El coronavirus puso todo en pausa en 2020. Este año estaba llamado a ser el del arranque del 5G en España. Pero tanto la subasta del espectro radioeléctrico de la banda de 700 Mhz como la llamada 'ley 5G' acumulan retrasos que impiden a las operadoras de telecomunicaciones planificar con normalidad los diferentes despliegues de la red ultrarrápida y todas las gestiones que éstos acarrean. Telefónica y el resto siguen aguardando a recibir las condiciones después de que hace varias semanas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) remitiera al Gobierno su opinión sobre las líneas maestras de la licitación.
Inicialmente se iba a celebrar en el primer trimestre. Después se trasladó a los primeros días de abril. Finalmente, después de las duras quejas de las operadoras y la polémica respecto al precio de salida, se ha vuelto a trasladar la fecha de presentación a las "próximas semanas", tal y como reconoce el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez. Es decir, ese documento, que contiene no sólo las condiciones económicas sino también las técnicas, debería publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que empiece el verano. Esto llevaría las primeras pujas bien avanzado el mes de julio, ya que se debe dar un mes completo para la presentación de solicitudes por las operadoras y después éstas tendrán que ser analizadas y aprobadas en un periodo de unas dos semanas. Ese fue el calendario utilizado en la subasta de 2018 y que ahora se quiere repetir.
Las operadoras no necesitan contar con el espectro de manera formal en el próximo trimestre, pues sólo será necesario cuando arranque el despliegue masivo en el año 2022. Sin embargo, la subasta pone negro sobre blanco sobre cómo es el reparto de los diferentes paquetes de frecuencias. La adjudicación final se antoja importante para la planificación posterior de la inversión o la contratación de proveedores, tal y como confirman diversas fuentes del mercado. Si todo va más o menos según lo previsto, no habrá un resultado hasta finales de julio o principios de agosto.
El Gobierno sigue perfilando las condiciones de la subasta: desde el precio de salida, muy criticado por las operadoras, hasta las obligaciones de cobertura o las exigencias de venta mayorista de la red a terceros. Las dos últimas se han suavizado, según ha avanzado el Ministerio, pero sin precisar cómo quedará finalmente. El precio (1.100 millones de euros) sigue valorándose internamente, sin que se haya producido aún una decisión formal. Desde las operadoras no las tienen todas consigo, pese a la fuerte presión ejercida desde la consulta pública.
En esas condiciones ya se han introducido, según explican desde Economía, algunos cambios planteados por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hace varias semanas remitió su informe no vinculante sobre la licitación. ¿Qué dijo en la subasta de 2018? Puso en duda los requisitos mínimos de solvencia económica (90 millones de volumen anual de negocios) y técnica así como un importe mínimo de garantía provisional, al suponer una restricción de acceso. Advirtió que las condiciones "podrían resultar contrarias" al fomento de la competencia en el sector, que plantea la Ley de Telecomunicaciones.
Mientras el reloj y el calendario corren, Másmóvil trata de ganar tiempo. La oferta pública de adquisición (Opa) sobre Euskaltel aún no se ha aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni ha iniciado el proceso formal de aprobación por parte de los accionistas después de las autorizaciones del Gobierno de España -por la llamada 'ley antiopas'- y de la CNMC. El cuarto operador querría tener más visibilidad sobre esta transacción antes de acudir a la puja, para así poder coordinarse con la conmpañía vasca. Por plazos no va a resultar sencillo.
La 'ley 5G'
La otra 'pata' importante de esta fase previa a los primeros despliegues es la de los proveedores de red: Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, Samsung... Tanto ellos como las propias operadoras están aguardando a la llamada 'Ley de Ciberseguridad de 5G'. El objetivo del Gobierno era aprobarla para el verano, pero va a ser imposible. Aún no ha entrado formalmente al Congreso de los Diputados, ni ha sido aprobada en Consejo de Ministros. Y, de media, el proceso de 'luz verde' legislativa es de unos seis meses, mientras que si se tramita por vía de urgencia se reduce a la mitad. En caso de que entrara el próximo mes de junio -tienen algo más de prioridad las leyes de telecos y audiovisual-, como mínimo no habrá texto definitivo hasta la parte final del año contando con el periodo de vacaciones en la Cámara Baja.
¿Por qué es importante esta ley? Básicamente porque va a establecer las reglas principales para la contratación de proveedores de red en base a una clasificación de riesgos establecidos por el propio Gobierno. Sin esas reglas, la incertidumbre jurídica no va a desaparecer, tal y como reconocen varias fuentes del mercado. No sólo en el lado de las operadoras de telecomunicaciones, sino en el de Ericsson, Nokia o Huawei, que deben aún esperar para conocer el veredicto.
Sea como sea, la planificación se va a antojar complicada para todos los actores del sector habida cuenta de este retraso acumulado que va a hacer complicado cerrar el año con una planificación definida sobre los futuros despliegues de red. El año 2021, llamado a ser el del despegue del 5G, avanza sin que haya ni activos licitados, ni reglas claras.
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