Los tira y afloja competenciales entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no cesan. Teresa Ribera, ministra del ramo, ha reorganizado el departamento que dirige y ha publicado un real decreto por el que crea una nueva estructura orgánica básica, modificando la anterior, del pasado mes de enero. En esta nueva organización, Ribera ha aprovechado para reclamarle al supervisor de la competencia una de las funciones que le fueron atribuidas en su creación: el control de los certificados de consumo y venta de biocarburantes. Un paso más en su estrategia verde.
En concreto, y de acuerdo con el Boletín Oficial del Estado en el que se hace referencia a dicho cambio, a partir del 1 de enero de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comenzará a ejercer de forma efectiva la expedición de certificados y la gestión del mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes, entre los que se encuentran el bioetanol y el biodiésel.
Esta función aparece detallada en la ley de creación de la CNMC, la Ley 3/2013, de 4 de junio, en la que se explican todas las labores que esta institución pasaría a tener. El real decreto publicado este mismo martes da de plazo hasta el próximo 15 de septiembre para que Competencia y el propio ministerio firmen un convenio que riga dicho traspaso de poder, por lo que este deberá hacerse en pleno verano.
En el citado convenio, deben incluirse los medios materiales, la documentación y los expedientes administrativos que la Comisión deberá traspasar, en su caso, al citado departamento ministerial para que este pueda ejercer la función citada en el apartado anterior de forma efectiva, así como el correspondiente calendario de actuaciones de coordinación y formación a prestar por la CNMC durante el ejercicio 2021, detalla el real decreto.
Entre los medios materiales a traspasar se incluirán, al menos, los manuales, licencias, bases de datos, servidores, así como todos los medios necesarios para el completo funcionamiento del sistema de información para la certificación de biocarburantes (SICBIOS). El traspaso de dichos medios debe hacerse efectivo antes de noviembre de este mismo año. Sin embargo, seguirá siendo la CNMC la que realice el seguimiento y resolución, así como, en su caso, la personación, de todos aquellos recursos y reclamaciones interpuestos.
En 2018, último ejercicio del que hay datos, Competencia recibió 69 solicitudes de expedición de certificados definitivos sobre un total de 91 sujetos obligados acreditados en el Sistema de Certificación de Biocarburantes. Este trabajo, puramente administrativo, lleva en manos de Competencia años y Gobierno tras Gobierno lo han ido dejando como estaba. Tanto es así que, en 2013, con la creación de la actual CNMC se otorgó esta función a la nueva institución, que ya lo llevaba haciendo desde la época de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Lo mismo hizo Álvaro Nadal a su llegada al ministerio de Energía, que evitó modificar las competencias.
Ahora, y en plena escalada de la energía verde, Teresa Ribera ha decidido pedir a la CNMC que le traspase la gestión administrativa de este tipo de carburantes. Cabe recordar que ministerio y supervisor llevan meses enzarzados por varios puntos de fricción que tienen que ver, sobre todo, con la energía y las chispas saltaron por última vez con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pieza clave para lograr la descarbonización de la economía en 2050.
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