El Gobierno, en funciones desde abril, tiene un calendario pactado con las eléctricas para cerrar el parque nuclear de forma escalonada entre los años 2027 y 2035. El tiempo corre y el bloqueo político impide la aprobación del nuevo plan de residuos radiactivos elaborado por la empresa pública Enresa y que es clave para cerrar las centrales. Son palos en la rueda de una estrategia que costó una dura negociación al Ministerio de Transición Ecológica. El departamento que dirige Teresa Ribera ha elaborado el borrador del decreto que aumenta un 20% la tasa que las eléctricas deben pagar a Enresa para financiar los cierres. El Gobierno en funciones quiere que la norma esté lista cuanto antes y la puede aprobar incluso estando en funciones si se retrasa la formación de nuevo Ejecutivo tras el 10-N, según las fuentes consultadas.
El Gobierno no quiere más dilaciones en el proceso del apagón nuclear. El Ministerio de Transición Ecológica no tiene margen para acelerar la aprobación del VII Plan de Residuos Nucleares que ha elaborado Enresa porque su destinatario natural es un Ejecutivo con funciones plenas. Pero sí puede empujar para aprobar cuanto antes la tasa que debe financiar el apagón. Y lo hará incluso si se dilata la formación de nuevo Gobierno, lo que implicaría aprobar el decreto ya elaborado recurriendo a la vía de urgencia.
El decreto fija la tasa a aplicar a partir del 1 de enero de 2020 a las propietarias de las centrales -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP-. Serán 0,798 euros por kilovatio hora, frente a los 0,669 euros actuales. Es una subida del 19,2% que, en principio, debería ser suficiente para hacer colchón y atender las necesidades del proceso de cierre de instalaciones. Con la tasa aplicada hasta ahora, Enresa dispone de un fondo de 5.674 millones de euros. Hacen falta al menos alrededor de otros 5.000 millones para financiar el apagón nuclear.
Apagón sin déficit
Según los analistas (JP Morgan, Royal Bank o Morgan Stanley), la subida de la tasa prevista servirá para financiar el apagón y evitar déficits. Porque donde se preveían 40 años de funcionamiento de las instalaciones nucleares, el plan pactado enter Gobierno y eléctricas estima una media de funcionamiento de 45,7 años. Una vida útil más larga de las centrales supone costes más altos en la gestión del combustible, pero también un aumento de efectivo recaudado con los impuestos nucleares por los mayores volúmenes a considerar.
Enresa ha hecho los deberes de cara al apagón. Se comprometió a elaborar un nuevo Plan de Residuos antes de julio de 2019 y lo ha hecho. Pero el bloqueo institucional impide ir más allá. Sigue vigente el plan de residuos actual, que fue elaborado en el año 2006 y que acumula retrasos. En 2014, con Gobierno del PP, Enresa ya elaboró un borrador para sustituirlo pero el documento se perdió en los meandros de la legislatura.
De Cuenca a Córdoba
El nuevo plan de residuos, según fuentes conocedoras de sus detalles, contempla la construcción de un almacén centralizado (ATC), aunque no confirma los planes de la época del Gobierno del PP para construirlo en la localidad de Villar de Cañas. Sí prevé, por el contrario, mantener la actividad del almacén de El Cabril (Córdoba), donde se tratan los residuos radiactivos de baja y media actividad desde 1986 y que ha recibido un total 43.029,84 metros cúbicos de material radiactivo.
Los planes del Gobierno para impulsar el apagón nuclear y las fórmulas para financiarlo inquietan, además de a las empresas, a los municipios que reciben ayudas por su cercanía con centrales nucleares y almacenes de residuos. Los representantes de los 60 municipios agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), con cerca de 40.000 habitantes, han llevado sus inquietudes ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y ante Enresa.
La tasa que va a aprobar el Gobierno para las eléctricas es importante para que los ayuntamientos sigan percibiendo las ayudas que gestiona Enresa. La empresa pública ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.
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