El ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera empieza a barruntar el peligro de que la Comisión Europea deniegue nuevas partidas de los fondos Next Generation. El departamento ha elevado la presión a nivel autonómico para agilizar la movilización de ayudas en áreas del Plan de Recuperación que forman parte de su negociado. Es el caso del despliegue renovable o el impulso al autoconsumo, que sufren un retraso palpable en el ritmo de ejecución, avivando el fantasma de un bloqueo desde Bruselas.
"La Administración es como un elefante: le cuesta ponerse en marcha, pero cuando lo hace es imparable". La frase la pronunció Manuel Guirao, director general de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha, en el Foro Solar organizado por la patronal UNEF la semana pasada en Madrid. Guirao admitió que las administraciones no estaban preparadas para el volumen de demanda que han recibido algunas convocatorias, lo que ha abocado a un "cuello de botella". El responsable energético apuntó que en los niveles autonómicos se empieza a experimentar la "presión" por parte del IDAE que, necesita avanzar en la ejecución para solicitar más fondos.
Paradójicamente, en el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) es donde se pierde el rastro del dinero. Se trata de un organismo dependiente de Transición Ecológica, al que el departamento ha mandatado para movilizar buena parte de los fondos bajo su tutela. Este año, la cartera que dirige Ribera tiene asignados más de 4.000 millones. A 31 de agosto, solo había efectuado pagos por valor de 447 millones, un 11% del total.
Según el último informe de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), al cierre del pasado agosto el organismo público que preside, Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía y mujer de confianza de la ministra del ramo, no había efectuado ningún desembolso correspondiente a las partidas bajo su gestión. "Los fondos han llegado al IDAE, pero no han salido", señalan fuentes jurídicas.
El atasco en el IDAE amenaza con ralentizar proyectos clave para el Plan de Recuperación. El organismo bajo el paraguas del ministerio debe transferir a las CCAA los fondos que, más tarde, estas repartirán entre los beneficiarios de una oleada de convocatorias públicas.
Entre sus asignaciones se incluye casi una decena de iniciativas con un potente efecto tractor. Plan incentivos para la adquisición vehículos eléctricos (445 millones de euros), programa de regeneración y reto demográfico (350 millones), desarrollo de energías renovables innovadoras (435 millones), energía sostenible en las islas (175 millones), despliegue de almacenamiento energético (289 millones) o el programa 'Hidrógeno renovable: un proyecto país' (555 millones), son solo algunas de ellas.
El IDAE fue mandatado para gestionar los fondos de proyectos tractores como el plan de hidrógeno verde o el desarrollo de renovables innovadoras
Los equipos del IDAE habría tenido dificultades para abordar algunos de estos frentes. Es el caso del desarrollo de comunidades energéticas, dotado con 20 millones. "Los técnicos del organismo están apoyándose en los avances de la iniciativa privada ante las dudas que generaba la figura jurídica que debía enmarcar estas comunidades energéticas", indican las fuentes consultadas. En muchos casos, los componentes del plan que gestiona el IDAE deben cumplir con ciertos hitos entre 2022 y 2023.
Es el caso del programa de desarrollo del hidrógeno verde. El próximo año España debe demostrar a Bruselas que ha logrado cinco avances tecnológicos o prototipos de la cadena de valor de este gas renovable, que ha financiado a un mínimo de diez pymes para mejorar el desarrollo de este combustible limpio o que ha participado económicamente en la consolidación de, al menos, dos clusters (o valles) de hidrógeno renovable. Hasta ahora, ninguno de ellos ha recibido los fondos prometidos.
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