Nuevas medidas en el sector de la energía

Ribera recoge el guante de las eléctricas y eleva la inversión prevista en las redes

Las grandes compañías reclamaron en la cumbre empresarial organizada por la CEOE revisar los límites de inversión anual para reducir el impacto de la crisis por la pandemia.

Redes eléctricas
Ribera recoge el guante de las eléctricas y eleva la inversión prevista en las redes.
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La crisis aprieta y todos los sectores afectados reclaman al Gobierno medidas de apoyo para salir del apuro cuanto antes. En el sector energético, los primeros espadas del sector aprovecharon la cumbre empresarial organizada por la CEOE para reclamar que se eliminaran o se revisaran en su caso, los límites de inversión anual en las redes de transporte y de distribución, una inversión sin riesgo. El Ejecutivo ha recogido el guante y revisa los topes de una inversión segura y bien retribuida desde la factura eléctrica. 

El decreto ley recién aprobado detalla que el porcentaje de inversión anual en la red de transporte en relación al producto interior bruto (PIB) sube del o,065% al 0,075% mientras que el límite en la red distribución se eleva del 0,13% al 0,14%. La lógica es inapelable: si la crisis hace disminuir la base del cálculo -la riqueza producida en un año (PIB)- para mantener la inversión en las redes y asegurar el futuro despliegue renovable hay que elevar los porcentajes. El Ministerio de Transición Ecológica no concreta las cantidades comprometidas más allá de los porcentajes, pero con cálculos sobre el PIB de 2018, la inversión global crecería entorno a 250 millones para situarse en torno a los 2.700 millones.

La inversión en infraestructuras tiene un efecto arrastre, destacan fuentes ministeriales y, en ese sentido, coinciden con el análisis que realizaron en la cumbre empresarial de la CEOE el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa José Bogas, el presidente de Acciona José Manuel Entrecanales y el presidente de Viesgo, José Miguel Antoñanzas. Galán y Antoñanzas dieron incluso un paso más y abogaron por eliminar los límites o, en su defecto (Antoñanzas), ajustarlos con planes de inversión acordados con las comunidades autónomas. 

Refugio seguro y bien pagado

El Gobierno no ha eliminado los límites, pero la inversión en redes alimenta un debate que ocupó muchas horas a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El regulador entendió que las infraestructuras energéticas han sido durante demasiado tiempo un refugio seguro para los fondos de inversión porque la rentabilidad era demasiado elevada -las empresas reclamaron el 7% anual para seguir invirtiendo- y el riesgo cero. El debate acabó en recortes de retribución muy polémicos cuyos ecos aún perduran.

Las eléctricas proponen al Gobierno adelantar las inversiones previstas hasta el año 2030 -30.000 millones de los cerca de 60.000 contenidos en los planes del Ejecutivo-. Las compañías defienden la propuesta como una forma de hacer frente a la crisis y crear hasta 40.000 empleos, pero es también una manera de asegurar ingresos sin riesgos -la retribución de las redes sale del recibo de la luz- en un momento de incertidumbre.

Las nuevas medidas aprobadas en el sector de la energía y sus infraestructuras regulan un punto que va a ser muy importante en el futuro: las comunidades de energía que favorecen la participación del los ciudadanos en la transición energética. Es un ajuste de la legislación nacional a la directiva  comunitaria de mercado interior de la electricidad, que introduce conceptos como el de cliente activo o las propias comunidades de energía que no sólo no existían en la normativa nacional, sino que estaban penalizados.

Una puerta para los ayuntamientos

En lo que se refiere al funcionamiento del mercado, la directiva supone un gran cambio. En la práctica, supone abrir la puerta a que los municipios puedan gestionar sus propias redes de electricidad. No sólo reconoce el derecho de los ciudadanos a constituir comunidades que gestionen energía en su interés, sino que además -artículo 16. 3a- insta a los Estados a garantizar que dichas comunidades "puedan acceder a todos los mercados organizados directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria". Todos los mercados quiere decir que las comunidades ciudadanas podrán participar también en el mercado mayorista eléctrico, que hasta ahora es un coto controlado por las compañías tradicionales.

En realidad, se trata de convertir en protagonista al pequeño productor-consumidor, aglutinado en torno a empresas agregadoras de demanda. Es la línea que marca la UE. La municipalización de la red de baja tensión forma parte de esa discusión y también de un debate más amplio sobre la participación pública en el sector energético. En España, tras el proceso de privatizaciones, la presencia del Estado en el sector se limita a los gestores de las redes de electricidad (REE, 20%) y de gas (Enagás, 5%). La que fue joya de la corona, Endesa, es propiedad (70%) del grupo italiano Enel.

En los países más desarrollados, lo habitual es que el Estado participe en el negocio. Estados Unidos, Francia, Holanda, Suecia, Italia, Suiza o Japón son buenos ejemplos. En 2018, la OCDE revisó el panorama internacional y concluyó que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública.

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