El Ministerio de Transición Ecológica esperará al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la construcción de la planta de concentrados de uranio del grupo australiano Berkeley en Retortillo (Salamanca) para tomar la decisión de si autoriza o corta definitivamente el proyecto tras una década de polémicas. El compás de espera supone, en la práctica, dejar la patata caliente del posible cierre en la mesa del Consejo. El nuevo informe del CSN no estará listo hasta noviembre.
En julio, el CSN informó favorablemente y por unanimidad sobre la prórroga de la autorización previa de emplazamiento que Berkeley solicitó en 2015 y que caducaba en septiembre de este año. El ministerio, según las fuentes consultadas, debería pronunciarse este mes sobre esa prórroga. No lo va a hacer. El departamento explica que el expediente Berkeley sigue su tramitación, a la espera del informe del CSN sobre la autorización de construcción. La solicitud de prórroga y de construcción son informes separados pero, según el ministerio, deben estar coordinados y ser analizados de forma conjunta.
En la práctica, la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica consiste en esperar al nuevo informe del Consejo de Seguridad Nuclear para ver si proporciona argumentos que sustenten el posible cierre. La espera conlleva polémica. Fuentes consultadas en el CSN sostienen que Transición Ecológica debe pronunciarse sobre la prórroga solicitada por Berkeley, cuyo plazo expira el día 17 de este mes. En caso contrario, aseguran, podría interpretarse que el proyecto no puede continuar.
Una posición incómoda
La posición del ministerio que dirige Ribera no es cómoda. El plan de Berkeley es una prueba más para la coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP). La formación de Pablo Iglesias presiona para que el Ejecutivo acabe de una vez por todas con un proyecto que considera meramente especulativo y al que se oponen la mayoría de los partidos, según se puso de manifiesto en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Pero el margen de maniobra no es muy amplio. El último informe favorable del CSN al proyecto de Berkeley fue unánime. Contó con el voto favorable de las consejeras propuestas por el PSOE Elvira Romera y Pilar Lucio y también con el voto del ecologista Francisco Castejón, propuesto por UP. No hubo votos particulares. La razón es que en diez años, el grupo minero australiano ha conseguido armar una telaraña de solicitudes, permisos y autorizaciones que involucran a diferentes administraciones y que es difícil de desmontar.
En agosto, Berkeley obtuvo licencia de uso de terrenos del ayuntamiento de Retortillo (Salamanca). Un punto de anclaje más en la red tejida durante más de una década. En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de la planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.
Un escenario complejo
Es un escenario complejo que ya fue adelantado hace ya más de un año por el exconsejero del CSN Jorge Fabra. En un voto particular contrario a la aprobación de permisos a favor de Berkeley Fabra señalaba que "la vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a ineficacia reguladora y a confusión administrativa". El exconsejero añadía que "no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción)" hasta que no se unificaran todos los expedientes.
Los trabajos de Berkeley han avanzado más en los despachos que sobre el terreno. Han pasado más de diez años y la mina sólo es un proyecto en el que, según la minera australiana, algún día se llegarán a invertir 87 millones de euros. Pero eso no quiere decir que el plan no deje beneficios apreciables. Berkeley empezó acotizar en Bolsa en el verano de 2018 y cada noticia sobre avances en permisos y autorizaciones provoca espasmos muy rentables.
En agosto, el permiso municipal de Retortillo impulsó subidas de vértigo del valor. En una sola sesión se disparó un 60%. Las acciones de Berkeley Energía son de las más volátiles de toda la Bolsa española. Desde enero, cuando el valor cotizaba a 0,13 euros, la subida es espectacular, por encima del 400%.
