Lunes, 19.11.2018 - 19:41 h
Más de 7.500 millones en juego

Ribera prepara un cambio de estrategia en los arbitrajes por las renovables

Con 30 pleitos pendientes y cuatro ya perdidos, la Abogacía del Estado se enfrenta a lo más granado de la abogacía internacional

Instalación de panales solares junto a un parque eólico.
Instalación de panales solares junto a un parque eólico / EFE

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prepara un cambio de estrategia desde el Gobierno para hacer frente a los 30 arbitrajes pendientes en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por los recortes a las renovables aprobados a partir de 2010. Es más que una patata caliente. Lo es por el importe de las reclamaciones -en torno a 7.500 millones- y por los escasos resultados obtenidos hasta la fecha por la Abogacía del Estado, que se enfrenta a la élite internacional del derecho. Fuentes de la Administración confirman que se están buscando fórmulas para apoyar la labor de los abogados del Estado, así como mejorar la gestión de los recursos humanos y materiales en los procesos.

El asunto preocupa al nuevo Gobierno, que estudia cómo reforzar las posiciones del Reino de España en un tema que está resultando caro y engorroso. Desde la primera resolución en contra de España del Ciadi, en mayo de 2007, con fallo a favor del fondo británico Eiser, se han registrado otros tres nuevos reveses contra el país.

El último golpe ha sido el fallo del Ciadi  a favor del fondo Antin, con la condena al Estado español a pagar una indemnización de 112 millones de euros. Lo único positivo es que Antin reclamaba 218 millones. En tan sombrío panorama sólo hay un punto de esperanza: Bruselas no admite los arbitrajes de las renovables a favor de inversores europeos. La Comisión Europea solo deja a salvo a las reclamaciones procedentes de inversores de fuera de la UE e incluso está revisando esa opción raíz del acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA).

Aluvión de demandas

Pero el mal está hecho. El aluvión de demandas en el Banco Mundial y en otras instancias como la Comisión de la ONU de Derecho Mercantil Internacional (Unictral) o la Cámara de Comercio de Estocolmo ha convertido a España en campeón mundial de la litigiosidad, por encima incluso de Venezuela.

Es una pelea dura, que enfrenta a la abogacía del Estado con algunos de los bufetes más afamados del derecho internacional. Cinco grandes despachos, con el británico Allen & Overy a la cabeza, dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el órgano de arbitraje del Banco Mundial.

Los más activos son dos de los cuatro despachos internacionales del denominado Círculo Mágico londinense. Se trata de Allen & Overy y Clifford Chance. Ambos, junto al despacho norteamericano Latham Watkins suman más de la mitad de los casos planteados por compañías, fondos e inversores de medio mundo, desde Alemania, Holanda o Japón a México, Portugal o Suecia.  Aunque no forman parte de ese Círculo Mágico, dos de los bufetes más conocidos en España, Cuatrecasas y Gómez Acebo y Pombo, también están en la pelea de las renovables.

Tras la batalla con los grandes fondos de inversión se encuentra otro problema, más cercano, que también es prioritario para el nuevo Ministerio de Transición Ecocológica. Son las más de 60.000 familias que invirtieron en proyectos fotovoltaicos y a las que afectaron los recortes.

La ministra Teresa Ribera, en la primera entrevista que concedió tras su nombramiento adelantó que propondría una solución para el colectivo antes del verano. De momento, esa solución no ha llegado. Anpier, la asociación que agrupa a los afectados fotovoltaicos, acogió con optimismo el nombramiento de Ribera al frente del Ministerio de Transición. Confía en una pronta solución mientras continúan los contactos con los nuevos responsables del área de energía.

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