Si no puedes con ellos, únete a ellos. Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para la transición ecológica y las exigencias de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuestionan el uso de combustibles fósiles y dan alas al coche eléctrico. Las petroleras están alerta. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático -paralizado por la convocatoria electoral-, con medidas para recortar las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030, pende como una espada de Damocles sobre el negocio. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que se integran Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras, ha puesto la venta antes de la herida y ha presentado un plan para sustituir petróleo por biomasa, basura e hidrógeno para producir en sus refinerías ecocombustibles, menos contaminantes.
La realidad ha atropellado todas las previsiones. El presidente de AOP -y de BP España- Luis Aires, explica en público que el aumento internacional de emisiones de gases en 2018 del 2%, el mayor en ocho años, muestra una senda "insostenible". Un discurso impensable hasta hace poco, que va a acompañado con un plan con el que las empresas quieren participar en el proceso de transición ecológica
Con ese fin, las petroleras proponen convertir las ocho refinerías españolas -cinco de Repsol, dos de Cepsa y una de BP- en centros de producción de combustibles elaborados con materiales ecológicos: biomasa, residuos e hidrógeno producido a partir de energías renovables. Según fuentes de la asociación es la concreción en España de los planes adelantados hace un año por las grandes multinacionales del petróleo en la iniciativa FuelsEurope.
Inversiones por concretar
El plan, según AOP, implica una inversión por concretar "de cientos o miles de millones de euros". El fin es rebajar en 2050 un 90% las emisiones de CO2 del sector del refino, y hasta un 80% la intensidad de las emisiones de los carburantes. Además, compromete el mantenimiento de 200.000 empleos de alta calidad, estables y bien remunerados. Pero nada es gratis. A cambio, la AOP reclama al Gobierno de turno que respete la "neutralidad tecnológica", un marco regulador estable para invertir y lo que es también fundamental una fiscalidad que favorezca el consumo de los que denomina "ecocombustibles", especialmente dirigidos a la aviación, el transporte pesado (camiones) y el transporte marítimo.
Las petroleras ya han iniciado los contactos -todavía no negociación- con el Gobierno en funciones. Tras las elecciones, tienen previsto mantener también encuentros con los partidos políticos. Las compañías no quieren quedarse al margen del camino hacia la descarbonización. Porque no participar en el proceso puede suponer perder en el proceso. Quieren influir y modificar cuestiones ya recogidas en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, como el concepto "emisiones cero" que AOP quiere transformar en "emisiones netas cero". Es algo más que un matiz técnico. Hay dinero en juego.
Golpe de timón
Los planes de AOP se ajustan y complementan el golpe de timón que todas las petroleras, incluidas las españolas, están dando a su negocio. Todas han puesto la proa hacia oportunidades en las energías verdes. Una muestra: en los siete primeros meses de 2019, las grandes petroleras (Big Oil) firmaron cerca de 70 acuerdos de energías renovables y biocombustibles, en comparación con los 80 acuerdos de este tipo suscritos en todo 2018, según el informe BloombergNEF.
El paso de las petroleras, sumándose a la transición energética para evitar el riesgo de ser aplastadas por ella, ha sido rápido. Hace apenas un año, el ambiente era otro. Entonces, el presidente de AOP, Luis Aires, reprochó en público a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los planes anunciados en el sector. Fue en la celebración del 25 aniversario de la asociación AOP.
Aires pronunció un encendido discurso en el que cargó contra el anuncio que había realizado la ministra -luego matizado- de prohibir la venta de vehículos contaminantes a partir de 2040. Según dijo, la medida afectaba a la libertad de consumo de los ciudadanos, vulneraba el principio de neutralidad tecnológica, afectaba para mal a las ventas e incrementaría la antigüedad del parque móvil y las emisiones.
El choque fue ruidoso. Las petroleras arremetieron contra los planes de Ribera y contraatacaron con datos sobre el posible impacto de los anuncios del Gobierno en la recaudación de impuestos relacionada con los hidrocarburos -17.522 millones en 2017- y con estadísticas de Eurostat que sitúabn a España como uno de los países más limpios de la UE; eso sí, en emisiones por habitante. Todo ha cambiado. Tanto como para reconocer que la senda de consumo de hidrocarburos y de emisiones no se puede sostener.
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