España arrancó septiembre con el megavatio a 132,7 euros, el precio más caro registrado hasta entonces en el país. Como en el pool, la tensión dentro del Gobierno se disparó a máximos históricos cuando, el pasado día 2, Unidas Podemos registró en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reaccionado al desafío que supone para el PSOE la ofensiva en solitario del partido 'morado' en la crisis de la luz y ha elevado la presión sobre los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo de coalición para aprobar, hoy mejor que mañana, su 'fondo verde'.
La ministra energética ha pisado el acelerador en previsión a que el plan de Podemos, no pactado con el PSOE, se convierta en un punto de divergencia entre los partidos que sustentan el Gobierno de coalición. En manos de estos últimos está desde junio el futuro del proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), la propuesta 'estrella' de Ribera para atajar la escalada de la luz que se encuentra en trámite parlamentario desde su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 1 de junio.
La medida aspira a rebajar el recibo eléctrico de consumidores domésticos, al menos, un 13% (antes de impuestos) en cinco años. El propósito de la titular de Transición Ecológica pasa por lograr la luz verde del Congreso a esta medida antes de final de año, lo que permitiría a su partido anotarse un tanto de gran importancia estratégica dado el desgaste que está sufriendo el Gobierno a causa de la crisis de la luz, con Pedro Sánchez y la propia Ribera en el foco de la crítica política y social, según trasladan fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por La Información.
El fondo de sostenibilidad busca extraer de la factura de la luz el coste de las primas a las energías renovables, de forma que los cerca de 7.000 millones de euros anuales que España invierte en impulsar la transición hacia las energías limpias sean aportados mediante pagos trimestrales y de forma proporcional por los sujetos obligados que marque la ley, es decir, los grupos energéticos en función de sus ventas de luz, gas u otros combustibles. Las fuentes consultadas indican que, previsiblemente, el peso de la medida recaerá en las petroleras (43,7%), seguido de las eléctricas (31,5%) y las gasistas (24,8%).
El último movimiento de Podemos pilló por sorpresa al Partido Socialista, algo que, en primer lugar, choca con el protocolo de actuación que suscribieron las dos formaciones al comienzo de la andadura de la coalición. Este obliga a los socios de Gobierno a informar con antelación al otro de cualquier intención de presentar proposiciones de ley en la cámara. También exige que las partes lleguen a un acuerdo antes de proceder al registro de dichas propuestas en el Congreso de los Diputados, cuando afecten a la acción del Ejecutivo o a acuerdos explícitos alcanzados en el pacto de Gobierno. La política energética cumple ambos dos requisitos.
Ribera optó por someter el 'fondo verde' al resto de grupos parlamentarios por la vía de urgencia y ante la magnitud de los cambios que implicará su adaptación
Fuentes del sector energético califican el 'fondo verde' de Ribera como una de las dos medidas más efectivas a la hora de abaratar el recibo eléctrico. La segunda es el hachazo al dividendo de carbono, ingresos extra que reciben las eléctricas que operan en tecnologías no emisoras por el coste del CO2. Esta última, que se encuentra en fase de consulta pública tras recibir la luz verde del Consejo de Ministros el pasado 1 de junio, ha recrudecido el enfrentamiento del ministerio del ramo con los principales operadores del país que acusan al Ejecutivo de debilitar la seguridad jurídica del sector.
La envergadura de los cambios que conllevará el fondo para financiar las renovables llevó al Gobierno a tramitar la medida en el Congreso, favoreciendo la participación del conjunto de grupos parlamentarios. Eso sí, el Ejecutivo habilitó la vía de urgencia a fin de resolver la cuestión cuanto antes. La última propuesta de Podemos no ha sido bien acogida por algunos de los socios clave para el Ejecutivo como son ERC y PNV que, a priori, se han mostrado desfavorables a la proposición de ley de los 'morados', como adelantó este medio la semana pasada. Por si soplan vientos de cambio, Ribera ha pisado el acelerador para poner a punto su propuesta más ambiciosa antes de que acaben las próximas navidades.
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