La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha arrancado el año con una idea fija, la de sacar adelante una reforma estructural que, además de rebajar la factura de la luz, alivie el desgaste político que le supone al Gobierno la crisis energética. El propósito de la vicepresidenta tercera es reducir hasta 9.500 millones de euros los costes del sistema eléctrico, según fuentes conocedoras de los avances del ministerio consultadas por La Información. Esta vez, el ministerio espera que impulsar la recaudación a base de laminar los ingresos de las renovables.
El departamento está negociando a puerta cerrada los entresijos de una medida que pasa por ajustar por adelantado la retribución garantizada aplicable a las instalaciones verdes más antiguas que operan bajo el régimen primado conocido como Recore (renovables, cogeneración y residuos). Esta se instaló en el 7,1%, o en el 7,4% en el caso de aquellos operadores que accedieron a desistir de cualquier ofensiva legal contra el Estado por la reforma del 2014, que recortó sustancialmente las primas a las renovables.
La idea que Transición Ecológica lleva meses negociando con los operadores verdes supone modificar la aplicación de la ley que establece el cálculo de la tasa de rentabilidad de estas instalaciones renovables. La norma vigente establece que dichos parámetros retributivos podrán ajustarse por periodos regulatorios de seis años, así como marca "semiperiodos regulatorios de tres años", al término de los cuales se revisarán las estimaciones de ingresos por la venta de la energía. El semiperiodo en curso finaliza este año.
El Gobierno prevé recaudar hasta 2.500 millones con cargo a los ingresos de las renovables de 2021. La cifra se elevaría a 7.000 millones al cierre de 2022.
La propuesta del ministerio supone adelantar a este mismo año el ajuste de la retribución, a la vista de que el actual escenario de precios ha disparado la rentabilidad del conjunto del Recore muy por encima del umbral pactado. El hecho de que estas instalaciones vendan en el pool a precios de mercado explica el impulso que han experimentado los ingresos del sector renovable este último año. Dado que estas instalaciones arrancaron 2021 con un precio de referencia de unos 30 euros MWh, pero han terminado cobrando una media de alrededor de 200 MWh por la evolución del mercado.
A través de dicho ajuste, que el Gobierno quiere aplicar ya sobre los resultados de 2021, último ejercicio completo, el ministerio prevé obtener una inyección de liquidez de hasta 2.500 millones de euros con cargo a los ingresos de las renovables de dicho año. La recaudación prevista para 2022 asciende a otros 7.000 millones. La idea del Ejecutivo es emplear esta partida para rebajar los costes del sistema eléctrico y, con ellos, la parte regulada del recibo de la luz que pagan los consumidores.
El contraste entre la cuantía que el Gobierno espera recaudar de un año para otro se explica por la propia evolución de los precios del mercado. Dado que el coste de la energía empezó a dispararse en el segundo semestre de 2021, el desfase a lo largo de dicho año es mucho más ajustado. Mientras que el mercado de futuros anticipa un precio medio de 210 euros MWh para todo 2022, lo que explicaría esa retribución extra.
Transición Ecológica está llevando todo este asunto con la máxima reserva, algo que no ocurrió con la tramitación del real decreto contra el dividendo de carbono de las eléctricas. El ministerio ha pedido al conjunto de empresas y asociaciones renovables que participan en la negociación asumir un compromiso de máxima confidencialidad, como adelantó este diario, en aras de evitar un nuevo debate público al respecto que pueda hacer descarrilar la propuesta. La cartera se ha sumido en un silencio institucional, pero las fuentes consultadas aseguran que el ministerio ha concedido a esta medida un nivel de máxima prioridad.
En cualquier caso, el Gobierno no lo va a tener fácil. El gigante Acciona, uno de los más danificados por la medida, se ha convertido en el mascarón de proa de la oposición al ajuste al Recore, como adelantó La Información en noviembre. Esto se explica porque una de las contrapartidas que el ministerio ha puesto sobre la mesa a las renovables es su compromiso de no revisar a la baja las primas en la próxima revisión del periodo regulatorio, dentro de tres años, según las fuentes consultadas. Dado que las instalaciones de Acciona están próximas a acabar su vida regulatoria, el grupo tampoco se beneficiaría del 'azucarillo' del ministerio.
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