Lo primero es lo primero y para el Ministerio de Transición Ecológica, el orden de prioridades en el sector energético es este: autoconsumo, medidas contra la pobreza energética y rebajas en la factura eléctrica para la gran industria. Los decretos están preparados, aunque los tiempos electorales son apretados. No cabe la aprobación -vía decreto- de la retribución a las renovables tal y como habían solicitado las cinco grandes asociaciones del sector -Appa, AEE, Anpier, Protermosolar y Unef-. Así, queda para un próximo Gobierno la solución a la demanda de 60.000 pequeños inversores fotovoltaicos para que el Gobierno palíe las consecuencias del hachazo a las primas, que ha convertido a España en el país con más reclamaciones ante el Banco Mundial.
La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado a través de las redes sociales que la solución a las demandas de los pequeños inversores queda para la próxima legislatura. El anuncio no ha sorprendido al sector. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) había presionado con fuerza hace unas semanas en dos direcciones: para que el Gobierno aprobara el decreto de retribución y para que los partidos -PP y Ciudadanos- no pusieran trabas a su tramitación. No tuvieron éxito.
ANPIER tiene 5.000 asociados. Pero su fuerza está en que detrás de esa cifra hay hasta 60.000 pequeños inversores que invirtieron en proyectos fotovoltaicos con una rentabilidad asegurada que se cortó a partir de 2010 y sobre todo a partir de 2013, con la reforma eléctrica del PP. Entre 2007 y 2009, se llegaron a instalar en España 4.200 MW solo de energía solar fotovoltaica, con una inversión que rondaba los 25.000 millones de euros. Y a finales de 2008 la potencia ya multiplicaba por diez las previsiones. Tras el tijeretazo del PP -años 2012 y 2013- los pequeños inversores esperaban que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara una vía para mejorar su situación financiera.
La venda y la herida
El Gobierno tiene elaborado un anteproyecto de ley para retribuir las actividades reguladas en el periodo 2020-2025 que es como una venda para la herida abierta. Tras los recortes de primas de 2013, el anteproyecto recoge una retribución del 7,39% para las instalaciones renovables anteriores a la aprobación de la norma y hasta el año 2031. Pero la convocatoria electoral ha impedido su tramitación aunque todos los partidos políticos han mostrado públicamente su apoyo a las demandas de los inversores.
Los arbitrajes de la corte internacional dependiente del Banco Mundial, el Ciadi, están dando la razón a los grandes fondos internacionales que demandaron a España por los recortes a los proyectos renovables. Es algo que enciende más los ánimos de los pequeños inversores. La última decisión del Ciadi ha fallado a favor de la compañía estadounidense Nextera Energy, que reclama el pago de 291 millones por los daños provocados por el recorte a la rentabilidad de las renovables de 2014.
El parón electoral, en suma, ha llevado la frustración y la inquietud al sector renovable en general y a los pequeños inversores en particular. Si la formación de nuevo Gobierno tras las elecciones se prolongara durante meses, no se sabe qué podría suceder. Hay dos posibilidades: o un recorte automático de las retribuciones del 20% (del 7,6% de retribución actual al 4,5%) en aplicación de las normas que aprobó el anterior Gobierno o una posible prórroga de la retribución en vigor (7,6%) durante un periodo de seis años. No está clara ninguna de las dos opciones y hay pedidos informes jurídicos sobre el particular.
Carta a los partidos
Por si acaso, los afectados se mueven. El presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha enviado una carta a todos los partidos políticos para reclamar su apoyo de cara a la próxima legislatura. Martínez-Aroca recuerda en la carta que "todos los Grupos Parlamentarios, sin excepción, en la legislatura que ahora se cierra" se mostraron a favor de "dar una solución urgente a la situación que soportan 60.000 familias fotovoltaicas españolas".
ANPIER pinta en la carta a los partidos un presente sombrío: "nueve recortes retroactivos en 10 años"; recortes del 50% en la tarifa regulada que les ofreció el Estado y temor a un nuevo recorte del 20% adicional. Todo ello coronado por sentencias favorables a los grandes inversores internacionales con indemnizaciones millonarias. "Un esperpéntico estrambote", resume la asociación.
Los 60.000 inversores fotovoltaicos pueden no ser los únicos que se queden con la miel en los labios por el fin de la legislatura. La gran industria demanda desde hace tiempo rebajas en la factura eléctrica para ganar competitividad. El Gobierno tiene prácticamente listo el reconocimiento de la figura del consumidor electrointensivo que permitiría reducir la factura a los grandes consumidores. Pero es posible que el decreto de aprobación se quede también para otra legislatura.
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