Teresa Ribera ha afrontado, en las últimas 72 horas, la recta final de dos negociaciones de alta tensión. Una internacional, en la que la ministra para la Transición Ecológica ha subido el tono en sus conversaciones con Portugal y Bruselas con el objetivo de llevar al Consejo de Ministros de este martes el precio regulado de 50 euros MW/h al que deberán acoplarse las ofertas de gas durante los próximos 12 meses. Y otra sectorial, donde Ribera ha recurrido a un 'teléfono rojo' con el lobby gasista, en aras de sofocar la revuelta que están cocinando las grandes compañías contra la intervención del mercado eléctrico que contempla el 'plan ibérico'.
La vicepresidenta tercera en persona descolgó el teléfono este fin de semana. Al otro lado de la línea se encontraba la patronal del gas, Sedigás, según han confirmado distintas fuentes próximas al ministerio consultadas por La Información. Esta asociación aglutina a los gigantes del sector, compañías que en los últimos meses han movido sus hilos dentro y fuera del territorio nacional para tratar de tumbar in extremis el límite al precio del gas que se emplea para producir electricidad, medida que España y Portugal lograron arrancar a Bruselas hace ya tres semanas. Si bien fuentes políticas aseguran que esta comunicación se produjo en los términos descritos, desde Sedigás trasladan a este medio que este fin de semana no se produjeron contactos con Transición Ecológica para abordar este tema en cuestión.
Después de un fin de semana de infarto y gracias al visto bueno descafeinado de la Comisión Europea, Ribera se ha acercado a su objetivo de no llegar al Consejo de Ministros de este martes con las manos vacías. La ministra, azuzada por Moncloa, ha trabajado a contrarreloj para evitar un desplante rotundo de Bruselas. El Gobierno no podía permitirse más retrasos, máxime cuando su intención inicial pasaba por aprobar el tope al gas en la reunión de ministros de la semana pasada, una medida que Moncloa engalanó como un triunfo político, pero que el Ejecutivo tuvo que aplazar más tarde ante la dificultad para resolver ciertas cuestiones técnicas que impidieron sellar a tiempo el acuerdo con su aliado ibérico.
Estos pormenores, entre los que se incluye el modelo de financiación de la compensación al gas que se verá obligado a ofertar su energía a un precio inferior al de mercado, habían atascado las negociaciones con la Comisión Europea y con el propio Gobierno de Portugal. No fue hasta el pasado jueves cuando Moncloa pudo remitir a Bruselas la propuesta final para intervenir el pool eléctrico, según confirmó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado sábado en la cumbre del Cercle d’Economia. Este lunes, Transición Ecológica confirmó que Bruselas había accedido a dar su 'luz verde' al plan ibérico, tal y como adelantó horas antes el presidente luso, Antonio Costa.
"Ribera se ha puesto las pilas este fin de semana", asegura un alto directivo del sector en conversaciones con este medio. Según las fuentes consultadas, la ministra habría forzado el visto bueno de la Comisión Europea al poner sobre la mesa, entre otros argumentos, que la cooperación que ahora le urge a España es la misma que más tarde necesitarán otros Estados miembros en su afán por acabar con su dependencia del gas ruso, dada la inestabilidad a la que ha abocado la ocupación de Ucrania ordenada por el Kremlin.
Ribera se ha plantado ante Bruselas y ha deslizado que la cooperación que necesita ahora España la requerirán otros países europeos para 'divorciarse' del gas ruso
Hasta este lunes la cosa no estaba clara. Muestra de ello fue la ausencia de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en el X Simposio Empresarial Internacional organizado por la Funseam, una cita anual clave para el sector que año reúne a la flor y nata de la industria energética. La cumbre arrancó el lunes en Barcelona y estaba previsto que Aagesen viajase a la Ciudad Condal para inaugurar el cónclave, pero esta se vio obligada a intervenir mediante una grabación ante la imposibilidad de eludir las negociaciones que estaban teniendo lugar en Madrid.
La máxima responsable de política energética movió ficha, dada la actitud conciliadora y de máxima prudencia que ha adoptado Sedigás durante todo el proceso de negociación de las citadas medidas. La patronal dejó clara su postura en un comunicado oficial, donde alertó del riesgo de incurrir "en alteraciones que deriven en impactos perjudiciales a medio y largo plazo para la seguridad de suministro si no existiera un reconocimiento de los costes reales para todos los generadores de electricidad que emplean gas natural, tanto ciclos combinados como cogeneradores", durante el proceso de implementar el citado tope.
"Debemos recordar que cualquier medida no compatible con este principio podría reducir el atractivo y los incentivos de los importadores. Este es especialmente importante en una situación como la actual donde el gas natural licuado (GNL) ha incrementado su relevancia como instrumento para garantizar la seguridad de suministro", incidió Sedigás en su momento.
A Sedigás están adheridos colosos como Naturgy, con un peso significativo dentro de la patronal, así como Iberdrola, Repsol, BP, Shell o Enagás, entre otras. Aelec canaliza los reclamos de gigantes como Endesa, Iberdrola y EDP.
Pese a sus esfuerzos, Ribera no ha logrado poner punto y final a ninguna de las dos cruzadas. El frente empresarial se resiste a aceptar la tregua. El impacto del tope al gas en los beneficios de los gigantes energéticos está por determinar y en los corrillos del sector ya se habla de un nuevo frente judicial contra el cambio en las reglas del juego del mercado ibérico.
Y Bruselas ha dejado muy claro que todavía no ha tomado una decisión "formal" sobre la 'excepción ibérica', sino que se ha limitado a compartir una evaluación "preliminar" con los gobiernos de España y Portugal, a fin de desencallar su estrategia para abaratar la factura de la luz. Queda por ver si Bruselas opta finalmente por incluir ciertos matices a la propuesta ibérica, así como el impacto de los mismos. Del mismo modo que el Gobierno tendrá que esperar para analizar el alcance de la arremetida del sector privado.
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