El Gobierno tiene por delante 24 horas clave para apaciguar la que podría convertirse en su siguiente crisis después de la tormenta eléctrica. La previsión de una escalada histórica de la factura del gas el próximo invierno tiene para España un agravante que ha disparado las alarmas en Moncloa. Argelia se enroca en no renovar el pacto a tres bandas que, durante décadas, ha sostenido el gasoducto Magreb-Europa (GME), que trae el gas argelino a nuestro país pasando por Marruecos. El acuerdo vence el 31 de octubre y no será la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien intente convencer 'in extremis' a las autoridades argelinas, sino que esta 'patata caliente' ha caído en manos del titular de Exteriores, José Manuel Albares.
Albares se reúne este mismo jueves con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, en un encuentro que lleva tiempo gestándose, según fuentes próximas al Gobierno. Entre los puntos a tratar se encuentran cuestiones estrictamente diplomáticas, como la inmigraciones o la situación en Libia, país vecino del anfitrión del encuentro. Adicionalmente, el ministro de Exteriores se ha visto en la tesitura de asumir la negociación 'in extremis' para salvar el acuerdo del gaseoducto, en funcionamiento desde 1996 y, a todas luces, próxima víctima de la escalada de tensión entre Argelia y Rabat.
No irá solo. Albares acudirá a la cita acompañado de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, con un equipo de técnicos en representación del ministerio de Transición Ecológica. Todos ellos componen la delegación oficial española designada para gestionar la crisis del gaseoducto Magreb-Europa. Además, al titular de Exteriores se han sumado dos interlocutores que no forman parte de la órbita habitual de su departamento, pero sí son interlocutores habituales de la ministra Ribera.
Se trata del presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el primer ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén. Ambos tienen especial interés en que el acuerdo 'a tres' siga adelante. Naturgy acapara el grueso de los contratos de suministro del gas que atraviesa la 'autopista' del GME, contratos que caducan el 31 de octubre. Por su parte, Enagás asumió la construcción y ejecución del tramo español de la infraestructura nada más iniciarse el proyecto.
La tensión es doble. Por un lado, las relaciones entre España y el tercero en discordia, Marruecos, no pasan por su mejor momento. Albares y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, mantuvieron hace unos días el primer contacto diplomático entre ambos desde la crisis generada por la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Fue hace apenas unos días, en el marco de la visita del ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Un primer acercamiento que se llevó a cabo a través de una llamada telefónica en la que ambos mandatarios acordaron encontrarse cara a cara, según fuentes conocedoras.
El papel de Albares como cara visible de España en la crisis del gas del Magreb podría poner en peligro la reconciliación con Marruecos. La prórroga del acuerdo de suministro de gas argelino a través de Rabat es una cuestión prioritaria en el actual escenario de descontrol de los precios del combustible, la función del titular de Exteriores en las negociaciones del gaseoducto Magreb-Europa, en principio, se limitará a una mera mediación para rebajar las tensiones entre los dos socios históricos de España. El ministerio energético permanecerá al margen del conflicto, al menos, sobre el terreno.
La subida del gas llega al Congreso donde diputada popular Carmen Riolobos mostró la preocupación de que este invierno dos millones de hogares no puedan pagar la factura
La segunda derivada que mete presión al Gobierno es la llegada de la crisis del gas al Congreso. En la sesión de control del pasado miércoles, el Partido Popular dejó, por primera vez en meses, la subida de la luz en un segundo plano y priorizó el creciente temor a una inminente escalada del recibo del gas. La diputada del grupo popular Carmen Riolobos fue quien abrió este debate en el hemiciclo. Riolobos trasladó la inquietud del principal partido de la oposición al impacto de una escalada del gas en pleno invierno que, según el cálculo de su partido, podría poner a dos millones de hogares en serias dificultades para hacer frente a las facturas. Además, la diputada puso énfasis en el crecimiento de la inflación que ha cerrado el mes de septiembre con el 4%, un nivel que afecta gravemente al poder adquisitivo de los consumidores.
A día de hoy, el Gobierno no descarta un escenario de crisis global de suministro en gas, según fuentes próximas al Ejecutivo, similar a lo que ocurrió en la crisis del petróleo de 1973. Las previsiones actuales ven poco probable que se llegue a una situación de desabastecimiento pero sí admiten que, puntualmente y según cómo evolucionen las temperaturas este invierno, puedan darse problemas de suministro. En previsión, el Ejecutivo ha preferido dar la orden de no tocar las reservas estratégicas nacionales de gas, las cuales se han visto incrementadas, pese a que estas podrían haber abaratado temporalmente el precio de la electricidad.
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