El primer paquete de medidas económicas para paliar la crisis del coronavirus aprobado por el Gobierno el pasado 17 de marzo estableció una insólita excepción al principio general de que las Administraciones Públicas indemnizaran a sus contratistas por los daños y perjuicios que les causara la suspensión temporal de sus contratos en tanto se prolongaran las medidas de contención decretadas en el marco de la lucha contra el Covid-19. La norma dejaba fuera de este marco general los "contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado", en lo que se interpretó como un guiño a Aena.
Sobre todo porque no pasaron más que un par de días antes de que los contratistas del gestor aeroportuario controlado por el Estado se encontraran encima de la mesa un modelo de 'acuerdo de suspensión temporal' de sus contratos, al que ha tenido acceso La Información, en cuyo punto cuarto se recogía que "dado lo extraordinario de las circunstancias concurrentes, y al estar ante un caso de fuerza mayor, esta suspensión no generará derecho de indemnización alguno".
En otras palabras, Aena aprovechaba el canal extraordinario dispuesto por el Gobierno para desentenderse de asumir compensación alguna a sus contratistas por la suspensión total o parcial de su actividad derivada de las medidas de contención impuestas por las autoridades para frenar la expansión del virus, y a la contra de lo establecido por el Ejecutivo para el resto de contratos del sector público. La compañía presidida por Maurici Lucena dio incluso un paso más el 26 de marzo remitiendo a la CNMV un comunicado en el que detallaba un plan de reorganización interna de las instalaciones de sus aeropuertos y de reducción de salidas de caja en el que daba por hecho la obtención de un ahorro mensual de 43 millones de euros a partir de la eliminación de gastos, la paralización de nuevas contrataciones y la renegociación de los contratos de servicios de la compañía en materia de limpieza, mantenimiento o seguridad.
El modelo de acuerdo remitido por Aena a los contratistas deja, sin embargo, poco espacio a la negociación. La compañía no sólo pretende salvar el asunto sin asumir coste alguno sino que también se arroga toda la responsabilidad para determinar en qué momento finalizarán las circunstancias excepcionales que justifican la suspensión de las condiciones contractuales de base, que el modelo de contrato remitido por el gestor estatal a sus proveedores de servicios no sitúa en el momento en que el Gobierno levante el 'estado de alarma', por ejemplo, sino que vincula a su propia decisión al respecto.
Revuelta de los contratistas
Los proveedores de servicios de Aena consideraron desde el primer momento estas condiciones como leoninas y han intentado, hasta la fecha sin éxito, según admiten fuentes empresariales, sentarse a negociar con la compañía. El pulso es de aúpa. Entre las decenas de empresas afectadas por el órdago de Aena a sus contratistas se encuentran un puñado de las mayores empresas de servicios del país, que son filiales de las grandes constructoras del Ibex (Ferrovial, ACS, Acciona, FCC...).
El presidente de la patronal del sector de la limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos, que agrupa a estos gigantes empresariales, remitió una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, dándole cuenta de la situación y recordándole también que detrás de esos contratos hay varios miles de empleos ahora mismo en el aire por la incertidumbre creada sobre el futuro de los contratos aeroportuarios no solo de la limpieza, sino también de mantenimiento, de seguridad o de atención a las personas con movilidad reducida, que la compañía pretende recortar entre un 85% y un 100% según las fuentes empresariales consultadas.
Los contratistas de Aena se oponen frontalmente a la 'oferta' planteada por la compañía y han planteado dos posibles salidas: o ajustarse al marco general de la contratación pública, en el que aseguran que se enmarcaron en su día los pliegos de sus contratos, y abonar una indemnización por los daños y perjuicios causados por la suspensión del contrato; o deslizarse hacia el ámbito mercantil y entonces negociar de tú a tú las condiciones de la suspensión contractual. Lo que según una de las fuentes consultadas sería "compartir al menos los daños causados por esta situación".
El escenario, además, ha variado tras el segundo paquete de medidas económicas aprobado por el Gobierno este pasado martes y publicado este miércoles. Según fuentes jurídicas, el nuevo texto restringe el trato excepcional concedido a Aena en el primer paquete gubernamental y lo limita a aquellos contratos cuyos pliegos no estén formalizados según la Ley de Contratos del Sector Público.
La reconfiguración del marco legal por parte del Gobierno, que se produce después de la reacción empresarial a la primera propuesta de Aena, mete al gestor aeroportuario estatal en un aprieto, acorralado entre los compromisos de reducción del gasto comunicados a los accionistas -ese plan de ahorro de 43 millones a golpe de renegociación de los contratos de servicios de la empresa pública- y un nuevo contexto jurídico menos favorable. Las empresas continúan exigiendo una negociación.
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