La influencia cada vez mayor de los fondos que toman decisiones de inversión basadas en factores medioambientales, está haciendo girar como una peonza a las petroleras. Repsol y Cepsa son un ejemplo de cómo el aumento de las exigencias de los fondos autodenominados "responsables" imprimen velocidad a los cambios. Repsol presentó en noviembre un nuevo plan estratégico con 18.300 millones para la conversión al verde empujada por fondos ESG (environmental, social and governance) que controlan un 16% de las acciones y Cepsa ha anunciado la próxima presentación de "un ambicioso plan estratégico" para reorientar el crecimiento y desarrollar nuevos negocios. "Supondrá un giro verde en nuestra actividad" sostiene el consejero delegado de la compañía, Phillippe Boisseau.
El peso y la influencia de los fondos "responsables" está fuera de duda, aunque las petroleras hacen otra lectura sobre su presencia en el accionariado: invierten -sostienen- porque confían en los compromisos adquiridos por las empresas sobre la reducción de emisiones. Repsol siente como pocas empresas el aliento de los nuevos tiempos. Entre sus cuatro primeros accionistas, figuran dos, el fondo norteamericano BlackRock (4,99%) y Amundi, propiedad de Credit Agricole (4,5%), que tienen grabado en el frontispicio de su acción inversora la exigencia de criterios medioambientales precisos. La petrolera que preside Antonio Brufau tiene el 32% de las acciones institucionales (un 16% del accionariado total) en manos de inversores ESG que buscan rentabilidad, pero con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.
Por esa razón, cada valoración positiva, cada tanto anotado en la competición por la transición energética, se vive como un triunfo. Más si viene de instituciones reconocidas. El último informe de Standard & Poor's Sustainable Finance, con la clasificación de 60 grandes multinacionales de cuatro continentes y 19 sectores por aplicación de criterios ESG, deja en buen lugar las intenciones del plan de Repsol hasta 2025. Con 68 puntos sobre 80, los analistas de S&P consideran que la petrolera apunta a una "sólida preparación de la empresa y una gestión mejor que sus pares de los riesgos ambientales y sociales en una industria altamente expuesta".
Informes favorables
Los informes favorables sobre la reconversión son un bálsamo para una compañía que registró por primera vez el 30% de presencia de inversores ESG en su accionariado a finales de 2018, poco después de que actualizara su estrategia a 2020, que supuso, entre otras decisiones, la entrada en el negocio de la comercialización y generación de electricidad a través de la compra de activos de Viesgo. Toda una señal de confianza. La influencia ha acabado en un plan a cinco años centrado en la transformación renovable, medidas para generar liquidez suficiente para atender las inversiones, recortes en la política de dividendos y la reorganización de la compañía por áreas.
La estructura accionarial de Cepsa es muy distinta de la de Repsol. La compañía, con plantas de refino y química en Andalucía y Canarias, está controlada por dos grandes fondos, el soberano de Abu Dabi Mubadala (63%) y Carlyle Group (37%). Como todas las petroleras, está obligada a no perder el paso si quiere sobrevivir. La compañía ha dado pasos tímidos en la transición energética - ha puesto en marcha 28,8 MW eólicos- pero no basta.
El consejero delegado de Cepsa, Phillipe Boisseau, ex directivo de la petrolera francesa Total, con más de 30 años de experiencia petrolera a sus espaldas, tiene claro que el "giro verde" tiene que ser rotundo. Ha puesto en marcha un área ESG para colocar el factor medioambiental como elemento estratégico en todos los negocios y actividades de la petrolera y tiene entre manos un nuevo plan estratégico con dos ejes: reorientar el crecimiento de la empresa y desarrollar nuevos negocios verdes. En palabras del Boisseau, "se va a desvelar una nueva estrategia que supondrá un giro verde en nuestra actividad".
El cambio en el negocio en apenas cuatro años ha sido espectacular. Se han acabado las incursiones de tanteo. A finales de 2016, las diez grandes del sector -Repsol, BP, Saudi Aramco, Total, Shell, Eni, Reliance, Statoil, Pemex y CNPC- anunciaron la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares para reducir emisiones y concretaron cuánto habían invertido en conjunto en tres años en energías limpias: 11.000 millones de dólares. A la luz de los nuevos tiempos, una cantidad ridícula.
Núcleo duro
Repsol y Cepsa, junto con BP, impulsan planes para transformar el núcleo duro del negocio -ocho refinerías en España- en centros de producción "ecológicos" para elaborar combustibles con biomasa, residuos e hidrógeno producido a partir de energías renovables. A cambio, reclaman al Gobierno de turno que respete la "neutralidad tecnológica", un marco regulador estable para invertir y lo que es también fundamental una fiscalidad que favorezca el consumo de los "ecocombustibles", especialmente dirigidos a la aviación, el transporte pesado (camiones) y el transporte marítimo. De momento, lo que hay es una guerra con el Ministerio de Transición Ecológica por la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que reparte los costes de la financiación renovable entre todas las compañías energéticas.
No hay vuelta atrás. Aunque las grandes petroleras aún mantienen a flote el negocio de extraer, refinar y vender sus productos, los números cantan. Las grandes petroleras cerraron 202o con pérdidas que suman en total casi 103.000 millones de dólares. Exxon Mobil, BP, Chevron... las principales empresas del sector registraron cifras negativas históricas tras provisionar el valor de sus activos de petróleo y gas, en un momento clave para la transición hacia las energías renovables, y por la caída de la demanda.
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