El martes 22 de marzo, María Jesús Montero se presentó al 'cara a cara' con los primeros espadas del lobby petrolero con una idea fija. La ministra pretendía cerrar la reunión con un acuerdo de las operadoras que se tradujera en una rebaja concreta del precio de los carburantes, clave para zanjar el parón de los transportistas que tenía en jaque a la economía española. El propósito de la ministra de Hacienda sorprendió a todos los presentes en la sala, que previnieron a la responsable de política fiscal de que un movimiento como ese incurriría en una irregularidad por "concertación de precios", según relatan a La Información fuentes conocedoras de negociación.
En la reunión participaron José Antonio Carrillo, presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), y su homólogo de la Unión de Petroleros Independientes (UPI), José María Gordo. También el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el primer ejecutivo de Cepsa, Maarten Wetselaar, y el presidente de BP España, Andrés Guevara de la Vega. Montero tomó asiento frente a ellos, junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su directora adjunta del Gabinete, Amparo Fernández González.
De primeras, Montero instó a los responsables del sector a acordar una cifra para el inminente descuento al combustible, sugiriendo que el Gobierno articularía a posteriori las herramientas oportunas para ponerlo en práctica. Pero el frente empresarial pitó 'tiempo muerto' y trasladó a la ministra la inconveniencia de acordar una medida de impacto comercial en un encuentro a puerta cerrada entre varias empresas competidoras, instando a la titular de Hacienda a diseñar cualquier posible rebaja en la intimidad del ministerio. Montero captó la sugerencia y la cita se saldó con foto de familia, pero sin una propuesta en firme.
El Gobierno acordó con los transportistas la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible en la madrugada del jueves 24, dos días después del encuentro con las petroleras. Esas 48 horas de impase obligaron al Gobierno a articular a contrarreloj un mecanismo para compartir el peso de la medida entre las arcas públicas y las gasolineras, margen que las tres 'grandes', encabezadas por Repsol, emplearon para arrimar el hombro antes de tiempo anunciando descuentos que, en muchos casos, sobrepasaban el recorte acotado por el Ejecutivo.
Entre el jueves de marras y el martes siguiente, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley 6/2022 en el que quedó recogida la bonificación, Montero contactó con los líderes del lobby petrolero para compartir impresiones, ya de forma individual, y pulir la fórmula de reparto de costes, según avanzó en su día La Información. Esta quedó definida en 15 céntimos de aportación estatal y otros 5 céntimos con cargo a las cuentas de las petroleras.
La precaución de los gigantes del sector recortó el plazo previsto por Montero para poner a punto la maquinaria para acular la rebaja al combustible
El aviso de las petroleras responde, en buena medida, a su obligación de cumplir con las buenas prácticas de mercado que, en el caso del sector energético, vigila con especial celo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De hecho, fuentes del mercado no descartan que alguna compañía especialmente afectada por la medida pueda trasladar al supervisor que preside Cani Fernández sus recelos sobre supuestas prácticas anticompetitivas derivadas de la medida. Las fuentes consultadas indican que, precisamente por el modus operandi que adoptó el Gobierno, todo apunta a que una eventual denuncia no llegaría a prosperar.
Dada la precaución de los gigantes del sector, Montero contó con un plazo menor del previsto para poner a punto la maquinaria administrativa, algo que se ha dejado sentir en los problemas que están sufriendo algunas gasolineras para culminar con éxito los trámites de acceso al anticipo por descuento en el carburante.
El grueso de las estaciones de servicio low cost han criticado la medida, de hecho, a través de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) que representa a la mayoría de estos operadores, no descartan exigir al Gobierno "responsabilidad patrimonial" por los eventuales perjuicios derivados de la medida. "Estudiaremos actuaciones a nivel nacional como a nivel comunitario", confirmó la institución en un comunicado. Fuentes del Gobierno han asegurado a este medio que las transferencias del anticipo están llegando con dilación, en un plazo de 24 horas desde que los operadores completan el formulario, siempre que lo hagan correctamente.
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