las pocas empresas que aún se mantienen con proyectos en el país está la española Repsol, que en sus dos últimos ejercicios registró un deterioro de 427 millones en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y que, además, define al país en sus informes como un "entorno complejo". Sin embargo, la celeridad con la que están transcurriendo los acontecimientos ha brindado a Repsol de una oportunidad única para revertir su tendencia negativa. El presidente norteamericano, Joe Biden, tras anunciar el veto a la importación de petróleo a Rusia, ha comenzado unos tímidos acercamientos hacia Venezuela, que el propio presidente, Nicolás Maduro, ha calificado de cordiales. Unas negociación que empujaría a la administración norteamericana a aliviar las sanciones contra el petróleo de Venezuela, lo que beneficiaría de forma directa a empresas allí asentadas, como Chevron (EEUU), ONGC (India) y la española Repsol.
La compañía española está presente en Venezuela a través de sus participaciones en productoras y distribuidoras de gas y en empresas mixtas de crudo. Sobre esta última destaca Petroquiriquire, donde Repsol alcanza una participación del 40%. Un porcentaje que es contrarrestado por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) -que tiene un 56%- y por PDVSA, que tiene el 4% restante. Por otro lado, el número de trabajadores que tiene la energética española en el país es, según su último informe, de 133 personas (seis menos que el año anterior).
Repsol cuenta con tres millones de barriles de petróleo y con diferentes proyectos por el norte del país. Los principales lugares donde está presente son: los campos de Quiriquire -del estado Monagas- Mene Grande y Barúa Motatán -en los estados Zulia y Trujillo- y en Petrocarabobo, un área que ocupa 382,86 kilómetros cuadrados. Unas actividades que no esconden la frágil situación que atraviesa la compañía en el territorio porque "la situación general del país está afectada por una economía en recesión, un sistema cambiario regulado, altos niveles de inflación y devaluaciones continuadas de la moneda local, un sector petrolero cuya producción se ha reducido significativamente en los últimos años, la inestabilidad política, el estado de emergencia económica y las medidas sancionadoras internacionales".
Tras las primeras leyes por parte del chavismo de controlar el mercado del crudo y después de las sanciones impuestas a su petróleo, muchos 'gigantes' del sector fueron abandonando su actividad en Venezuela, como la española Iberdrola, la china CNPC, la británica VP, la francesa Total o la noruega Equinor. Un goteo constante que no secundaron otras, como, por ejemplo, las norteamericanas Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford International.
La exposición patrimonial (inversiones) de Repsol en Venezuela se ha ido reduciendo en los últimos seis años, pasando de los más de 2.000 millones de euros en 2016 a poco menos de 300 millones en 2021. Unos datos que nos muestran que la energética española ha ido disminuyendo de forma progresiva su apuesta por el país venezolano. Aunque las presiones o los rumores sobre una posible salida de Repsol de Venezuela siempre han estado presentes, la compañía se ha mantenido firme en su idea de continuar en el país en el que lleva instalado casi 30 años. Una decisión que a priori parece que recoge sus frutos tras los primeros acercamientos entre Washington y Caracas, lo que invita a pensar en una hipotética reapertura del petróleo venezolano al mercado de Occidente.
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