Correos perdió el año pasado 7,4 millones de euros, si hacemos caso a la previsión de liquidación que recogía el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Como el operador postal público no ha presentado todavía sus cuentas correspondientes a 2018 no se puede saber si en esa cuantía se incluyen o no los 167 millones de euros que la empresa ha tenido que devolver al Estado en concepto de las subvenciones públicas excesivas que Bruselas entendió que percibió entre 2004 y 2010 para financiar lo que se ha dado en llamar el servicio postal universal, entendido como el ramillete de 'rutas postales' difíciles de rentabilizar y que Correos cubre por su condición de servicio público.
La resolución favorable de la Unión Europea en este caso no ha detenido a las organizaciones empresariales que defienden los intereses de los principales competidores de Correos en el mercado español - Asempre, patronal de los operadores postales; y Uno Logística, representante de las grandes multinacionales que operan en el segmento del pequeño transporte y al resto de enseñas del mundo de la logística y el transporte - que han seguido cuestionando los recursos públicos percibidos por Correos desde 2010 hasta hoy para financiar ese servicio - que ven como una ayuda de Estado - y que, en las últimas semanas, también han maniobrado en Bruselas para intentar detener la última propuesta del Ministerio de Fomento para resolver un asunto, bloqueado desde hace meses y que está condicionando el futuro de Correos.
Y todo apunta a que estas maniobras han conseguido su objetivo. Hace apenas un mes, fuentes próximas a la cúpula del operador postal anunciaban novedades inminentes tanto en el ámbito del despliegue internacional, anunciado por su presidente, José Manuel Serrano, - y que finalmente se han traducido en la toma de control del 51% del operador portugués Rangel Expresso - como en la resolución favorable en Bruselas para la metodología de cálculo definida por el Ministerio de Fomento para sustanciar año tras año la cantidad justa que le corresponde recibir a Correos por la cobertura de esas rutas postales difíciles de rentabilizar y cuya gestión sería muy complicado abrir a la competencia del sector privado.
Sin embargo, en lo que respecta a este último asunto, el viento en los últimos días cambió. El discurso oficial de Correos inscribe ese cambio de percepción en la singular 'normalidad' de la complejidad de cualquier negociación con Bruselas y siguen confiando en una resolución favorable. Otras fuentes internas consultadas por La Información aseguran, por el contrario, que la inclinación inicial de la Comisión Europea a aceptar el planteamiento del Gobierno de España, que se traduciría en una financiación anual media de unos 180 millones de euros por este servicio, se ha matizado de forma significativa en las últimas reuniones y que la posibilidad de un acuerdo inminente es cada vez más remota.
Las fuentes consultadas, de dentro del operador y del sector postal, coinciden en atribuir este cambio a la presión ejercida en las últimas semanas por el 'lobby' que defiende los intereses de los competidores de Correos - algunos de los cuales son grandes multinacionales de talla mundial como DHL, UPS o DBS Group - y que sostiene, básicamente, que ese modelo de financiación garantizaría una posición competitiva preferente al operador público respecto al resto de los operadores, en un momento crítico para el mercado del reparto de la paquetería por el asentamiento del e-commerce en España y la consolidación de Amazon o AliExpress como operadores comerciales de primer orden.
Una línea argumental que ha encontrado un inesperado espaldarazo en el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las tarifas establecidas por Correos para 2019 - sobre las que está obligado a informar, aunque su resolución no sea vinculante - y en el que sostiene, entre otras cosas, que Correos plantea ofertas comerciales muy agresivas, "en algunos casos muy por debajo de coste", a grandes clientes como Administraciones Públicas y grandes empresas, con las consiguientes consecuencias sobre la competencia en el mercado.
La CNMC, por cierto, planteó una metodología para calcular el coste del servicio postal universal en España y estimar así la financiación estatal que le correspondía a Correos. El modelo propuesto por Fomento en poco se parece al planteado por Competencia. "Y eso Bruselas lo mira mucho", asegura una fuente del sector postal.
La resolución del problema de la financiación del Servicio Postal Universal es crítica para el futuro de Correos. La millonaria devolución impuesta por Bruselas al operador postal estatal por la percepción de una financiación excesiva por este canal entre 2004 y 2010, los procesos pendientes sobre la financiación estatal de este servicio en los años siguientes y las dificultades de los Gobierno de turno para consolidar un sistema financiero estable, y avalado por Bruselas, someten la operativa cotidiana de Correos a la presión permanente de poder ser acusada de percibir ayudas de Estado. Además, han contribuido a generar una percepción negativa sobre el asunto en la Comisión Europea.
El equipo de Juanma Serrano sabe que el futuro de Correos pasa por Bruselas. Por eso, la gran prioridad ahora es rubricar una 'pax regulatoria' con la Comisión Europea para garantizar esa estabilidad financiera que necesita el operador. En los últimos años, las quejas de los sindicatos y la oposición política se han volcado, de hecho, en los recortes aplicados por el Gobierno de Rajoy a esta financiación - que algunos califican como subvención - o sus piruetas contables para meter esa partida dentro del Fondo de Contingencia para imprevistos.
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