A grandes males, grandes remedios. El Gobierno está a punto de aprobar un decreto ley para regular por la vía de urgencia el acceso a la red de los proyectos de energías renovables y, de paso, ajustar los ingresos y gastos del sistema eléctrico, que no acaban de cuadrar desde hace dos años. Los desajustes ya forzaron en octubre de 2018 la aprobación de un decreto con medidas urgentes para dedicar el superávit de ingresos acumulado en el sistema eléctrico a cubrir los desajustes temporales de 2018 y 2019. La crisis desatada por la pandemia amenaza con agravar los desequilibrios y el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera no quiere sustos.
El decreto que va a ser aprobado habilita al Ministerio de Transición a cubrir las desviaciones de ingresos y costes de 2019 y también los posibles de este año. En condiciones normales, sin desvíos, el exceso de ingresos debería haberse dedicado a reducir la deuda acumulada, tal y como establece la Ley Eléctrica de 2013. Pero las cosas han cambiado. El decreto del año 2018 ya autorizó a cubrir los posibles agujeros con los 1.687 millones acumulados en cinco años y las necesidades aprietan.
El organismo encargado de manejar las entradas y salidas de dinero en el sistema es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Realiza 14 liquidaciones al año y certifica el resultado de un ejercicio concreto al año siguiente. La idea base, recogida en la ley de 2013, es que el sistema eléctrico no puede tener agujeros. Todo, para cortar de raíz la tentación de jugar con los precios de la electricidad a costa de embalsar deuda -hasta 27.000 millones de euros- como sucedió entre los años 1997 y 2012. Todavía hay 16.000 millones de la deuda acumulada en ese periodo pendientes de pago.
Peajes y cargos
Los ingresos del sistema vía tarifa proceden de los peajes y de los cargos. Los primeros los fija la CNMC, los segundos el Gobierno. En 2020 están prorrogados. En 2018, la Orden Ministerial de peajes ya preveía un agujero a cubrir de 350 millones. La orden fue prorrogada y el ejercicio 2019, pendiente de cierre, puede acabar también en números rojos. La CNMC recibió en abril un ingreso inesperado de Hacienda de 317 millones que alivió el desfase, aunque el año fue negativo. El ejercicio registró durante tres meses el impacto de la suspensión del impuesto del 7% a la generación, descensos en la recaudación por peajes debido a la menor demanda y también menos dinero por los impuestos al CO2.
El equilibrio precario de las cuentas en 2019 se ha convertido en un riesgo cierto tras la hibernación de la economía por la pandemia del coronavirus. Fuentes empresariales y de la CNMC apuntaban a un desfase de hasta 1.000 millones en el caso de un regreso escalonado a la normalización de la actividad. Pero el peor de los escenarios, el de un rebrote de los contagios por coronavirus en otoño podría elevar el déficit hasta los 2.000 millones. De ahí las medidas para coser el desgarrón.
En los platillos de la balanza, el peso del consumo eléctrico es clave. Los datos de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, muestran un desplome brutal de la demanda de los grandes consumidores, empresas e industrias. En el pasado mes de mayo, según refleja el índice que elabora la empresa, "los datos brutos presentan una contracción conjunta de más de 15 puntos con respecto al mes de mayo del año anterior, con fuertes caídas en todos los agregados y, especialmente, en los servicios".
Un problema de años
Las circunstancias no son las mismas, pero con la debida distancia, nadie quiere que se reproduzca el problema que comenzó en 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable de Economía, aprobó por ley que la tarifa eléctrica nunca subiera más que el índice de precios (IPC). Se congelaba el precio de la electricidad, pero a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro. Todo acabó en un pantano de deuda que los usuarios todavía pagan en el recibo.
En 2012 el déficit de tarifa llegó a superar los 27.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabase con la situación. En la actualidad el déficit de tarifa se sitúa en 16.000 millones, según los datos de la CNMC. El pantano no estará seco, en el mejor de los casos, hasta dentro de diez años.
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