El sector eléctrico contiene la respiración. El Tribunal de Justicia de la UE está a punto de decidir si el impuesto del 7% a la generación, aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para taponar el déficit del sistema eléctrico, se ajusta o no a las normas comunitarias. La sentencia es relevante al menos por dos motivos: porque puede abrir la puerta a miles de reclamaciones como la que planteó la empresa valenciana Promociones Oliva Park y que ha llegado hasta Luxemburgo y porque el Ministerio de Transición Ecológica espera el pronunciamiento del tribunal para aprobar una reforma a fondo de la fiscalidad que se aplica en el recibo de la luz y que eleva la factura por encima de la media de la UE.
El impuesto sometido a examen, denominado Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), fue aprobado en 2012 - con Mariano Rajoy como presidente y José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía- para frenar el agujero de más de 24.000 millones creado en un sistema cuyos ingresos no cubrían todos los costes fijos.
El impuesto recayó sobre las plantas de generación de las empresas -los sujetos pasivo de IVPEE- pero acabó en la factura eléctrica de los usuarios. Un hecho que puede tener consecuencias legales. Como en otros asuntos sensibles, caso de las hipotecas, el recargo del 7% pasó en España los filtros del Constitucional y del Supremo, hasta que un tribunal autonómico, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), planteó una cuestión prejudicial ante el tribunal de la UE.
Reclamaciones de cuatro años
El Ministerio de Transición Ecológica está muy pendiente de la decisión. No sólo porque cabe la posibilidad de que abra la puerta a reclamaciones de productores para recuperar lo pagado en liquidaciones de ejercicios no prescritos - cuatro años- e incluso de los pequeños consumidores, sino porque es la oportunidad de cambiar la carga de impuestos en el recibo de la luz. La electricidad y el gas soportan en España un tipo impositivo del IVA del 21%, al que se suma un impuesto específico -el impuesto especial a la eslectricidad- y el indirecto del 7% a la generación, que nominalmente pagan las empresas pero que acaban soportando los usuarios. Demasiada carga con un sólo propósito: recaudar.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con la responsable de Transición Ecológica Teresa Ribera a la cabeza, ya ha mostrado la voluntad de acabar con el impuesto del 7%, tal y como fue concebido, para abaratar la factura de electricidad. En octubre de 2018, ante el incremento del precio del recibo eléctrico , el Gobierno publicó un Real Decreto‑Ley que, entre otras medidas, suspendía por seis meses el IVPEE. En el fondo fue una forma de reconocer que el tributo recae en las empresas pero lo soportan sus clientes.
Ribera reactivó el impuesto a la generación en marzo de 2019. Sencillamente, explicó, el Gobierno carecía de "capacidad de maniobra” para eliminarlo en ese momento porque el recargo forma parte de una cesta fiscal energética. Era, en suma, una de las “dos o tres cuestiones críticas” que todavía quedan pendientes. Fuentes al tanto de los planes de Ribera explican que Transición Ecológica trabaja en una "adaptación" de la fiscalidad -incluido el impuesto del 7%- con carácter medioambiental.
Revisión de factura
La creación del polémico Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE) forma parte de la revisión de la factura. El Fondo tiene como fin sacar de la factura eléctrica que pagan los usuarios los 7.000 millones de cargos con los que se financian las renovables, la cogeneración y el reciclaje de residuos (RECORE). Al nuevo mecanismo tendrán que contribuir, en función de sus ventas, todas las empresas -entre 500 y 1.000- que venden electricidad, gas o carburante.
Ribera tiene que encajar el cambio en la fiscalidad del sistema eléctrico con el despliegue renovable y la financiación de la transición verde. Todo sin que se dispare el déficit eléctrico, cuya cobertura vía tarifas es obligado por la Ley Eléctrica de 2013. El desvío, si lo hay, tiene que ser cubierto. No cabe la posibilidad de acumular deuda como sucedió en el pasado. La alarma creada en enero por la subida de los precios de la electricidad es una señal de lo delicado del problema, con derivadas no sólo económicas y empresariales sino también políticas.
En el sector eléctrico, las cuentas de 2020 están hechas. En el primer año de pandemia, el sistema eléctrico registró un desfase entre ingresos y gastos de 200 millones euros. La deuda eléctrica acumulada desde 1997 se situó, por su parte, en 14.271 millones, con un descenso de 2.400 millones respecto a la registrada un año antes, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Cualquier retoque fiscal tiene que tener en cuenta los números. Y cuadrarlos.
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